Entre las exigencias desorbitadas y las deslealtades institucionales de unos, el inmovilismo y la falta de reflejos de otros, y la connivencia partidista con el independentismo de terceros, se ha llegado a una situación extremadamente grave que podría hacer saltar por los aires la unidad de España y la convivencia -o “conllevancia” como decía José Ortega y Gasset-entre los españoles de Cataluña y los que habitan en el resto del país.
Singladura hacia la Itaca de la independencia
Durante años, las autoridades de Cataluña y casi la mitad de su población han seguido con tenacidad una política de constante de confrontación con España, insubordinación institucional, alta traición política y deslealtad moral, que –como la gota malaya de agua que golpea un día tras otro la roca de la convivencia entre españoles- ha acabado por horadar la unidad e integridad nacional y está poniendo en riesgo de provocar la escisión de Cataluña del primer Estado nacional en la Historia de Europa. Algo se ha hecho mal en Cataluña pues mientras en 2012 los independentistas constituían el 11% de la población catalana y cinco años más tarde son el 47%.
Aunque la prehistoria de la secesión se remonta a la II República Española con la tentativa del Presidente de la Generalitat Lluis Companys, que quedó neutralizada en horas 24, y a las sinuosas marrullerías del “Molt Honorable” Jordi Pujol –que a la postre no ha resultado ser tan honorable-, el punto de partida del proceso hacia la independencia se inició en 2013 cuando el Parlament reclamó la concesión de un Régimen Fiscal Especial para Cataluña similar al existente en el País Vasco y en Navarra. La respuesta negativa del Gobierno de Mariano Rajoy, provocó la gradual radicalización del Presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de su partido Convergencia i Unió, que -aunque nacionalista- nunca había sido separatista. Mas inició una fuga hacia delante en sus reivindicaciones y –como el aprendiz de brujo- perdió el control de la situación y acabó formando un Gobierno de coalición con Ezquerra Republicana de Cataluña, con el apoyo exterior de los radicales antisistema de la Candidatura de Unidad Popular. Tras la celebración en 2015 de unas adelantadas elecciones autonómicas, Mas fue sacrificado por exigencias de la CUP, -que con sus escuálidos 10 escaños permitía la obtención de una mayoría separatista en el Parlament- y fue sustituido por Carles Puigdemont, con Oriol Junqueras como Vicepresidente. Ya antes de su cese, Mas había iniciado el “procès” hacia la independencia unilateral con la convocatoria de un referéndum de libre determinación en el año 2014..
LA Generalitat ha contado con el apoyo incondicional de los movimientos sociales Asociación Nacional de Cataluña y “Omnium Cultural”, que movilizaron a cientos de miles de seguidores, especialmente durante las “Diadas” de 2014 a 2016, y han aportado la masa crítica necesaria para mantener viva la llama de la independencia y el rescoldo del sentimiento anti-español. Ha actuado en tándem con el Parlament –presidido por la antigua Presidenta de la ANC, Carme Forcadell-, que ha ido adoptando, sin prisas pero sin pausas, una serie de declaraciones y de leyes que están marcando la ruta hacia la independencia. A excepción del Partido Popular y Ciudadanos, los demás partidos de la oposición –Partido Socialista de Cataluña, Cataluña si que es Pot/Podemos y En Commú Podem, el movimiento de la Alcaldesa de Barcelona Ada Colau- han contribuido, consciente o inconscientemente, a la ceremonia de la confusión que favorece el “derecho a decidir”, la celebración de un referéndum y –en último término- la obtención de la independencia. El procès ha ido aumentando día a día en intensidad, contundencia y agresividad, sorteando o ignorando los escollos de la legalidad nacional e internacional. La Generalitat ha usado y abusado de su dominio completo de los medios autonómicos de comunicación para realizar campañas “goebelianas” de desinformación, mentiras y propaganda, que ha conseguido lavar el cerebro de buena parte del pueblo catalán adversamente afectado por la crisis económica que ha asolado España y Europa estos últimos años.
