Trama de corrupción salpica al Partido Popular

Según el auto se investiga tanto a los imputados como a los cargos que, supuestamente, han recibido los sobornos, cuyo objetivo habría sido la concesión de contratos y actividades. Se investiga además un posible fraude fiscal y evasión de capitales a otros países, como Panamá o las Antillas Holandesas, para lo cual también se habría incurrido en delitos de falsificación de documentos. Se sospecha que existe un entramado de empresas españolas respaldadas por otro conjunto de sociedades en el extranjero, que a su vez eran partícipes de sociedades creadas en paraísos fiscales y que retornaban el capital a las empresas españolas en forma de supuestas 'ampliaciones de capital', por lo que otro de los delitos por los que se investiga es el blanqueo de dinero.

Para investigar y detener a los presuntos directores de esta trama, se estableció una operación policial de nombre clave Gürtel, que precipitó la detención de Francisco Correa al conocer el hecho de que pensaba trasladarse a Panamá en fechas próximas. Las investigaciones todavía están en curso y no se descartan nuevas detenciones.

En el auto de la investigación que capitanea el juez Garzón posiblemente haya aforados, es decir, cargos públicos, y funcionarios, posiblemente diputados de la Asamblea de Madrid, o de las Cortes Valencianas y miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La tensión entre el PP y el partido Socialista ha sido máxima cuando el Partido Popular ha acusado abiertamente al Partido de José Luis Rodríguez Zapatero de estar detrás de una campaña de desprestigio, por la cercanía de las elecciones en comunidades autónomas y con intención de distraer a la opinión pública de asuntos como los problemas de la economía nacional, y de utilizar al juez Garzón como instrumento de esa campaña. Tanto es así que el PP ha roto el Pacto por la Justicia que tenía suscrito con el Gobierno socialista.

El PP ha intentado recusar al juez, considerando que podría ser parte interesada, sobre todo después de que se supiera, a través de unas fotografías, que había compartido un fin de semana de cacería con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

El Partido Popular ha buscado por todos los medios desmarcarse de la trama, puesto que Correa era un viejo colaborador del PP, organizaba eventos para el partido y se relacionaba con personalidades del mismo, y se han apresurado a indicar que las relaciones con Correa a ese respecto hace tiempo que estaban terminadas, y para remarcar este hecho ha intentado personarse como acusación particular en la causa abierta, para hacer patente su compromiso en la lucha contra la corrupción, pero el juez Garzón ha rechazado la petición, con el motivo de que hay indicios de que personas vinculadas al PP podrían tener responsabilidades penales en esta causa o en las que se pudieran derivar de la investigación.

Ahora el PP solicita el nombre de todos los posibles implicados, puesto que si resulta que hay algún aforado entre ellos, debería ser juzgado por los tribunales superiores de Justicia de sus respectivas comunidades autonómas, con lo que Garzón quedaría fuera del caso, dado que la competencia del mismo respecto a esos imputados recaería en los jueces correspondientes de los tribunales regionales.

Federico Trillo, coordinador de Justicia del Partido Popular, ha anunciado que recurrirá la decisión del juez Garzón ante la Audiencia Nacional, mientras que la vicepresidenta del gobierno no ha dudado en señalar al PP como directo responsable de la trama. Al mismo tiempo, el PP solicita la dimisión de Fernández Bermejo por la citada cacería que compartió con el juez.

Cabe resaltar el silencio con el que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, esta recibiendo este aluvión de tiras y aflojas. Casi tan discreto como lo está siendo José Luis Rodríguez Zapatero.