Ecuador afirma que la demanda contra Correa "ahondará las diferencias" con Colombia

El canciller ecuatoriano, Fander Falconí, mostró de ese modo el rechazo del Ejecutivo de Quito ante dicha demanda, que a juicio del Gobierno es una "acción política" en respuesta a la orden de prisión dictada contra el ex ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos, por su participación en el bombardeo de Angostura, el 1 de marzo de 2008.

En esa operación contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), instalado en un enclave de la selva ecuatoriana en el norte de Sucumbíos, fallecieron 26 personas, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla y el entonces "número dos" de las FARC, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes".
Además, el bombardeo provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, situación que se mantiene y que hoy vive otro momento crítico debido al cruce de declaraciones a raíz de las disposiciones de la justicia ecuatoriana.
En un comunicado la cancillería recogió las declaraciones de Falconí, que señaló que Ecuador, como "país de paz, respetuoso de los derechos humanos y firmemente comprometido con la solución pacífica de controversias y con el Derecho Internacional, jamás ha agredido, de ninguna manera", a Colombia.

"Agresiones son las perpetradas por el Gobierno colombiano a los compatriotas y al territorio de Ecuador (...) a las cuales se ha respondido por la vía del Derecho Internacional", agregó el ministro, en referencia a las declaración de Santos, quien calificó la orden de detención en su contra como "una agresión" a su país.
Falconí recordó que organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Río "rechazaron la violación a la integridad territorial de Ecuador" producida el 1 de marzo de 2008 en Angostura.
Esos organismos, dijo, "reafirmaron el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y que no puede ser objeto de ocupación militar" por parte de otro Estado.
Además, defendió la actuación de la justicia ecuatoriana y la independencia de su decisión.

El Gobierno "no interfiere en las demás funciones del Estado y, por ende, el proceso de investigación que se inició a raíz del bombardeo colombiano en territorio nacional sigue su curso natural, sin interferencia".
Por ello, subrayó que la orden de detención "solicitada con fines de indagación" en contra de Santos "es parte de un proceso judicial legítimo, que cumple con todos los requisitos constitucionales y legales del debido proceso, del derecho a la defensa y con la plena garantía del principio de inocencia".

El Gobierno "no permitirá que desde el exterior se pretenda coartar el derecho a encontrar la verdad y la justicia", apostilló.
Por su parte, Alexis Mera, subsecretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, calificó hoy la demanda de los abogados colombianos como "totalmente tendenciosa y perversa", que viene de un Gobierno "entregado a otros intereses que no son los latinoamericanos".

Asimismo, anunció que el Ejecutivo está "armando un equipo de abogados y de asesores comunicacionales internacionales para proceder a la defensa".
"Los jefes de Estado tienen inmunidad en nuestro territorio, por lo que no le veo mayor efecto jurídico", declaró al canal Ecuavisa.
Los juristas colombianos, encabezados por Abelardo de la Espriella, rechazaron hoy que la demanda se trate de "un tema político" y sostuvieron que Correa debe responder "por su relación personal" con la guerrilla.