Sobre el delito de prevaricación, rechaza que haya habido una "actuación arbitraria" porque "a efectos de encajar en el ámbito penal, no cabe calificar de arbitraria la actuación de quienes aprueban unas modificaciones del proyecto de construcción que están permitidas en el pliego y que obedecen a razones de interés público". Son, por tanto, "modificaciones permisibles, avaladas por informes técnicos que reconocen el interés público".
La jueza también ha investigado posibles vínculos de los responsables públicos del ayuntamiento de Parla con las empresas adjudicatarias y subraya que no se ha encontrado ninguno. "No ha resultado", según el auto de archivo, "vínculo alguno ni justificación de enriquecimiento o apoderamiento de dinero público en perjuicio de tercero, tratándose de pagos realizados por obras ejecutadas a empresas ajenas a los integrantes de las juntas de gobierno local", por lo que no hay delito de malversación de caudales públicos
La adjudicación de las obras para la construcción del tranvía se hizo por 93 millones de euros más IVA. Ese coste aumentó hasta los 142 millones y, con los intereses, supuso a las arcas públicas un total de 256 millone
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