El senador de ERC y juez suspendido, Santiago Vidal, ha anunciado este viernes que deja su escaño en la Cámara Alta. La dimisión de Vidal se produce el día después de que El País publicara sus declaraciones en diferentes charlas, en las que aseguraba que la Generalitat había obtenido datos fiscales de forma ilegal. En el comunicado con el que anuncia la dimisión, Vidal asegura que ha hecho "declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad".
La publicación de las declaraciones ha ocasionado un torrente de reacciones, comenzando por el Govern, que ha salido a desmentir "categóricamente" a Vidal, asegurando que no están cometiendo ninguna ilegalidad. Todos los partidos de la oposición menos la CUP han reclamado comparecencias de miembros del Ejecutivo para explicar el caso. Ciutadans, PSC y PP han exigido la comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y de otros cuatro consellers. CSQEP, por su parte, se las ha pedido al vicepresident, Oriol Junqueras.
La jefa de la oposición y líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha pedido que el Govern asuma responsabilidades, más allá de la dimisión. Por motivos diferentes, la CUP también ha afeado la actitud de Vidal. "Hacer declaraciones de este tipo es incompatible con la seriedad con la que debe afrontarse el conflicto democrático con el Estado", han explicado.
Tras la dimisión del senador, el secretario de Hacienda, Lluís Salvador, ha anunciado que el Govern someterá sus datos fiscales a una auditoria por la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Con ello quieren demostrar que es "absolutamente falso" que el Govern tenga "todos los datos fiscales". "El ejecutivo catalán sólo dispone de los datos fiscales relacionadas con los tributos que gestiona y que ha obtenido en el marco de la más estricta legalidad", aseguran en un comunicado. Salvador se pone además a disposición del Parlament para dar explicaciones.
Las reacciones no solo han llegado por la parte política, sino también de la judicial. El Fiscal General del Estado ha anunciado este viernes que ha ordenado investigar las declaraciones del senador Santiago Vidal. A su entender, de ser ciertas las palabras de Vidal, "supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos", por lo que ordena abrir diligencias.
En un comunicado difundido por ERC, Vidal ha asegurado que deja el escaño para no perjudicar al proceso independentista. "Quiero dejar claro que en ningún momento he querido poner en duda que el actual Govern actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente", explica Vidal en el comunicado. "Las decisiones que se tomen en cada momento disfrutarán de la cobertura legal del Parlament de Catalunya y la Ley de Transitoriedad Jurídica", añade.
El escándalo político y judicial se centra en las declaraciones de Vidal sobre la supuesta posesión de datos fiscales de la Generalitat de forma ilegal, pero no son estas las únicas afirmaciones polémicas realizadas. El ya ex senador aseguró que se habían hecho listas de jueces respecto a su adscripción ideológica favorable o no a la independencia. También que en el proyecto presupuestario hay 400 millones escondidos entre partidas para preparar la independencia. Por último, Vidal hace ciertas afirmaciones sobre los Mossos, como que el Govern investiga a agentes que serían miembros del CNI infiltrados o que hay unidades que se están entrenando en el extranjero.
Santiago Vidal es juez y profesor de derecho, y fue magistrado de la Audiencia de Barcelona hasta 2015, cuando fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial con la expulsión de la magistratura durante tres años por haber redactado un borrador de la Constitución catalana por su cuenta. Fue en las listas de ERC para el senado en las elecciones generales de 2015 y en las de 2016, en las que obtuvo su escaño de senador.
Arturo Puente
eldiario.es
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