Renta mínima

Que el número de parados sin cobertura esté en aumento da que pensar. Puesto que el ejecutivo debería implantar medidas legales o normas que faciliten a toda persona que acaba la prestación de desempleo, y cumple unos requisitos percibir un ingreso mínimo vital, o renta mínima que le permita vivir con dignidad hasta que encuentre trabajo, o hasta que se jubile, si no lo encuentra, como sucede, por ejemplo, en Bélgica.

Y los controles para que el desempleado siga buscando, activamente, trabajo impiden que exista fraude. Ya que el temor generalizado es que esta renta sirva de excusa para no buscar empleo, por parte de los ciudadanos que reciban este ingreso mínimo.

La protección ante el riesgo de pobreza es muy desigual, según el territorio autonómico en el que resida cada ciudadano. Y esto incumple el texto constitucional. Por tanto, debería impulsarse una cierta igualdad en esta prestación mínima, independientemente, del lugar de residencia en el territorio español. Si esto no se cumple, realmente, se están creando o produciendo, a mi juicio, situaciones injustas para los ciudadanos.

Por desgracia, existen millones de hogares sin ingresos en nuestro país, y esto debe terminar de una vez por todas. El estado tiene que hacerse cargo de este tipo de situaciones extremas, y proteger los derechos de las familias para que puedan vivir dignamente, y con sus necesidades básicas satisfechas. Lo contrario es permitir que impere la ley de la selva en la sociedad estatal. El denominado Estado del Bienestar es mucho más que una bella frase que suena bien a los oídos de los ciudadanos. Tiene que convertirse en realidad palpable, y comprobable cotidianamente.

Y la solución no es tomar medidas puntuales, si aparecen necesidades de cientos de miles o millones de personas que no pueden subsistir dignamente. Lo más racional y sensato es aprobar leyes o normas que no dejen margen a la improvisación, a la arbitrariedad, y a la injusticia y desigualdad inmerecidas.

Esta prestación mínima es verdad que podría complementar, perfectamente, a las prestaciones no contributivas ya existentes. En todo caso, de lo que se trata es de garantizar la percepción de una cuantía suficiente de ingresos con criterios racionales que tengan en cuenta también el IPC, y otros datos relativos al coste de la vida, etc.

Me parece que esta cuestión de la renta mínima debería ser objeto de un acuerdo o consenso entre los diversos partidos políticos para homogeneizar su aplicación, y establecer criterios de concesión de estas ayudas económicas de un modo justo y coherente, sin que haya desigualdades según los diferentes territorios autonómicos.

Que en pleno 2015 se esté hablando de estos asuntos sociales relativos a la pobreza en España me parece revelador y curioso. Puesto que parece que la actividad política y legislativa no ha dado para pensar estas cosas, y proponer medidas hace ya bastantes años, porque estos problemas nos acompañan desde la llegada de la monarquía democrática parlamentaria, y también anteriormente.

(*) José Manuel López García es Doctor en Filosofía y Profesor