Chile cuestiona su historia

Tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, el poeta y Premio Nobel chileno tenía previsto exiliarse en México junto a su mujer, Matilde Urrutia, para lo que el Gobierno del país azteca había enviado un avión a Santiago de Chile. Sin embargo, antes tuvo que ser internado en la clínica Santa María, donde finalmente moriría el 23 de septiembre de 1973. Según el relato de Araya, el poeta avisó por teléfono a su mujer y a él mismo de que un médico le había puesto una inyección en el estómago; unas horas después murió.

Tras estas declaraciones del asistente de Neruda, el Partido Comunista de Chile (PC) ha presentado una querella, admitida por la justicia, para que se investigue la muerte del ilustre poeta chileno. El caso del premio Nobel se suma así al de los presidentes Salvador Allende (1970-1973) y Eduardo Frei Montalva (1964-1970), así como al del ministro del Interior José Tohá, cuyas muertes han sido puestas en duda y están siendo investigadas por la justicia. "Ahora, ha cambiado la composición de la justicia chilena, tanto en los tribunales superiores, como en la Corte Suprema, como en la Corte de Apelaciones, y los jueces ya no se sienten tan presionados y se han empezado a investigar más casos de la dictadura", explica José Luis Cordova, responsable del Partido Comunista chileno.

Cordova asegura no sentirse sorprendido por las declaraciones del Araya, "ya que no era la primera vez que lo decía". "Lo que pasó fue que ni durante la dictadura ni durante los gobiernos de la Concertación se abundó ni se debatió el tema. Nosotros no afirmamos ni negamos lo que ha dicho, no tenemos relación con él, simplemente queremos que se investigue y que se sepa la verdad, porque Araya era el chófer, asistente, amigo de Neruda y sabemos que hizo estas declaraciones responsablemente", agrega el responsable del PC. Lo que el Partido Comunista quiere conocer es "qué sustancia se le inoculó y qué le provocó la crisis que llevó a su muerte, porque no tenía problemas cardíacos; estaba enfermo de cáncer, pero en ningún caso era un cáncer terminal. Solo queremos saber las causas específicas de su muerte".

Los otros casos Estas sospechas han cogido fuerza en los últimos meses después de que se abrieran las investigaciones sobre la muerte de los expresidentes Allende y Frei Montalva, que falleció en Santiago de Chile en 1982 a los 71 años. El caso de este último es el más documentado hasta el momento. La familia siempre sospechó que el político había sido asesinado y la investigación se abrió en 2009. Frei Montalva se sometió a finales de 1981 a una cirugía de carácter simple a causa de una hernia de hiato, también en la clínica Santa María, pero, tras la intervención, su condición empeoró. La versión oficial es que la muerte se produjo por una infección, pero la investigación judicial apunta a un envenenamiento, al punto de que el juez Alejandro Solís ha procesado a seis personas, cuatro de ellas médicos, por su presunta responsabilidad en el crimen.

Asimismo, en enero pasado, la Fiscalía presentó al juez Mario Carroza 726 querellas por casos que nunca habían sido investigados, entre ellos el de Salvador Allende. Tras recibir un informe forense que reveló discordancias entre una autopsia ordenada por el régimen militar y un peritaje hecho por la Policía de investigaciones, el juez decidió exhumar los restos del emblemático presidente. Las conclusiones de los forenses, entre ellos el profesor de la UPV/EHU Francisco Etxeberria, se conocerán en tres meses.

Otro de los cadáveres exhumados ha sido el del ministro del Interior de Allende, José Tohá, en noviembre de 2010. El cadáver del político había sido hallado en marzo de 1974 en el Hospital Militar de Santiago colgado dentro de un armario pero con los pies extrañamente apoyados en el suelo y las piernas flexionadas. Uno de los análisis realizados el año pasado indica que Tohá pudo haber sido estrangulado, mientras que un segundo sostiene que la muerte pudo deberse tanto a un suicidio como a un homicidio.