El Estado chileno deberá indemnizar a las víctimas con 54.000 euros.
El Gobierno chileno acata e implementará "a la brevedad" las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en un fallo favorable a una jueza separada de sus hijas por su condición de lesbiana, ha informado el ministerio de Justicia.
El dictamen, dado a conocer el martes en Washington, favoreció a la jueza Karen Atala, a quien en 2004 la Corte Suprema chilena quitó la tuición de sus tres hijas por su orientación sexual.
La Corte IDH determinó que Atala y sus hijas sufrieron la violación de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la vida privada, y ordenó al Estado chileno "un acto público de reconocimiento de responsabilidad".
Dispuso, además, que el Estado debe seguir implementando "programas y cursos de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, en particular a los del poder judicial".
El fallo es un tirón de oreja a toda la nación chilena
También el Estado fue condenado a pagar una indemnización a las víctimas de 34.798.196 pesos (más de 54.000 euros) por los sufrimientos causados y los gastos médicos en los que debieron incurrir.
En una declaración pública, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, afirmó que el Gobierno implementará "a la brevedad" las medidas ordenadas en el fallo y aseguró que el mismo considera los hechos "un caso puntual".
"Queremos destacar que la Corte (IDH) considera que existió un caso puntual, el año 2004, que efectivamente pudo haber transgredido temas de derechos humanos, pero no así que exista (en Chile) una legislación o una política en la materia", dijo Ribera.
Por ello, Chile no deberá adoptar, modificar o adecuar normas específicas, afirmó el ministro, que además destacó que el fallo rebajó "sustancialmente" la indemnización solicitada por los demandantes, que superaba los 600.000 euros.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) sostuvo que Chile "quedó en vergüenza" con la sentencia y consideró la resolución "justa e histórica para los derechos humanos de la diversidad sexual".
Para el presidente del Senado, Camilo Escalona, el fallo "es un tirón de oreja a toda la nación chilena".
"Nos educamos en una cultura machista y homofóbica, y tenemos que superarla", añadió a los periodistas el senador socialista.
Jorge Contesse, abogado de Atala, dijo en rueda de prensa que "el gran valor" del fallo es "la imposición que hace al Estado chileno, por la fractura que generó en la vida familiar de Karen Atala y sus hijas".
Según Kena Lorenzini, portavoz de la jueza, ésta se encuentra "muy emocionada porque siente que se sacó el estigma de la mala madre y considera el fallo un aporte para el sistema judicial chileno".
Nos educamos en una cultura machista y homofóbica
Jaime López, el exesposo de Atala, favorecido con el fallo de 2004, se quejó de que el fallo no tomara en cuenta la opinión de sus hijas para considerarlas "víctimas".
"¿Cómo es posible que en un juicio internacional se considere 'víctimas' a mis hijas, e incluso en su nombre se pidan indemnizaciones por los supuestos 'daños' que se les provocaron?", se preguntó López, abogado de profesión y defensor público, en una carta enviada al diario El Mercurio.
"Por años no se les preguntó a mis hijas, ahora adolescentes, si querían ser parte de ese juicio, y si realmente se consideraban a sí mismas como 'víctimas", según López.
Agregó que dos de las niñas fueron interrogadas a puerta cerrada por una delegación de la Corte IDH en un hotel de Santiago sin la compañía de sus padres o algún representante y que nunca ha tenido acceso al resultado de esa diligencia.
Su otra hija, añadió, escribió a la Corte IDH señalando que no se siente víctima, que no está de acuerdo en que se utilice su nombre y que desea decírselo directamente al tribunal, sin que nunca haya recibido una respuesta
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