El grupo señaló en un documento presentado a una corte de San Diego que 911 niños habían sido separados de sus familias desde que se emitió la orden. Entre ellos había 678 cuyos padres enfrentaban acusaciones de conducta criminal.
Otras razones de la separación incluyen una supuesta afiliación con pandillas, inquietudes sobre ineptitud o por la seguridad de los menores, una “relación familiar no verificada”, o enfermedad de los padres.
La ACLU (por sus siglas en inglés) señaló que uno de cada cinco niños que fueron separados tiene menos de 5 años.
En junio del 2018, un juez ordenó que la práctica de separar familias en la frontera sur fuera suspendida con excepción de circunstancias específicas, como los antecedentes penales de los padres o inquietudes por la seguridad de un menor.
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