Lula, que asumió el jueves el Ministerio de la Presidencia en el equipo de Rousseff, ha visto en las últimas horas como diferentes tribunales le impedían ejercer el cargo, después le daban luz verde y de nuevo anulaban de forma cautelar su nombramiento.
Un laberinto judicial que mantiene al ex presidente en una suerte de "limbo" y que complica la posibilidad de que, como ministro, disfrute de la condición de aforado que le blinda ante el fuero común.
- Suspendido nuevamente -
La última decisión que anula su nombramiento para la cartera de Presidencia fue adoptada por un juez de Sao Paulo, que argumentó que tanto el ex presidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.
La designación de Lula ya había sido suspendida por dos jueces de Brasilia y Río de Janeiro el jueves, pero otros dos tribunales derribaron posteriormente esas cautelares bajo el argumento de que un acto decidido por la presidenta solo puede ser contrariado por el Tribunal Supremo.
El juez Luciano Tertuliano da Silva, de la Justicia Federal de Assis (Sao Paulo), aceptó una demanda presentada por un ciudadano para suspender el nombramiento de Lula por considerar procedente el argumento de que el mismo tan solo busca proteger al ex mandatario con fuero privilegiado mientras es investigado en el marco del caso Petrobras.
El juez también justificó su decisión con las revelaciones de las escuchas telefónicas al ex presidente divulgadas el jueves y que levantan la sospecha de que Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso jurídico en su contra.
Acusado de lavado de dinero y falsificación, como ministro, Lula solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país, que tiene un ritmo propio, sensiblemente más lento que los tribunales ordinarios.
El nombramiento le permite escapar de la sombra del juez Sergio Moro, que conduce las investigaciones del caso Petrobras que salpican tanto al ex presidente como a dirigentes de todo el arco político, altos funcionarios y empresarios.
El Gobierno insiste en que su designación responde a la necesidad de reforzar la acción del Ejecutivo frente a la crisis política y a la económica, mientras que para la oposición es una maniobra para evitar sentar al ex presidente en el banquillo por corrupción.
- Juicio político contra Dilma-
En tanto, la situación para el Gobierno de Rousseff se sigue complicando. En sesión extraordinaria, la Cámara de los Diputados acordó acelerar el trámite del posible juicio político.
La mandataria tiene un plazo de diez sesiones parlamentarias para presentar su defensa ante la comisión especial que determinará si existen méritos jurídicos para procesarla por las acusaciones -formuladas por juristas y cuatro partidos de oposición- basadas en supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
El trámite será netamente político y la correlación de fuerzas será decisiva en un Parlamento en el que el apoyo a Rousseff mengua cada semana.
Desde el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Wellington Moreira Franco, ex ministro de Rousseff, se mostró convencido de que su formación romperá su alianza con el Gobierno en la reunión anticipada para el 29 de marzo.
La elección está entre "romper o romper" con el Gobierno, dijo el dirigente del PMDB, el partido del vicepresidente Michel Temer, que asumiría la Presidencia en caso de la destitución de Rousseff.
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