Hay que reconocer que el proceso ha estado magníficamente planificado y llevado a cabo con perseverancia, determinación y efectividad. El itinerario ascendente hacia el Eldorado de la independencia ha estado marcado por los siguientes hitos:
-2012: Reclamación por el Parlament del Pacto Fiscal
-2013: Declaración del Parlament que reconocía la soberanía de Cataluña y el
“derecho a decidir”
-2014: El Parlament adoptó la Ley de Consultas Populares no Refrendarias y
Participación Ciudadana
Convocatoria de un referéndum de libre determinación
Recurso del Gobierno central y sentencia del Tribunal Constitucional que prohibía la celebración del referéndum
Sustitución del referéndum por un proceso consultivo
Celebración de un seudo-referéndum
Querella contra Mas y los Consejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs
-2015: Resolución del Parlament sobre el inicio del proceso de desconexión de
Cataluña de España. Recurso del Gobierno central
Sentencia del TC declarando inconstitucional la resolución
-2016: Resolución del Parlament por la que se aprobaban las recomendaciones de la Comisión de Desconexión y se acordaba celebrar un referéndum de
libre determinación en 2017. Recurso del Gobierno central
Admisión del recurso por el TC y suspensión de la resolución
-2017: Sentencia del TC que declaraba inconstitucional la resolución del
Parlament sobre celebración de un referéndum
Sentencia del TSJC por la que se condenaba a Mas, Ortega y Rigau por
Desobediencia.
Sentencia del TS por la que se condenaba a Homs por desobediencia Recurso del Fiscal al Tribunal Supremo para que se condenara a Homs por prevaricación
Sentencia del TS por la que se exoneraba a Homs de prevaricación
Fracaso de intento de negociación entre el Gobierno Central y la Generalitat
Intercambio de cartas etre Puigdemont y Rajoy
Solicitud de Puigdemont se intervenir en las Cortes para exponer la posición de la Generalitat pero sin que se realizara una votación. Las Cortes rechazó la propuesta por falta de asidero legal
Anuncio de la celebración de un referéndum el 1 de Octubre
Resolución del Parlement para reformar su Reglamento para introducir
un procedimiento “exprés” para la adopción de leyes
Filtración de la Ley para el Referéndum que regulaba la celebración de la
consulta y preveía la independencia si el resultado es afirmativo.
Resolución del Consejo de de Garantía Estatutarias que consideraba la
reforma del Reglamento contraria a la Constitución y al Estatuto
Sentencia del TC que prohibía el uso de cualquier partida del Presupuesto para financiar la celebración del referéndum y la provisión de fondos a tal efecto por parte de la Generalitat .
El TC ha dejado claro que subsiste el deber las autoridades y de los funcionarios de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer, ignorar o eludir el fallo de sus sentencias”. Tras las inhabilitaciones de Mas y sus Consejeros, los miembros de la Generalitat se están mostrando sumamente cautelosos y no han firmado ninguna resolución o propuesta, y ni siquiera se ha publicado aún oficialmente la Ley sobre el Referéndum. El Parlement pretende adoptar la ley el último día de Septiembre para que el Gobierno central no tenga tiempo para recurrirla ante el TC antes de la celebración del referéndum el 1 de Octubre.
