Pablo Casado tenía dos alternativas. La primera era erigirse en una fuerza de centro derecha, más próxima al liberalismo que a la extrema derecha, que reconociese la plurinacionalidad que simbolizan algunos de sus barones, y capaz de asumir que en las negociaciones que superan los ámbitos partidistas, sean la renovación de la cúpula de los jueces o la reforma de las pensiones, no puede anteponer las siglas a la sensatez.
La segunda opción que tenía el PP era convertirse en una oposición que se niega a arrimar el hombro, por grande que sea el problema, y que recupera recetas fracasadas como la que aplicó en Catalunya y cuyo rédito fue el de quedarse con solo tres diputados en el Parlament. Esa es la alternativa que ha elegido Casado y con ello no solo demuestra poca capacidad de enmienda sino que aritméticamente se cierra puertas para llegar a La Moncloa. El exdiputado del PP y estratega de los populares en más de una campaña, Joan López Alegre, escribía hace unos días un artículo en el que calculadora en mano llegaba a la conclusión de que Casado puede ganar las elecciones, tal y como algunos sondeos pronostican, pero lo tiene más que complicado para ser presidente. Porque sin crecer en Catalunya y en Euskadi no podrá lograrlo. Porque en estas comunidades, el PSOE no cuenta solo con sus diputados.
Los nacionalistas e independentistas de ambos territorios son escaños que van al saco de la mayoría de Pedro Sánchez puesto que el actual discurso del PP les imposibilita de plano cualquier acuerdo para investir al candidato popular. Sin Catalunya y Euskadi es complicado gobernar. Contra ellos, es imposible, a no ser que se quiera cronificar o incluso aumentar la confrontación con el independentismo catalán (algo que también da réditos electorales y no pocos a los partidos secesionistas). López Alegre recuerda que la coalición de izquierdas cuenta con 40 escaños más que la oposición y de esos 36 los obtiene en Catalunya. Su conclusión, la de alguien que no es nada sospechoso de defender los intereses del PSOE y mucho menos los de Podemos, es que o bien el PP crece sustancialmente en Catalunya o Sánchez estará unos cuantos años en La Moncloa.
Casado debería saber que Madrid no es España, por más que como lema pueda funcionar en la capital, del mismo modo que los errores de la izquierda o los del nacionalismo no convierten en aciertos los dislates del ayusismo. El "dumping" fiscal que practica la Comunidad de Madrid no solo perjudica a Catalunya o a la Comunitat Valenciana, como amargamente recuerda a menudo el presidente Ximo Puig. Es un problema también para las autonomías gobernadas por el PP, en especial aquellas que puedan tener o aspirar a un mayor potencial industrial. Algo parecido pasa con la posibilidad de descentralizar organismos y trasladar algunos fuera de Madrid, una posibilidad que Alberto Núñez Feijóo ve bien y que Ayuso considera un ataque personal.
En Portugal, para evitar la concentración de instituciones en Lisboa, hace poco se ha aprobado el traslado del Tribunal Constitucional a Coimbra. El TC alemán tiene su sede en Karlsruhe, en el land de Baden-Wurtemberg. Aquí, solo la mera posibilidad de plantearlo, supone ya un ataque a la unidad de España. Pero no lo es, se trata de racionalizar y de creer en la España real. Madrid tiene el 14% de la población y el 30% de los funcionarios del Estado. A ello habría que sumar todas las empresas públicas. ¿Tiene sentido que la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima tenga su sede en una ciudad que no tiene ni mar?
España no es como muchos independentistas la pintan pero tampoco es como la sueña la extrema derecha y el PP de Casado y Ayuso (posiblemente porque cada vez cuesta más diferenciarlos). Pese a su empeño, es mucho más plural y abierta de lo que les gustaría.
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