Durante una audiencia celebrada en el Comité Judicial de la Cámara de Representante este martes, Deutch presentó varios informes del HHS en los que se detalla que ese departamento recibió más de 4.500 denuncias de abusos sexuales a menores no acompañados entre 2014 y 2018.
Asimismo, 1.303 denuncias de esa índole fueron reportadas al Departamento de Justicia estadounidense durante el mismo período.
"Estos documentos del HHS detallan una cantidad alarmante de agresiones sexuales contra niños no acompañados bajo su custodia", apuntó Deutch, que representa el distrito 22 de Florida.
El representante dijo que estos datos describen un ambiente inseguro de agresiones sexuales por parte de los funcionarios a menores que entraron solos en el país. "Con un número de denuncias que se traduce en una agresión sexual por semana durante los últimos tres años, claramente esta Administración no está preparada para mantener seguros a estos niños", agregó el legislador demócrata.
De acuerdo al periódico Axios, algunos de los incidentes que se denunciaron al Departamento de Justicia incluyeron denuncias contra miembros del personal que fueron acusados de tener relaciones con menores, contacto sexual no deseado y mostrar videos pornográficos a los niños y adolescentes.
Esta denuncia coincide con la citación a declarar del Congreso a tres altos cargos del Gobierno del presidente Donald Trump por la política de "tolerancia cero" implementada el año pasado, que causó miles de separaciones familiares de inmigrantes en la frontera con México.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. citó hoy a declarar al fiscal general de EE.UU., William Barr; la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; y el secretario del Departamento de Salud, Alex Azar.
Más de 2.600 menores fueron separados el año pasado de sus padres bajo la política de "tolerancia cero" de la Administración, que exigía el procesamiento penal de todos los inmigrantes adultos que fueran detenidos después de intentar cruzar la frontera sur del país. La política impulsada por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, creó mucho malestar en la sociedad estadounidense y provocó que Trump la cancelase tres meses después del inicio de su aplicación.