La Ley sobre el Referéndum es increíble y refleja la desfachatez y falta de escrúpulos de la Generalitat, así como el desprecio de las autoridades catalanas a las más elementales reglas de derecho. Pretende sustituir la legalidad española por la catalana porque el Parlamento ha asumido la plena representación soberana de los ciudadanos catalanes, una vez que se han agotado las vías de diálogo y negociación con el Estado español. Establece un nuevo régimen jurídico excepcional que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto con ella”. Viola flagrantemente los principios de legalidad y de jerarquía normativa, ya rque una ley autonómica no puede prevalecer sobre la Constitución votada por todos los españoles o sobre una Ley orgánica nacional. La Ley sobre el Referéndum obedece a un acto de soberanía que es “la opción necesaria para poder ejercer el derecho de los catalanes a decidir el futuro político del país”. El pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y “ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”. Crea una Sindicatura Electoral para asumir las funciones de la Junta Electoral Central y obliga a los municipios a ceder los espacios físicos habituales requeridos para las votaciones. La Generalitat asume toda la responsabilidad y exonera a los funcionarios y particulares que participen en el referéndum. La Ley no establece ninguna cifra mínima de participación, a diferencia de la Ley Municipal que requiere para la segregación de municipios el apoyo de un mínimo del 50% de los habitantes de los mismos. El referéndum será vinculante y bastará la obtención de un voto de mayoría para que se declare unilateralmente la independencia de Cataluña. Resulta grotesco que la Generalitat y el Parlament pretendan que la aprobación de una consulta que puede acarrear la separación de Cataluña de España y su salida de la Unión Europea sea decidida por sólo los catalanes y además por un porcentaje de menos del 50% de los habitantes de la Comunidad, cuando la vigente Constitución -que dejaría de tener efecto en la nueva República- fue aprobada en 1978 por el 77.11% de 1os españoles con el voto favorable del 91.81% de ellos, incluido el 91.25% de los catalanes.
Para justificar lo injustificable, los autores de la Ley han hecho en su Exposición de Motivos una serie de disquisiciones iusinternacionalistas que ponen de manifiesto su ignaro conocimiento del Derecho Internacional. Como ha afirmado la profesora Araceli Mangas, “los secesionistas se revisten de invocaciones a un Derecho Internacional retorcido e inventado para sus propósitos golpistas, a fin de disfrazar un delirio del que –llegados a esta fase sediciosa- se debería ocupar el Derecho Penal. El Gobierno de Cataluña desconoce por completo los principios, normas y prácticas del Derecho Internacional”. Tras haber sido sus Presidentes ignorados y “snobeados” por los Estados miembros de la UE y por las instituciones comunitarias, la Generalitat sigue afirmando, en contra de la evidencia, que Cataluña continuaría en la Unión tras su eventual independencia. Su máximo éxito diplomático –tras haber invertido ingentes sumas de dinero en su acción exterior- es un paupérrimo editorial del “New York Times” que pontifica que sería mejor para España celebrar el referéndum, si bien aconseja a los catalanes que rechacen la independencia. Oriol Junqueras ha llegado a mantener que España es parte en tratados internacionales que avalan la libre determinación de Cataluña, por lo que está obligado a aceptar la Ley, el referéndum y la independencia aunque no le guste.
El descerebra e iluminado Puigdemont parece determinado a apretar el acelerador para forzar un choque con el Estado y a culminar el proceso independentista a cualquier coste, como ha puesto de manifiesto con la fulminante destitución del Consejero de Empresa, David Baiget, por decir en público lo que la mayoría de los políticos –incluidos algunos miembros del Govern- decían en privado: que el Estado tiene tanta fuerza que es probable que no se pueda celebrar el referéndum, por lo que habría que hacer “una cosa diferente”, similar al proceso participativo del 9-N. LA Presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercé Conesa, ha admitido que nadie sabe a dónde llevará el proceso soberanista y apuntado que quizás termine en un callejón sin salida. Las espadas siguen en alto a expensas de lo que haga el Gobierno central, porque la Generalitat ya ha hecho prácticamente todo lo que estaba en su mano para acceder a la independencia. Tan sólo queda que el Parlament apruebe formalmente la Ley para el Referéndum en un acto que se celebrará con alevosía y nocturnidad, y que la Generalitat consiga realizar la consulta. En el ínterin, ya ha establecido las estructuras mínimas necesarias –institucionales, financieras y sociales- para el montaje de un Estado soberano.
Connivencia de la Oposición con el secesionismo
Con la honrosa excepción de Ciudadanos, toda la Oposición ha apoyado de una u otra forma el proceso separatista de Cataluña. En el caso de los partidos nacionalistas –de derechas o de izquierdas- este apoyo resulta obvio por razones de solidaridad, pues, conforme al refrán español, “Dios los cría y ellos se juntan”, o al ingléa “birds of the same feather flock together” –“aves del mismo plumaje se agrupan juntos”-.
