Familiares de las víctimas rechazan un eventual indulto a los represores en Chile

Alrededor de un centenar de integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de la Agrupación de ex presos políticos se manifestaron en la céntrica Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, en la capital chilena.
"La escalada de la impunidad está llegando a grados extremos. No solamente se pretende una nueva institucionalidad que consagra la impunidad, sino que también se pretende estudiar posibles indultos a violadores de los derechos humanos", dijo a Efe la presidenta de la AFEP, Marta Godoy.

Según las organizaciones de víctimas de la dictadura, "la reciente aprobación del Tribunal Penal Internacional indica que no hay razones verdaderas para que represores como Manuel Contreras, Pedro Espinoza u otros que actualmente cumplen condenas de prisión puedan acceder a este beneficio".
El pasado 11 de julio, la Conferencia de Obispos católicos chilenos planteó al Gobierno y a los demás poderes del Estado una propuesta para indultar en 2010 a los presos mayores de 70 años, los enfermos terminales, a las madres con hijos pequeños y a los condenados por delitos menores.

La presidenta Michelle Bachelet puntualizó el pasado viernes que ella nunca ha planteado un indulto masivo que pudiera beneficiar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Por su parte, el ex juez Juan Guzmán, el primero en procesar en Chile al ya fallecido dictador, se mostró a favor de que un eventual indulto presidencial incluya a represores condenados, debido a que la medida estaría motivada por razones humanitarias.
En la actualidad, hay en Chile unos 60 antiguos represores condenados y alrededor de 700 procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de Pinochet.

El Informe Rettig concluyo a principios de 1991, que en total 2.279 personas perdieron la vida entre 1973 y 1990, de los cuales 164 fueron clasificados como víctimas de la violencia política y 2.115 como violaciones a los derechos humanos.