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La Audiencia Nacional revisará si la convocatoria del 25-S alteró la sesión en el Congreso

Los responsables del 25S ofreciendo una rueda de prensa
Los responsables del 25S ofreciendo una rueda de prensa

El diario refleja que no se perturbó la sesión. PDF | Diario de sesiones del 25 de septiembre de 2012.

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h

El bloqueo policial hizo que los diputados abandonasen la Cámara por salidas y calles laterales. El juez de la Audiencia Nacional busca una manera de cerrar la causa por delitos contra altas instituciones del Estado. Se inhibió de la investigación al considerar que el delito no se produjo, pero la juez de plaza de Castilla cree que sí.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz revisará el diario de sesiones del pleno celebrado el pasado 25 de septiembre en el Congreso de los Diputados, a través de su página web oficial, para comprobar si hubo alteraciones por la convocatoria 'Rodea el Congreso'.
Ocho personas están acusadas de ser los promotoresEn una providencia, Pedraz ordena recabar, de la citada web, el diario de sesiones del 25 de septiembre para añadirla a la causa abierta contra las ocho personas identificadas por la Policía ese día y presuntos convocantes de la concentración ante la Cámara baja.  El juez quiere examinar, según las mismas fuentes, si se alteró la sesión dentro del Congreso o algún diputado se vio afectado por la concentración. Además, este jueves tomará declaración a ocho acusados.

Los atestados no lo mencionaban

El propio Pedraz se inhibió de la causa en favor de los juzgados de Plaza de Castilla al determinar que el 25-S no perjudicó el normal desarrollo de la sesión de la Cámara, como si cree el Ministerio del Interior. Pedrás basó su razonamiento en la ausencia de incidentes en el perímetro de seguridad, ya que los manifestantes no lo superaron en ningún momento, y en que los propios atestados policiales de los 35 detenidos no mencionaban este delito.

Las penas pueden ir seis a un año de prisión o una multa de 12 a 24 mesesLa causa recayó en el juzgado de instrucción número 8 de Madrid, que dejó en libertad a todos los acusados pero devolvió la causa a Pedraz alegando que, en su opinión, sí habían incurrido en un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal —Los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento podrán ser condenados a penas de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses—.

Pedraz busca ahora la forma de cerrar la causa, salvo que las declaraciones de los detenidos arrojen otra conclusión.

"En absoluto nos sentimos presionados"

Según el diario de sesiones, la manifestación en el exterior no influyó en el desarrollo de la sesión plenaria. Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, fue el primero en referirse a la protesta asegurando que los miembros de su grupo "en absoluto nos sentimos presionados o amenazados en nuestra función de diputados como consecuencia del legítimo derecho a la manifestación convocada por los movimientos sociales que reclaman reforzamiento de la calidad democrática de nuestra sociedad".

Otros seis diputados de la oposición se refirieron al 25-S en los mismos términos, según consta en el texto, pero no hubo debate, bronca o interrupciones del orden del día por este motivo.

 

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