En el caso de Unidos-Podemos también tiene su lógica, pues-en la táctica anti-sistema del partido- “cuanto peor, mejor”, a fin de desmontar el caduco Estado liberal-capitalista-burgués. Pablo Iglesias ha respaldado el “derecho a decidir”, el plurinacionalismo y la legitimidad del referéndum, pues –como ha señalado la portavoz del partido, Irene Montero,”impedir la celebración del referéndum pone en riesgo nuestra democracia”. Aunque ha tratado de mantener la ambigüedad sobre la celebración de una consulta ilegal- sus huestes en Cataluña la apoyan abiertamente, ya que - según su líder Dante Fachin- Podemos no puede dar la espalda al clamor masivo de los ciudadanos catalanes que piden celebrar la consulta y participará activamente en la convocatoria.
Mas lo que es realmente grave y preocupante es la posición del nuevo PSOE. Desde la instauración de la democracia, el Partido Socialista ha sido –junto al PP- uno de los pilares del Estado Derecho y ha defendido a capa y espada los principios de la unidad e integridad territorial de España y de la soberanía del pueblo español. Ahora no parece que lo sea tanto. EL PSOE siempre ha sido rehén del Partido Socialista de Cataluña, un submarino sin rumbo fijo que ha querido en ocasiones ser más nacionalista que ERC y Convergencia juntas. Su respaldo intermitente al “derecho a decidir”, el apoyo al referéndum en Cataluña –eso sí, siempre que sea legal- y su falta de autoridad ante dirigentes y militantes que apoyan abiertamente el referéndum –aunque no sea legal- le han llevado a seguir una trayectoria ambigua y desconcertante.
Ignoro si Pedro Sánchez sabe mucho de Economía, pero de Derecho más bien poco. Tiene un buen cacao mental como refleja su solución mágica del “plurinacionalismo” y de “España, Nación de Naciones”, que es claramente inconsistente con la Constitución. Como le soltó su conmilitón Pachi López, “¿sabes lo que es una Nación, Pedro?. Creo que no, pues pasa por alto la afirmación del TC en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña de que, aunque el término tuviera diversas acepciones, lo relevante era su sentido jurídico-constitucional, que la Constitución no reconocía más nación que la española y que el término “nacional” sólo podía referirse al pueblo español, único titular de la soberanía. Sánchez es un ególatra ambicioso que aspira a ser “Califa en lugar del Califa” y, para lograrlo, parece estar dispuesto a consentir la independencia de Cataluña o de las Islas Pitiusas.
Sus sonoras proclamas de apoyo al Gobierno central, porque el PSOE siempre está del lado de la legalidad, defiende al Estado y es contrario a la celebración de un referéndum ilegal de libre determinación, están matizadas por una serie de condicionantes: que el Gobierno se mueva y abra vías de diálogo, que ofrezca soluciones políticas y “mesura”, y que agote todas las vías políticas antes de garantizar la fuerza de la ley. Se opone a la aplicación de los artículos 8 –misión de las Fuerzas Armadas de garantizar la soberanía e independencia de España, y de defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional- y 155 de la Constitución –intervención del Gobierno central para que las Comunidades Autónomas cumplan con sus obligaciones constitucionales cuando actúen de forma que atente gravemente al interés general de España-. El apoyo del PSOE al Gobierno es, pues, más aparente que real. Resulta cicatero, condicionado y reversible, y muestra la carencia de sentido de Estado de su actual líder.
