Cuando en la construcción de un imaginario político de gobierno la palabra clave es “cambio”, resulta un tanto desconcertante experimentar cómo se decide cuánta libertad de prensa debe existir en un país y cómo debe manifestarse. Por ello, hay algo difícilmente entendible en el anuncio de una demanda por parte de la ministra de Justicia del gabinete de Evo Morales contra un columnista de un periódico boliviano. La respuesta institucional que recibe el columnista a causa de un artículo se presenta desproporcionada; lo que pone de manifiesto la fragilidad en la que vive el ciudadano de a pie.
Los pasados días, mediante un comunicado de prensa, la ministra de Justicia –Nilda Copa- anunció que presentará una demanda contra Iván Castro Aruzamen –filósofo, teólogo, poeta, catedrático, maestro, fundador de La Cartonera boliviana y columnista-, contra el director del periódico ”Opinión” –Edwin Tapia Frontalilla- y contra el jefe de redacción –Antonio Ribera-, porque un columnista de opinión ha mellado la dignidad de E. Morales y de varias autoridades del gobierno, dando a entender que no se puede verter una opinión maliciosa contra aquellas figuras que ostentan el poder. Resulta entonces peligroso escribir una crítica, ya que las garantías de la libertad de prensa están un poco recortadas y requieren de todo tipo de miramientos –entre los cuales está dejar de lado el carácter del escritor-, sobre todo cuando el artículo va dirigido contra una personalidad del gobierno, una autoridad.
El mayor consuelo es que, parece que a partir de ahora, todos los bolivianos están en su derecho de exigir a la Señora Ministra de Justicia que los defienda vehementemente, ya que todo ciudadano también goza de una calidad de autoridad votante –aunque el voto sólo sea importante contadas veces al año-, de autoridad pagante de impuestos, de autoridad consumidora, etc. Resulta tan difícil iniciar una demanda por la vulneración de la propia “privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad” que a menudo el ciudadano decide dejarse pisar en todos esos terrenos. En estas circunstancias, la sensación de que siguen existiendo dos clases de ciudadanos, tenderá, con toda probabilidad, a agravarse si se consolida la percepción de que todos los mecanismos del poder ejecutivo se movilizan en su propia defensa contra un solo individuo. Es fácil comprender que le resultaría complicado al ministerio de justicia admitir que su posición insinúa que existen dos categorías de ciudadanos: las autoridades del Gobierno y todos los demás –dentro de esta categoría entran desde el lustrabotas hasta los diputados y senadores de la oposición, pasando por políticos en retiro, escritores, amas de casa, profesionales, indígenas, empresarios y un largo etcétera-.
Los desatinos se suman si consideramos que una ministra de justicia ignora que, para que una afirmación sea un “delito de desacato por calumniar, injuriar, o difamar”, ésta debe ser probada. Difícil labor ésta cuando la calumnia es engendro de “una llama y lucifer” –en el caso de Evo Morales- o de una “mula con un demonio” –en el caso de Álvaro García- o “de travesti con Hades” –en el caso de Sacha Llorenti-, ya que ni Lucifer, ni el demonio ni el dios pagano Hades podrán testificar ni a favor ni en contra en un juicio. Menos aún la mencionada llama o la mula o el travesti que tienen pocas posibilidades de ser identificados y/o declarar a favor del Ministerio de Justicia… Por lo demás todos sabemos que Evo Morales, Álvaro García y Sacha Llorenti fueron engendrados por su padre y su madre, no cabe pensar que el citado columnista pretendiera ofender a los progenitores de dichos políticos.
En realidad un poco de sentido del humor por parte del ejecutivo boliviano habría minimizado dicho artículo aunque el debate por la libertad de prensa no se desvanecería por esa razón; es un tema pendiente. El columnista Castro ha actualizado la discusión ya que ingenuamente se pensaría que estos vientos de cambio iban a significar que el delito tipificado en el artículo 283 del Código Penal Boliviano –de fecha 1925 (!)- se aplicaría a periodistas que incurrieran en falsas acusaciones sobre temas de fondo. En cambio la actuación del gabinete de E. Morales se limita a la velada amenaza de “no hables mal de mí o te caigo encima con todo mi poder”.
