La Justicia uruguaya ve inconstitucional la amnistía a militares

La resolución de la Suprema Corte de Justicia se aplica únicamente a la investigación por la muerte de Nibia Sabalsagaray en 1974, debido a presuntas torturas, tras una petición de la fiscal del caso, Mirtha Guianze.
"Por unanimidad la declaran inconstitucional (...) es una posición de la corte muy contundente, muy sólida", dijo Guianze.

El próximo domingo, junto con las elecciones presidenciales y legislativas, los uruguayos votarán en una consulta acerca de la nulidad de la ley de amnistía sobre los hechos ocurridos durante la dictadura militar (1973-1985).
"En caso de anularse la ley no tendría sentido plantear otras inconstitucionalidades, pero en caso de que el plebiscito no alcanzara los votos existe la posibilidad de plantearla para otros casos", comentó la fiscal.

"Normalmente cuando la Suprema Corte tiene una posición después emite lo que se llama decisión anticipada, que es más rápida", agregó.

La ley, que fue aprobada por la ciudadanía en 1989, obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo antes de comenzar una investigación por violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno de facto. Para que sea derogada en los comicios del domingo, la votación por nulidad debe superar el 50 por ciento de las adhesiones.

Según una encuesta de la consultora local Factum, un 45 por ciento votaría por la anulación de la ley y un cinco por ciento se inclina por la nulidad aunque mantiene ciertas dudas. Un 17 por ciento aún no ha decidido su voto.

En tanto, un sondeo de la empresa Interconsult mostró que el 47 por ciento está dispuesto a votar por la anulación de la norma, mientras que un 40 por ciento no lo haría y un 13 por ciento aún no lo sabe.

Unos 200 uruguayos desaparecieron durante el Gobierno militar, la mayoría de ellos en Argentina, durante operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia de las dictaduras de ambos países. El Gobierno del socialista Tabaré Vázquez excluyó algunas investigaciones de la ley debido a que los delitos se iniciaron en el país vecino.

Varios militares de la dictadura así como el presidente que disolvió el Congreso y dio paso al golpe de Estado están encarcelados.

A comienzos de octubre, Amnistía Internacional reiteró su condena por la existencia de la ley y pidió que la norma sea anulada. La ley, "al eximir de sanciones a policías y militares responsables de haber cometido crímenes atroces antes de marzo de 1985, optó por institucionalizar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en tiempos del gobierno militar", dijo la organización.

La justicia uruguaya declara inconstitucional la amnistía a la represión militar
La Ley de Caducidad, aprobada en 1986, exime de responsabilidad los crímenes militares cometidos durante la dictadura

La Corte Suprema de Uruguay ha declarado inconstitucional la conocida como Ley de Caducidad, la norma que libró de ser juzgados a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). La decisión de los jueces, conocida a seis días de un referéndum convocado para anular la ley, se suma ahora a la postura ya defendida por el Legislativo y el Ejecutivo uruguayo.

Los magistrados justifican su decisión al argumentar que la norma, que evitó el enjuiciamiento de los militares y policías pero no así de los civiles que colaboraron con la represión, viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, pues no fue aprobada conforme a la Constitución.

Esta decisión de la máxima instancia judicial del país solo se aplicará para el caso de la muerte en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray, ya que será el pueblo uruguayo quien decidirá el próximo día 25 de octubre, en coincidencia con las elecciones presidenciales, la anulación o no de dicha norma.

El proceso hacia la inconstitucionalidad de la norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo, comenzó cuando el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, el primer mandatario de izquierdas de la historia del país, excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió su investigación.

El referéndum sobre la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo inequívoco del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos opositores se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está. Según las últimas encuestas, la anulación de la ley tiene el apoyo del 48% de los uruguayos, mientras que el 34% está a favor de mantenerla y el 18% se declara indeciso.