De un lado, Sánchez ha considerado desafortunadas y calificado de “amenazas” las palabras de la aguerrida Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, de que las Fuerzas Armadas están para defender la integridad y la soberanía de España, y se encontrará donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución. De otro, ha recriminado a Mariano Rajoy el presunto recurso al artículo 155, que considera desacertado, y la Alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet y Secretaria de Cohesión Social e Integración del PSOE, Nuria Parlón, ha llegado al extremos de decir que si el Gobierno aplicara dicho artículo, habría que recurrir a la Comunidad Internacional para que interviniera en España a fin de impedirlo. ¿Pueden hacer algo los santones del PSOE, como Felipe González o Alfonso Guerra para hacer entrar en razón al Caudillo de las bases socialistas radicalizadas. Este último ha pedido explicaciones sobre por qué no se está aplicando el citado artículo para frenar los excesos de los secesionistas. Convendría que Sánchez hiciera su “home works” y ojeara la “Historia del PSOE”. En ella podría comprobar como -tras la proclamación de la República de Cataluña dentro de la Federación Española el 4 de Octubre de 1934-, el Gobierno de Alejandro Lerroux de su adorada República declaró el Estado de Guerra y ordenó al Capitán General de la Región, Domingo Batet a que pusiera término a la rebelión mediante el recurso a la fuerza legal del Estado y, 24 horas más tarde, el Presidente Companys y todos los miembros de la Generalitat fueron detenidos, encarcelados y –posteriormente- condenados a 30 años de prisión por rebelión militar, y el Estatuto de Autonomía fue suspendido. “¡O tempora, o mores!, que diría Marco Tullio Cicerón, o –en román paladino- “quién te ha visto y quién te ve”.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Marta Robles, ha pedido a Rajoy que haga algo para buscar una solución política y no se quede quieto a esperar que pasa el 1 de Octubre. Según ella, “ hay muchísimas vías jurídicas y políticas para abordar la cuestión”, aunque no ha indicado ninguna de ellas Quizás esté pensando en la fórmula de ese delicioso cínico que fue Oscar Wilde: “La mejor forma de resistir la tentación es sucumbir a ella”. Si el Estado se baja los pantalones y acepta las exigencias exorbitantes de los separatistas catalanes, se resolvería el problema: Cataluña no accedería a la independencia “de iure” pero sí a la de facto, sería reconocida como Nación –con todas sus consecuencias- y quedaría consagrada la desigualdad entre los españoles. ¿Es esto lo que contempla el PSOE?. Siempre ha tenido tendencia a adoptar una posición “tercerista” y equidistante –“in medio, virtus”- entre los que violan la ley y los que tratan de que se cumpla. Esta postura será muy cómoda, pero no es ni política ni ética. Por otra parte, el PSOE parece dar implícitamente por supuesto que el referéndum se va a celebrar, cuando afirma que “lo que vaya a ocurrir el 1 de “Octubre no va a cumplir con las garantías necesarias para ser llamado un referéndum”. Quizás no sea acreedor a tal nombre, pero, si el PSOE no colabora lealmente, el 1-O podría celebrarse otro simulacro de consulta como la del 9-N.
Inoperancia del Gobierno Central
Las políticas seguidas por el Gobierno central –sea de izquierdas o de derechas- en Cataluña han sido manifiestamente mejorables. En el caso del Gobierno actual, cabría incluso hablar de ausencia de política. Mariano Rajoy –que es un gran aficionado al fútbol- parece ser partidario del “catenaccio” y de dejar la iniciativa al equipo contrario. El problema es que, si se abandona el ataque y el contrincante logra un gol en los últimos minutos, el equipo no puede reaccionar a tiempo y pierde el partido sin remisión. Esta táctica futbolística del cerrojo -introducida en España por el entrenador argentino Helenio Herrera- no sé si será buena para el balompié, pero desde luego no lo es para la política. Rajoy y su gurú político-electoral, Pedro Arriola, siguen la filosofía del “dolce fare niente” y del “dontancredismo”, en la ilusa esperanza de que el tiempo lo cura todo y soluciona los problemas, cuando lo que hace es agravarlos. Parten de la ética de la prudencia y de la resistencia. No hay que responder a las provocaciones de las autoridades autonómicas para evitar que el Presidente pueda dar un paso un paso en falso que alimente el victimismo de los catalanes. El Gobierno afirma que está preparado para resistir, cuando lo que debería hacer es adelantarse a las iniciativas del adversario y neutralizarlas. ¿Qué ha conseguido el Gobierno con esta política acomodaticia?. Que los nacionalistas – viendo que sus insubordinaciones y excesos permanecían impunes- se hayan ido creciendo y radicalizado sus posiciones, Ni ellos mismos acababan de creerse que el Gobierno les diera tantas facilidades y se dejaron deslizar por el tobogán del “ahora más”. El Gobierno central no ha prevenido ni curado. Solamente ha resistido y, en ocasiones, tarde y a destiempo, mostrando su inoperancia y su falta de credibilidad. Rajoy, no se inmuta y sigue pidiendo calma a los ciudadanos, asegurándoles con palabras solemnes -pero vacías de contenido- que “los delirios autoritarios y frentistas no podrán vencer la serenidad y el equilibrio del Estado democrático”. Debería prestar menos sus oídos a los cantos de sirena arriólicos y leer la Epístola de San Pablo a los Romanos (13/11) donde dice “hora est iam de somno surgere” –“ya es hora de salir del sueño”-.
