La expulsión del colombiano deportado se pudo evitar con el pago de 301 euros

La estancia irregular del inmigrante colombiano que fue deportado a su país por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife se pudo cambiar por una multa de 301 euros, según la circular 8/07 del Ministerio del Interior, que analiza las sentencias del Tribunal Supremo que anulan resoluciones de expulsión "por simple estancia irregular".

Además, la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife envió, el 17 de junio, un correo electrónico a R.D.R., dos días antes de que fuera expulsado, "para informarle de que para poder tramitar la autorización de residencia por arraigo, usted debe disponer de la notificación del cambio de la expulsión por una sanción económica".
Este argumento se apoya en la citada circular del Ministerio del Interior, donde se precisa que diversas sentencias del Tribunal Supremo "han sentado nueva doctrina en cuanto vienen a establecer que la aplicación que efectúa la Administración, dentro del ejercicio de su potestad sancionadora, de imponer la expulsión del territorio nacional a los extranjeros que se encuentran irregularmente en nuestro país, ha de estar suficientemente motivada, ya que la sanción procedente es simplemente la de multa", que asciende a 301 euros.

La citada circular es un documento interno de la Comisaría General de Documentación y Extranjería, en la que se imparten criterios y pautas a todos los Grupos Operativos de Extranjeros y Brigadas de Extranjería en torno a la detención de inmigrantes y expedientes sancionadores.
Según fuentes conocedoras de los hechos, "este documento es de obligado cumplimiento para la Policía.
Se atiene a la doctrina larga y reiterada del Tribunal Supremo que no justifica la expulsión de un inmigrante en situación administrativa irregular si carece de antecedentes penales o policiales. Sólo cabe imponerle una sanción económica de 301 euros.

En cambio, R. D. R. fue expulsado desde la Comisaría de Playa de las Américas el 19 de junio, sólo dos días después de que la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife le comunicara la posibilidad de arreglar su situación abonando la multa.
En el mismo correo electrónico en el que R.D.R. solicitaba cita previa, exponía que asistió a un juicio de faltas, por una denuncia de malos tratos que resultó ser falsa.

Asimismo, aseguraba que tenía la "absolución del juicio, además de contar con toda la documentación necesaria" para solucionar la situación administrativa irregular.
Tal y como adelantó este periódico en su edición del pasado domingo, el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista, ha ordenado la expulsión del ciudadano colombiano R. D. R., que lleva más de ocho años viviendo en Tenerife, a pesar de que existe un auto judicial de suspensión cautelar.

El abogado del inmigrante, Plácido Alonso Peña, demostró el pasado lunes al juez que su cliente tiene arraigo familiar, puesto que lleva años conviviendo con una española, que también acudió ante su señoría, y que tenía una oferta de trabajo, gracias a un empresario que asimismo se presentó ante el juez.