Ecuador desmantela madereras ilegales peruanas en zona de indígenas aislados

En las operaciones, el Ejército ecuatoriano detuvo alrededor de quince personas de nacionalidad peruana, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades de su país, explica un comunicado del Ministerio.

Los campamentos se encontraron en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenani (ZITT), en el sector fronterizo entre Ecuador y Perú, comprendido entre los ríos Nashiño y Cononaco.

La ZITT, de 758.051 hectáreas, ocupa el área sur del Parque Nacional Yasuní, donde habitan pueblos indígenas aislados y en el que "están vedadas a perpetuidad todo tipo de actividades extractivas, como la tala de madera o la explotación petrolera", recuerda el texto.

Además, tampoco están permitidas otras actividades "intrusivas como la colonización, la investigación científica o las labores misionales".

Tres de los campamentos desmantelados se encontraron a cinco días de camino por tierra del destacamento de frontera más cercano.

Después de ese operativo y "con el objetivo de seguir monitoreando la zona, el Ejército ha implementado un helipuerto en el sector desde el cual se han hecho periódicos sobrevuelos de reconocimiento", añade el texto.

"La presencia de estos grupos pone en riesgo la supervivencia de los pueblos que viven en estas zonas fronterizas y para los cuales el Gobierno de Ecuador viene implementando acciones tendientes a su protección efectiva", precisa el comunicado.

Una de esas políticas es el proyecto ITT, una iniciativa ambiental por la que el Gobierno pretende dejar bajo tierra un gran yacimiento petrolífero en el Parque Yasuní, para no perturbar a esos pueblos y su ecosistema, a cambio de una compensación económica por parte de la comunidad internacional.

El Ministerio del Ambiente lleva adelante, desde inicios de 2008, un Plan de Medidas Cautelares con miras a reducir las presiones sobre estos pueblos, "interviniendo en sectores como control forestal, salud y desarrollo comunitario".

Además, la nueva Constitución, aprobada el pasado septiembre, establece que "el Estado adoptará medidas para garantizar la vida de los pueblos aislados, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos".

La violación de esos derechos puede ser considerada como un delito de etnocidio.