La Constitución española ofrece medios legales suficientes para hacer frente a los atropellos y violaciones de los separatistas, pero el Gobierno no las aplica, renuncia a su función ejecutiva y le pasa el marrón al poder judicial, que le ha sacado lascastañas del fuego en más de una ocasión a costa de su desgaste. La actuación de los Tribunales es necesaria, pero no suficiente. El ejecutivo ha de amarrarse las taleguillas y utilizar el amplio catálogo legal de que dispone –especialmente el Código Penal- para hacer cumplir la ley y sancionar sin contemplaciones a los que las violen, sean separatistas o socios del Sabadell.
Las autoridades autonómicas catalanas llevan años en abierta insumisión hacia el Estado, violando la Constitución y las leyes, y no aplicando las sentencias de los Tribunales que no les placen, y el Gobierno central apenas ha hecho nada por evitarlo. Ha justificado su pasividad alegando que no había que empeorar la situación y crear agravios que sirvieras de base para aumentar las reivindicaciones. Es la línea asimismo recomendada por el diario “El País” cuando afirma:”Aunque la aplicación y la restauración de la legalidad –en caso de quebrarse ésta- sea obligatoria, es inevitable anticipar que dicha intervención, legal y legítima, , enconará aún más los ánimos y hará más difícil la vuelta del conflicto al ámbito político”. Con esta política no sólo no ha conseguido nada, sino que ha facilitado la radicalización y los incumplimientos de los rebeldes. Amén de sus enfrentamientos políticos y deslealtades institucionales, las autoridades autonómicas han cometido múltiples delitos –desobediencia, desacato, prevaricación, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos…- y apenas ha pasado casi nada. Cuando los Tribunales no han tenido más remedio que condenar por desobediencia flagrante a varios miembros de la Generalitat –pasando por alto otros delitos evidentes como los de prevaricación o malversación-, los afectados por ínfimas penas de inhabilitación se han rasgado las vestiduras y se han quejado de que el Estado los persigue por sus ideas políticas. EL gobierno podría haber actuado sin haber hecho excesiva sangre acusándolos de los delitos cometidos y proponiendo su inhabilitación, e imponiéndoles sanciones económicas considerables. Si hubiera actuado de esta manera, quizás hoy la situación en Cataluña sería diferente. Son reveladoras las declaraciones del ex-Consejero Baiget cuando afirmaba que podría resistir tener que ir a la cárcel, pero no si iban contra el patrimonio de su familia.”Nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias”, dijo, y “la pela es la pela”.
