Periodistas venezolanos protestan contra la ley "chavista" que les podrá meter a la cárcel

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela, ha presentado ante la Asamblea Nacional –integrada por completo por diputados afectos al presidente Hugo Chávez– un proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" que impone penas de cárcel para los profesionales de la información que la infrinjan.

Durante su intervención ante el pleno de la Asamblea Nacional, Ortega aseguró que es necesario que el estado regule la libertad de expresión y el comportamiento de los medios de comunicación. "Es necesario legislar sobre esta materia, es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión", aseguró.

Inmediatamente, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se pronunció contra el proyecto de ley alertando que coloca a los ciudadanos a un paso de ser penalizados judicialmente por tener y hacer públicas sus opiniones. Y es que la fiscal quiere que se limite el derecho de expresión y castigar los "mensajes" que causen alarma en la población, afecten la salud mental de los ciudadanos y atenten contra las instituciones.

En un comunicado, el CNP hace un "llamado de alerta a todos los venezolanos ante las terribles consecuencias que para la vida cotidiana de todos tendría la eventual aprobación de la denominada Ley de Delitos Mediáticos". La legislación, destaca, está "perfectamente enmarcada dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio".

El colegio afirma que el proyecto de la fiscal forma parte de un "cerco" promovido por el régimen de Chávez contra los medios de comunicación abiertamente independientes. En ese plan oficial incluye amenazas contra radioemisoras que no repiten las consignas oficiales, la promoción de una nueva ley de periodismo, el hostigamiento a televisoras y periódicos y la "criminalización de la disidencia política".

Enseguida, el colectivo de profesionales se pregunta: "¿Qué entiende la Fiscalía por delito mediático? ¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿Una apasionada polémica pública entre dos articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre los índices de criminalidad? ¿Las criticas ante los excesos de un poderoso?".

El régimen de Chávez acusa a emisoras de radio y televisión de practicar un "terrorismo mediático". La ofensiva oficial se ha centrado en los últimos meses contra el canal privado Globovisión.