El presidente dijo dos cosas bastante elementales: una, que tiene plena confianza en la justicia española; dos, que hay jueces que parecen más interesados en hacer política que en impartir justicia. ¿Dónde está el escándalo? Pues en que se dio por hecho que criticaba a “todos” los jueces. Un clásico: alguien dice “algunos” y se le traduce automáticamente por “todos”. Como cuando dices “me gustan algunos vinos” y de repente resulta que eres alcohólico.
Las asociaciones judiciales mayoritarias, casualmente las más conservadoras, se indignaron como si les hubieran tocado la toga. Y la prensa conservadora, faltaría más, agitó el espantajo: el presidente ataca a la independencia judicial. Eso sí, cuando desde esos mismos periódicos llaman “camarera bolivariana” a la jueza Victoria Rosell, ahí ya no hay ningún problema con la independencia. Eso es libertad de prensa.
Lo que pasa es que todos sabemos de quién se hablaba sin necesidad de dar nombres. Porque ¿cómo negar que los Llarena, Hurtado, Marchena o Peinado hacen política? Y la hicieron antes otros, como García-Castellón. Los ejemplos son tan conocidos que ni merece la pena citarlos: procesos que se alargan o se acortan según el calendario electoral, autos redactados como editoriales de periódico, filtraciones a la prensa que aparecen antes de ser comunicadas a las partes. No buscan sentencias: buscan titulares.
Y cuando un juez se convierte en estrella mediática, la presunción de inocencia desaparece. Basta con abrir una investigación para que la persona afectada quede marcada de por vida. Da igual lo que después diga la sentencia. ¿Absolución? Ya nadie se acuerda. ¿Archivo? Eso no da clics. En cambio, la foto del investigado entrando en el juzgado, esa sí que permanece.
Pero no seamos ingenuos: esta fiebre justiciera es selectiva. Porque mientras algunos jueces progresan en la pasarela mediática a costa de políticos de un lado, otros reciben silencios cómplices cuando se trata del otro. Basta ver cómo se trata a la jueza de Catarroja o al presidente del Tribunal Constitucional, que no forma parte del poder judicial en el sentido estricto. Reciben palos personales, incluso insultos, sin que ninguna asociación conservadora de jueces, de esos que se manifiestan contra el gobierno con las puñetas puestas, o se declaran en huelga, pero evitan que se le descuente del sueldo, se lleve las manos a la cabeza.
¿Que un juez se atreve a investigar a un político del PP? Se le acusa de militancia secreta en un partido de izquierdas. ¿Que el Tribunal Constitucional tumba una ley de Rajoy? Se dice que son “magistrados vendidos al Gobierno”. Pero claro, eso no es atacar a la justicia. Eso es análisis político. La doble vara de medir, elevada a categoría judicial.
Lo que más molesta es la hipocresía. El mismo juez que se queja de que un político critique a la judicatura, luego aparece en conferencias organizadas por fundaciones derechistas, escribe libros con títulos de combate o concede entrevistas en las que opina de todo menos de fútbol. Pero si alguien dice que está haciendo política, uy, se rompe España.
Yo, humildemente, reclamo mi derecho a criticar a los jueces. No a todos, por supuesto, pero sí a los que se meten en política disfrazados de juristas. Y también a las asociaciones mayoritarias y conservadoras que pretenden situarse por encima del bien y del mal, como si fueran oráculos griegos. Quieren tener voz en política, pero sin ser políticos. Quieren poder influir en el debate, pero sin aceptar que también se les critique.
Lo curioso es que la Constitución garantiza la independencia judicial, pero no la infalibilidad. Criticar a un juez no es atentar contra el Estado de derecho, como tampoco lo es criticar a un médico, a un periodista o a un político. La crítica forma parte de la vida democrática. Otra cosa son los insultos o las descalificaciones personales, pero aquí nadie propone eso. Solo señalar que algunos jueces hacen política. Que es una obviedad, dicho sea de paso.
La paradoja final es que cuanto más se indignan, más lo confirman. Si no les afectara, se limitarían a sonreír y decir: “No es verdad”. Pero no: se organizan, firman comunicados solemnes, convocan ruedas de prensa. Como si fueran un partido político.
Si el presidente no puede criticar a los jueces, ni yo, ni nadie, es que estamos en una democracia a medias. Y yo, como ciudadano, no pienso renunciar a mi derecho a decir en voz alta lo que todo el mundo comenta en voz baja. Que hay jueces estupendos, claro, pero también hay jueces que buscan micrófono más que justicia. Y lo siento mucho, pero eso también es política.
Si (
No(
