Garzón será demandado por malversación... ahora en Ecuador

El portavoz de la Federación, Pedro Javier Granja, precisó que la demanda contra Garzón se debe a que el ex juez recibiría 50.000 euros por asesorar al presidente de Ecuador, Fernando Correa, a pesar de que nunca realizó tales labores. En declaraciones a la prensa ecuatoriana, Granja aseguró que “desde que se le nombró como asesor para llevar adelante la reforma judicial (en octubre de 2011) el magistrado sólo estuvo tres veces en el Ecuador” “Y dos de esas veces en fin de semana”, aclaró.

Además del presunto delito de malversación, la Federación acusa a Garzón de haber prestado su fama a una reforma electoral, que, entre otras cosas, limita las labores de los periodistas en las elecciones presidenciales, busca restringir la libertad de prensa y controlar la designación de los funcionarios de mayor jerarquía en el Poder Judicial.

La Federación de Abogados de Ecuador sostiene que Garzón sería el “valedor pasivo de una reforma que hubiera sido rechazada en España”. Hace una semana, la misma entidad declaró al ex magistrado ‘persona non grata’ y anunció que en su próxima visita a Ecuador, habrá manifestaciones en su contra y los abogados se declararán en huelga durante el tiempo que dure dicha visita.

Correa, señaló Granja, contrató también a un “asesor subrrogante” para sustituir a Garzón. De acuerdo con Granja, “se trata de un delito, pues se les paga a dos personas para que cumplan la misma función y el pago se hace con el dinero de los contribuyentes”.

A Garzón también se le puede abrir un nuevo frente en Colombia. El procurador general del país latinoamericano, Alejandro Ordóñez, asegura que es inconveniente que, habiendo sido inhabilitado por el Supremo, el ex magistrado ejerza como asesor de la Organización de Estados Americanos en el proceso en el que se encuentra inmerso para conseguir la desmovilización de los grupos paramilitares de ese país. En declaraciones a Radio Caracol, Ordóñez aseguro: “Garzón es un delincuente, prevaricador, que ha victimizado a ciudadanos españoles derechos fundamentales como el derecho a la intimidad”.