El Gobierno no está afrontando con rigor el tremendo desafío separatista. Ha afirmado que actuará en defensa del orden constitucional un minuto después de cada paso que dé la Generalitat para poner en práctica su plan de independencia, y la Vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha dicho que al Gobierno le bastan 24 horas para recurrir la Ley de Referéndum y obtener su paralización, pero no resulta tan fácil. La Fiscalía no actuará contra la Generalitat mientras no haya una convocatoria formal del referéndum y ésta puede producirse en un pis-pas sin dar tiempo a que el Gobierno reaccione Éste, en un exceso de galantismo, es remiso a actuar hasta que no tenga una fotografía en la que se vea el humo de la pistola recién disparada. El Ministro Íñigo Méndez de Vigo ha manifestado que los pensamientos y las intenciones no delinquen, y que la Ley del Referéndum no ha sido aprobada por el Govern, ni reemitidas al Parlament, y ni siquiera firmada, por lo que no es más que “anuncio de anuncios”. Sin embargo, se trata de algo más que de pensamientos, intenciones o anuncios, en tanto que la Generalitat está realizando en las narices del Gobierno actos delictivos concretos sin ninguna consecuencia. El Gobierno da demasiada importancia a las formas e ignora el fondo, y su formalismo excesivo le lleva a retrasar aún más su necesaria intervención a la espera de que los catalanes –que gozan de la gran ventaja de tener la iniciativa- muevan ficha y alguno de sus dirigentes se haga el harakiri y plante su firma en el documento. Dice el Evangelio que la letra mata y el espíritu vivifica. El Gobierno debería prestar mayor atención al espíritu del Govern, que no es otro que el de celebrar el referéndum, aunque se con calzador, y avanzar en el camino hacia la soñada independencia. El Gobierno central ya ha sido “madrugado” en más de una ocasión por los astutos y marrulleros politicastros catalanes, pero no aprende. Como ha observado Víctor de la Serna, están éstos convencidos de contar con un decisivo as en la manga: la profunda alergia a actuar demostrada desde hace muchos años por los Gobiernos centrales, y que ha llegado a su cúspide con el “tancredismo” de Rajoy. Según ha observador Javier Redondo, el Estado es paquidérmico, lento, implacable, conciemzudo, pétreo y agotador. Rajoy lo sabe y lo interpreta cauteloso, a la perfección. Sin embargo, Si el Gobierno sigue sin hacer nada, corremos el riesgo de que la patochada del referéndum acabe por salir adelante. Hay que actuar de inmediato. ¡Ya es hora de salir del sueño!
Como Licenciado en Derecho y Registrador de la Propiedad, Rajoy debe saber que se puede delinquir por acción o por omisión, y que un Gobierno debe hacer ciertas cosas y a dejar de hacer otras, por lo que será –en cualquier caso- políticamente responsable, con independencia de las responsabilidades jurídicas en que pudiera incurrir. Hoy. que me ha dado por las citas bíblicas, recuerdo la parábola de los talentos. El operario no puede enterrar las monedas que le ha encomendado su dueño por mor a que se las quiten, pues deberá responder del uso que de ellas haga. Asimismo, un Gobierno no puede cruzarse de brazos a verlas venir y está obligado a gobernar en beneficio de la comunidad. El PSOE ha acusado a Rajoy de no hacer nada para resolver el problema de Cataluña y de dejación de responsabilidades, y no le falta algo de razón. Cabe alegar en su descargo la posición inflexible e intransigente de Puigdemont y -como ha recordado Méndez Vigo- hace falta dos personas para bailar un tango. No tiene, en cambio, razón Sánchez al condicionar su apoyo al Presidente a que siga abriendo cauces de diálogo y haga propuestas políticas. Para poder llevar a cabo una negociación hace falta un mínimo de buena fe por las partes, y la Generalitat no ha dado la menor muestra de ello. Limitar la negociación a “referéndum sí o sí” y a fijar la fecha de su celebración y la correspondiente pregunta es un insulto a la inteligencia y una tomadura de pelo.
Con independencia de la inexistencia de firmas en documentos oficiales o del soslayamiento de las formas, la Generalitat está estableciendo, a lo tonto lo tonto, la estructura de un Estado independiente. Por muy hábil de reflejos de se considere la Administración central, cuando ésta se decida a actuar podría ser demasiado tarde. Hay que evitar el escándalo de imágenes de retirada de urnas, que sería explotada por la hábil agit-prop nacionalista. Para ello, hay que impedir que se instalen las urnas, y cada día que pasa le queda al Gobierno menos tiempo para actuar.
