El Grupo Socialista apuesta por impulsar las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la Administración

Los ciudadanos podrán dirigirse a los órganos estatales como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas en su lengua, y se creará un Consejo de Lenguas que vigilará su uso. La norma permitirá asimismo que documentos oficiales como el DNI, el carné de conducir o el pasaporte se puedan expedir de forma bilingüe en cualquier parte del Estado

También se han registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno que traduzca todas las webs oficiales a las lenguas cooficiales y una serie de pregunta escritas para conocer las intenciones del Ejecutivo en esta materia

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha presentado hoy, junto con los diputados Meritxell Batet (Barcelona), Javier Lasarte (Álava), Pere Joan Pons (Illes Balears) y Lola Galovart (Galicia), una Proposición de Ley Orgánica para el reconocimiento y el Amparo de las Lenguas Cooficiales en España, además de una proposición no de ley sobre el tratamiento de las lenguas cooficiales en las páginas web de la Administración General del Estado y una serie de preguntas al Gobierno para conocer cómo está la situación en este ámbito.

Hernando ha destacado que la Proposición de Ley “busca normalizar el uso de las lenguas cooficiales en la relación cotidiana de los ciudadanos con los poderes públicos”. En este sentido, ha recordado que “todos tenemos el deber y derecho de conocer la lengua castellana, pero el resto de lenguas también son oficiales en algunas comunidades autónomas”. Se trata, por lo tanto, de que los ciudadanos “puedan utilizarlas con normalidad en su relación con las Administraciones Públicas, además del uso en las webs oficiales de estas lenguas, y su promoción en todo el Estado en todos los aspectos relacionados con la cultura, las nuevas tecnologías o en las empresas establecidas en estas Comunidades Autónomas.

Por su parte, la diputada por Barcelona Meritxell Batet ha explicado que la ley “pretende desarrollar el artículo 3 de la Constitución, para que se dé naturalidad a la existencia en distintas partes del territorio de otras lenguas además del castellano”. La iniciativa, ha explicado, “tiene una dimensión simbólica: que la riqueza que tenemos como país sea de consciencia colectiva, que todos la sintamos como propia y que nos sintamos orgullosos de la pluralidad”. “Eso puede ayudar al conocimiento y al reconocimiento mutuo y es un elemento de cohesión: es lo que llamamos cultura federal”, ha resumido.

a proposición de ley tiene además una dimensión normativa, jurídica y práctica. “Que una norma con rango de ley normalice y reconozca aspectos vigentes y que además regule y amplíe algunos aspectos nos parece imprescindible”, ha señalado Batet, que ha destacado, por un lado el objetivo de “garantizar más derechos de los ciudadanos”, de modo que cualquier ciudadano se pueda dirigir a la Administración en cualquier lengua que haya sido reconocida como oficial en una comunidad autónoma. Esto incluye todas las instituciones dependientes del Estado, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Casa Real o el Defensor del Pueblo. Todo ello, para que “un órgano que sea competente en todo el territorio del Estado no sienta como ajena una lengua cooficial”.

Además, la ley permitirá que los documentos oficiales emitidos por el Estado, como el DNI, el pasaporte o el carné de conducir puedan ser expedidos de forma bilingüe con las lenguas cooficiales del Estado en cualquier lugar del Estado. La ley prevé asimismo la creación del Consejo de las Lenguas de España, en el que participarán el Gobierno de España y los de las CCAA. Un órgano por lo tanto interadministrativo que vigilará el uso de dichas lenguas cooficiales.