HRF solicita la "inmediata liberación" de la jueza Afiuni

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF) pidió ayer la "inmediata liberación" de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, a la que consideró prisionera de conciencia del Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Afiuni está detenida desde 2009 por presuntamente facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, preso en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales, y desde febrero de 2010 está en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.

HRF, con sede en Nueva York, publicó también un informe de derecho internacional sobre su caso, en el que dice que "Afiuni fue encarcelada horas después de haber dictado una medida cautelar de acuerdo al Código Procesal Penal venezolano y en aplicación de una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU".

El documento de HRF señala que "el Estado de Venezuela violó diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos con sus acciones en contra de Afiuni".

"Con el arresto de la jueza Afiuni, el mensaje del Gobierno venezolano fue claro: el juez que actúe a espaldas de Hugo Chávez tiene pena de cárcel", expresó el presidente de HRF, Thor Halvorssen, según un comunicado de prensa.

Asimismo recordó que en marzo de 2007, Chávez afirmó en público que "ningún juez podía estar y actuar a espaldas de la revolución y el líder de la misma".

"El caso de la jueza Afiuni constituye el mayor exponente del control absoluto que Hugo Chávez ejerce sobre el poder judicial de su país. Su arresto sentó un precedente sombrío en la historia de América Latina, pero la valentía con la que afronta su proceso también ha servido para sentar un precedente de esperanza", afirmó Halvorssen.

Para HRF, es una "prisionera de conciencia", que "fue detenida, encarcelada y juzgada exclusivamente por haber dictado una medida judicial que molestó al poder ejecutivo en Venezuela". Igualmente, entiende que su suspensión fue una resolución "arbitraria" de la Comisión Judicial del TSJ sin notificación, audiencia o proceso disciplinario o administrativo previo contra ella.