Polémica sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución
La gran cuestión doctrinal que acapara de forma excesiva la atención de políticos y juristas es de si hay que recurrir o no a aplicar el artículo 155. Es curioso que tienen más miedo a aplicarlo el Gobierno o la Oposición que los propios catalanes, que no acaban de creérselo. Saénz de Santamaría ha filtrado que, caso de tener que ser aplicado, el Gobierno lo haría con prudencia, inteligencia y proporcionalidad. Sólo le ha faltado pedir perdón por la inclusión de tan malévola cláusula en la Constitución. Por supuesto que se debería recurrir al artículo 155 si necesario fuere, aunque yo creo que, si el Gobierno se pone de una vez las pilas y empieza a hacer lo que debe, no sería necesario llegar a aplicarlo. Un Gobierno no puede auto-mutilarse y renunciar a la aplicación de una disposición de la Constitución que es completamente normal y perfectamente homologable con los textos constitucionales de los países democráticos de nuestro entorno. Gran Bretaña ha impuesto en varias ocasiones el Estado de Emergencia en Irlanda del Norte y suspendido su autonomía sin que nadie la haya acusado de conducta antidemocrática. La Izquierda debería perder su complejo de legalidad y aceptar la aplicación normal de la Constitución y de las leyes con todas sus consecuencias.
Ahora se habla ahora intensamente de recurrir a la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que permite al Presidente del Gobierno declarar por decreto una “situación de interés para la seguridad nacional” y establecer una estructura que garantice “la defensa de España y de sus principios y valores constitucionales”. Sin excluir su aplicación, creo que resultaría más adecuado recurrir a un artículo de la Constitución que fue elaborado para hacer frente a situaciones como la planteada por la rebeldía de Cataluña. La Ley tiene la ventaja de que sus disposiciones pueden ser aplicadas en un instante, mientras que el recurso al artículo 155 requeriría un trámite parlamentario, que no debería por otra parte presentar dificultad alguna dada la mayoría absoluta de que goza el PP en el Senado. Mientras una es excesivamente genérica y vaga, el otro cae como anillo al dedo al caso para el que se pretende aplicar.
Con independencia de la resolución del problema puntual del referéndum, convendría que el Gobierno empezara a aplicar desde ya algunas de las medidas de que dispone en su amplio arsenal jurídico, y que debería haber aplicado tiempo ha. Sin ánimo de ser exhaustivo, cabe enunciar las siguientes: 1) Enviar un requerimiento al Presidente de la Generalitat para advertirle de que no está cumpliendo las obligaciones de la Constitución para que –al margen de que se aplique o no finalmente el artículo 155 en su integridad- no pueda alegar que no ha sido advertido; 2) presentar demandas ante los Tribunales contra diversos miembros de la Generalitat o del Parlament que hayan cometido delitos de desobediencia, prevaricación, malversación u otros; 3) tratar de inhabilitar a estas personas por su conducta delictiva; 4) imponer multas sustanciosas a quienes no cumplan las leyes o las sentencias de los Tribunales y embargar sus bienes en casos de impago;5) tras la debida advertencia, congelar los préstamos del FROB y otras subvenciones graciosas o condicionarlas al cumplimiento de las normas vigentes. En definitiva, actuar como un Estado de Derecho en defensa de los principios democráticos.
Una vez recuperado el Gobierno central de su letargo inmovilista, confiemos en que acabe una vez el juego de despropósitos de unos y otros en Cataluña, que la Oposición colabore lealmente con el Gobierno y que las autoridades autonómicas recuperen la cordura y el seny, y desempeñen las importantes tareas que la Constitución les encomienda en estrecha y leal colaboración con el Gobierno de la Nación. Esta será la única forma de evitar que se tenga que colocar el siguiente epitafio en la tumba de Cataluña:”Entre todos la mataron y ella sola se murió”.
Madrid, 8 de Julio de 2017
(*) José Antonio de Yturriaga es Embajador de España
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