Un puñado de cargos nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y vinculados al PP conserva sus puestos en empresas del sector público seis meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Son los supervivientes al frenesí de nombramientos que la llegada del PSOE a Moncloa propició en empresas como Aena, REE, Renfe, Adif, Correos, Paradores, RTVE, Navantia, Tragsa o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre otras.
Entre esa escasa docena de personas, con retribuciones en la mayoría de los casos superiores a los 100.000 euros brutos anuales, hay un exministro, exdiputados del ámbito autonómico, nacional y europeo, exconcejales y exasesores vinculados a ese partido.
El cómputo no incluye a consejeros que fueron nombrados durante la etapa de Rajoy en empresas del Ibex con la categoría de "independientes", como las exministras Ana Palacio e Isabel Tocino y el ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha (en Enagás) o el ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa (Red Eléctrica).
Al tener la etiqueta de independientes, estos vocales son más difíciles de cesar que los dominicales, a los que propone un accionista, que puede proponer su destitución en cualquier momento.
Es la situación en la que estaba el exministro Josep Piqué, vinculado al proyecto para construir un aeropuerto privado en Madrid y que el pasado viernes dimitió como vocal independiente de Aena “ante la asunción de nuevas responsabilidades profesionales que limitan el tiempo disponible para ejercer los cargos que tiene en la compañía con la dedicación adecuada”, según explicó el grupo aeroportuario (51% en manos del Estado) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Como ejecutivo de Enagás ejerce desde septiembre de 2012 su consejero delegado, el ex eurodiputado del PP Marcelino Oreja, hijo del excomisario europeo del mismo nombre. Oreja, que antes de recalar en Enagás y en política tuvo experiencia como gestor en el sector privado, tuvo en 2017 (último ejercicio disponible) una retribución de 818.000 euros brutos. En caso de despido, su contrato estipula un blindaje de dos años de sueldo completo más el 80% de su retribución fija anual durante dos años a cambio de no competir con empresas similares a Enagás, cuyo mayor accionista es SEPI con el 5% del capital.
En Indra, cuyo mayor accionista es también SEPI (18,7%), se mantiene por ahora como consejero dominical el exministro de Trabajo con José María Aznar y ex alcalde de Burgos Juan Carlos Aparicio, nombrado a propuesta del holding público en septiembre de 2013 y con una retribución de unos 120.000 euros brutos anuales. SEPI ya ha decidido cesar a su otro representante en Indra, el abogado del Estado Adolfo Menéndez, para colocar en su lugar al exministro socialista Miguel Sebastián.
En otra empresa de la órbita de SEPI, Hispasat, de la que el hólding público tiene el 7,41% (otro 2,91% está en manos de otro organismo público, el CDTI), se mantiene como presidenta Elena Pisonero, secretaria de Estado de Comercio con Aznar, primera jefa de gabinete de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía y ex diputada del PP (2000-2004). Pisonero preside el operador de satélites desde 2012.
En el organigrama directivo de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), dependiente de SEPI y con sede en Navalmoral de la Mata (Cáceres), permanece como director adjunto al presidente (puesto que ocupa desde julio el exsenador socialista Juan Andrés Tovar) el abogado Manuel Barroso, diputado del PP en la Asamblea de Extremadura durante tres legislaturas, hasta que en 2012 fue designado para ese cargo.
También entre las empresas del grupo SEPI destaca la presidenta de su filial Sepides, Rosa Mosulén, nombrada en 2012 de la mano del entonces presidente del holding estatal y hoy diputado del PP, Ramón Aguirre, del que fue estrecha colaboradora en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Metro de Madrid; o el director financiero de Tragsa, Juan González Blasco, viceconsejero de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón.
En la SEPI, que en diciembre abordaba uno de los pocos relevos que tenía pendientes al frente de sus filiales (Mayasa, presidida hasta entonces por Isidro Zapata, exconcejal del PP en Calzada de Calatrava y próximo a Dolores de Cospedal), permanece como secretaria general y directora Jurídica Concepción Ordiz, abogada del Estado que fue jefa de gabinete hasta 2004 de Ignacio Astarloa, entonces secretario de Estado de Seguridad y responsable de esta parcela durante los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid.
En la agencia estatal responsable de editar el Boletín Oficial del Estado (BOE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, se mantiene como director general el abogado Manuel Tuero. Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León, fue concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Transporte del Ayuntamiento de Valladolid en la primera legislatura (1995-1999) del polémico alcalde popular Francisco Javier León de la Riva y posteriormente, director general de Secretariado del Gobierno con Aznar (2001-2004).
Otra exconcejal del PP en Tres Cantos, Beatriz de Munck, se mantiene como responsable del Departamento de Marca e Imagen Corporativa de Red Eléctrica (cuyo mayor accionista es SEPI con el 20%), a la que llegó en 2013 de la mano de su entonces presidente, José Folgado, ex alcalde de Tres Cantos.
En la cúpula directiva de Enresa (también participada por SEPI) se mantiene Lorena Segura, licenciada en Filología Inglesa y Traducción e Interpretación que en 2012, de la mano del recién nombrado presidente de la empresa estatal (Francisco Gil, ex alcalde de Ciudad Real), pasó de profesora de idiomas en un instituto de secundaria a directiva de la empresa que gestiona los residuos radiactivos. Hoy se mantiene como directora de Desarrollo Corporativo.
En Aena, el gestor aeroportuario ha decidido mantener como consejero de su filial internacional a su expresidente Jaime García-Legaz, mientras que Correos ha fichado como directora de comunicación a Eva Pavo, que fue presidenta en Madrid de Nuevas Generaciones (las juventudes del PP) y que durante la etapa de Rajoy dirigió la comunicación de Loterías.
En esta empresa se mantiene como director financiero Rogelio Menéndez, inspector de Hacienda, ex asesor de Cristóbal Montoro en el ministerio y firmante de un polémico informe que comparó al PP con Cáritas para exculpar al partido de un posible delito fiscal por las donaciones ilegales que recibió de Luis Bárcenas. Entonces, el hermano del hoy directivo de Loterías, Santiago Menéndez, era el director general de la Agencia Tributaria.
Antonio M. Vélez
Eldiario.es
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