Este consultor político valenciano tomó el control de esta empresa el 22 de abril, justo seis días antes de que los españoles votaran en aquellas generales y cuando ya habían pasado nueve desde el inicio de la campaña electoral. Los propietarios de la empresa antes de que la adquiriera el confeso autor de la compra de anuncios para desincentivar el voto de la izquierda en nombre de sectores afines a Iñigo Errejón fueron el técnico audiovisual Antonio Martínez Pinilla y el politólogo y sociólogo Tristán Pertíñez Blasco, actual gerente de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la consejería de Presidencia del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.
Tristán Pestínez fue nombrado gerente de la fundación pública de la Junta de Andalucía el 6 de marzo de 2019, pero no abandonó la administración de la empresa Publick Worldwide hasta el 22 de abril de ese ejercicio, un mes y 16 días después de su nombramiento, según los datos oficiales publicados en el BORME. Se la traspasó a Lanuza, que ya por entonces trabajaba a las órdenes de Aleix Sanmartín, un consultor que asesoraba a Pablo Casado.
Pertíñez asegura a este periódico que, cuando la empresa recibió el contrato del PP de 411.400 euros, "estaba desvinculado de la misma" aunque, según el registro mercantil, no dejó de ser administrador único de la sociedad hasta el 22 de abril, igual que su socio Antonio Martínez Pinilla, quien se ha negado a responder a las preguntas de elDiario.es.
Pertíñez explica a elDiario.es que, aunque era administrador de Publick Worldwide, era su socio quien gestionaba la vertiente económica y que fue quien ejecutó la venta. "Yo de empresa no tengo mucha idea. A mí me llamaron a firmar al notario y acudí. No conozco a los compradores", explica. El actual gerente del Centro de Estudios Andaluces mantiene que la empresa estaba sin actividad "y le buscaron una salida". "Cobramos por la venta el capital que habíamos invertido en su creación, nada más", alega.
Sobre el contrato de 411.400 euros que pagó el PP para la campaña electoral, asegura que desconoce su contratación pese a que a mitad de la campaña electoral todavía era administrador de la empresa. "No conozco a nadie del PP de Madrid, yo la empresa la utilizaba para hacer algunos trabajos porque siempre he sido autónomo", añade. Sobre su socio, Antonio Martínez Pinilla, asegura que hace más de un año que no habla con él. La empresa Publick Worldwide fue creada en 2018 y casi al año de vida fue traspasada a su actual propietario, Josep Lanuza, también empleado del asesor de Pablo Casado, Aleix Sanmartín.
Pertíñez es uno de los fichaje estrella del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, considerado la mano derecha de Moreno Bonilla. Este politólogo y sociólogo ha convertido el Centro de Estudios Andaluces en una especie de CIS andaluz. A través de esta entidad realiza encuestas sobre política y el estado de la comunidad autónoma. Con su llegada, la fundación prescindió de su antecesora en el puesto, Mercedes de Pablos, y de asesores como Javier Aroca, Carmen Tovar, alcaldesa con el PSOE de Castilleja de la Cuesta y delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Sevilla, y Paloma Cano, hija del cantautor Carlos Cano.
El contrato de 411.400 euros fue comunicado por el PP al Tribunal de Cuentas, pero no por Josep Lanuza como administrador de Publick Worldwide, quien de momento no ha explicado la tarea por la que cobró más de 400.000 euros del PP en la campaña electoral de las elecciones de noviembre. Lanuza explicó a elDiario.es que entregará el contrato, la factura y los trabajos que realizó el próximo 1 de septiembre al organismo fiscalizador. De no hacerlo, el Tribunal de Cuentas podría iniciar actuaciones para averiguar qué es lo que se hizo en esos trabajos. Y es que el Tribunal de Cuentas solicita a los partidos toda la información sobre los gastos electorales porque posteriormene estos gastos son subvencionados con dinero público.
De hecho, no entregar toda la documentación al tribunal puede provocar que esos pagos no se puedan incorporar a los gastos subvencionables. Además, el organismo fiscalizador debe validar que todo el dinero gastado en campaña se ha usado para acciones legítimas y legales. De momento y dado que Publick Worldwide no ha entregado la documentación, el órgano fiscalizador desconoce a qué se destinó ese dinero. Si continúa la opacidad, podría actuar la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para conseguir la documentación.
Lanuza negó que el dinero cobrado en la campaña del 28A fuera para una campaña tóxica y que los 411.400 euros se gastaron en un call center que realizó "tres millones de llamadas telefónicas" para encuestas electorales diarias.
El PP ha dado la misma versión a través de un comunicado. El Partido Popular insiste en ese escrito que nunca se han utilizado fondos del partido para pagar una campaña sucia contra el PSOE y Podemos en las dos elecciones generales celebradas en 2019 y que no tiene nada que ver con la campaña opaca que con anuncios en Facebook y a través de carteles colocadas en algunas ciudades andaluzas se trataba de desmovilizar al electorado de izquierdas haciéndose pasar por seguidores de Errejón. Pese a facturar esos 400.000 euros al PP y tras haberse sabido que su jefe, Aleix Sanmartín, era asesor de Pablo Casado, Lanuza sigue manteniendo la misma versión: que pagó aquellos anuncios de su bolsillo porqué él es seguidor de Íñigo Errejón.
El partido que dirige Pablo Casado niega que los 411.400 euros que abonó en los comicios del 28 de abril del año pasado a la empresa de Josep Lanuza, el consultor político que pagó anuncios para desmovilizar el voto de la izquierda, tal y como desveló este diario, se utilizaran para semejante cometido.
— El PP pagó 411.000 euros en las generales del 28A a una empresa de los autores de la campaña sucia contra la izquierda
Sergi Pitarch
@sergipitarch
FUENTE: elDiario.es
Si (
No(
