El dinero existe, que nadie lo dude, España no es un país pobre, pero los presupuestos se desvían hacia partidas que no responden a las necesidades reales de la gente. Mientras tanto, se normaliza lo impensable, listas de espera interminables, hospitales saturados y una derivación progresiva hacia la sanidad privada. Esta estrategia comenzó con el gobierno de Mariano Rajoy, que ya promovió la externalización y el “que cada cual se pague un seguro”. Pero lo más grave es que ningún gobierno posterior ha corregido la deriva. Se está dejando morir la sanidad pública, lenta pero inexorablemente.
El problema es que no todo el mundo puede pagarse un seguro privado. Hoy, con sueldos bajos y un coste de la vida que no deja de crecer, resulta un lujo inalcanzable para miles de familias. La vivienda se dispara, la energía ahoga, la cesta de la compra sube cada mes, y los salarios casi congelados porque apenas suben en comparación con la carestía de vida. El poder adquisitivo se evapora, y encima se pretende que la solución a la sanidad pública sea que cada ciudadano contrate un seguro privado. Pero ¿cómo, si muchísimos trabajadores no llegan a fin de mes?
Y no es solo la sanidad. La dependencia es otro drama silencioso. Cada vez hay más personas mayores, más enfermos crónicos, más familias que necesitan ayuda, pero el sistema se ha convertido en una maquina lenta y burocrática.
Aprobar una solicitud puede tardar año y medio o incluso dos. ¿de qué sirve una ayuda que llega cuando la persona ya ha fallecido? Y, en caso de llegar, las prestaciones concedidas son insuficientes, dos horas de atención domiciliaria al día, cuando se necesitarían muchas más, una prestación económica mínima, que no cubre ni de lejos lo que cobran las empresas que gestionan estos servicios. En estos momentos se está cobrando la hora a 18€, dos horas al día son 36€, multiplicado por 30 días, resulta que son 1080€ al mes, y el primer recibo lo tienes que pagar de tu bolsillo, para que puedas presentar una factura, y como resultado te pueden pagar, con un poco de suerte, 500 o 600€. Es un insulto para los dependientes y para los cuidadores, que cargan con un peso descomunal sin apoyo real. Porque el salario de ellos también es ridículo. Y en envejecimiento Asturias va a la cabeza, y por tanto es un problema que se acrecienta cada vez más.
Pero también llegamos a algo más preocupante, en algunos ambulatorios ya se han normalizado las consultas telefónicas, como si una llamada fuese capaz de sustituir una exploración médica. Se actúa como si el teléfono tuviera una radiografía incorporada para ver al paciente al otro lado de la línea. ¿Qué pensarían quienes deciden estas políticas si, cuando se les estropea la caldera o se va la luz de su casa, el fontanero o el electricista les dijeran que lo resuelvan a distancia, sin acercarse siquiera a mirar el problema? Con la salud no se puede improvisar, ni recortar, ni convertir en trámite lo que debería ser cuidado humano.
Todo esto dibuja un panorama inquietante, sanidad pública recortada, dependencia desbordada, salarios que no se ajustan al coste de la vida y una desigualdad creciente entre quienes pueden pagar soluciones privadas y quienes no. Se está rompiendo un pacto social básico, el derecho universal a la atención, a la dignidad y al cuidado.
Por eso la pregunta sigue siendo la misma, más urgente que nunca, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a tolerar que lo público, aquello que garantiza igualdad y justicia social, se abandone a su suerte?
Porque cuando la sanidad y la dependencia dejan de ser un derecho y pasan a ser un privilegio, el problema no es de un gobierno u otro, el problema es de todos nosotros como sociedad.
Si (
No(