En esta suma de despropósitos, es exigible al Presidente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz y a los gremios de periodistas de Bolivia que cuando reclamen principios de ética ante calumnias e injurias, miren al futuro del periodismo y a su gran responsabilidad social –lo cual me recuerda que aún no han alzado la voz pidiendo justicia por los atropellos de los que son objeto los ciudadanos bolivianos que viven en España sin el permiso de trabajo y residencia al ser detenidos e ingresados en un CIE-. Es difícil encontrar una medida de proporcionalidad entre la demanda de una ministra -de un gobierno que tiene mayoría absoluta- y un columnista de un diario cochabambino. Del mismo modo, es complicado encontrarle el sentido al inmediato posicionamiento de las asociaciones de periodistas en favor del gobierno y en contra de un columnista. En este contexto, pedir responsabilidades al Director del periódico y al Jefe de redacción –inclusive a los dueños cuya principal característica es que son empresarios- por un presunto delito, se puede interpretar como una mordaza a los medios de comunicación.
Claro que lo más alarmante sucede cuando desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados –presidida por una diputada del MAS, partido en el poder en Bolivia- se acusa al columnista Castro de que los términos usados en su artículo son “discriminatorios” y pueden ser penados. Inmediatamente uno se pregunta si la justicia será igual de vehemente a la hora de defender los derechos de Castro. No en vano ondea en este caso el artículo 107 de la Constitución Política del Estado que señala que los medios de comunicación "deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos", y que la información y las opiniones emitidas a través de ellos "deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad". Ahora bien, hasta donde llegan los conocimientos de periodismo, un columnista emite una opinión, la cual con seguridad es veraz para él –en cuanto a la imagen que ofrece del nacimiento, entiendo que ideológico, de los políticos mencionados en su columna- y responde al único y propio criterio de responsabilidad del escritor o autor.
Es cierto que la discriminación es un delito deleznable ante el cual todo ciudadano debe ser protegido puesto que, limitar el concepto para que la aplicación de la ley sea temporal, sólo denotaría la fragilidad de los cambios en Bolivia. Hay que luchar contra las prédicas discriminatorias, pero contra TODAS ellas sin olvidar que frente a un xenófobo se encuentra un filófobo y que ambos son igualmente peligrosos. Ningún proyecto de ley contra el racismo puede perder de vista que lo importante para erradicar esa lacra social, originada por la ignorancia más profunda, está en lograr un cambio desde la raíz del problema. La advertencia de tomar medidas principalmente punitivas –como la sanción de diez años de prisión por racista que pende sobre la cabeza de Castro- es una amenaza social de doble filo que no erradicará ese comportamiento penoso de juzgar a una persona en función a prejuicios, de la misma forma que no se han eliminado otros delitos antisociales.
Constreñir la libertad de prensa a una labor informativa, ponderada, académica… es como amputar una de sus funciones principales, la de reflejar la opinión de TODO el país para que sea de público conocimiento. Pretender que las críticas se queden en conversaciones de café o de taxi o entre un máximo de 10 personas no fomenta la madurez democrática, no ayuda a tomar la mejor decisión ni a formarse opiniones completas. No es esta la primera vez que se producen pulsos –en Bolivia- entre el poder ejecutivo y el de los medios de comunicación. Previsiblemente, en este proceso integrador, no será la última, a menos que el gobierno de Bolivia cambie ese desafortunado celo superprotector por sus “autoridades”.
Así, ante un periodismo que se presenta tan uniforme como las altiplanicies bolivianas, será el lector, -que paga por leer un periódico- quien decidirá qué voces de disensión se deben elevar ya que si se pretende coartar la libertad de prensa está por demás decir cuál es la reacción que se puede esperar si se imponen restricciones. Es también de esperar que a nadie le asombre el resultado.
En estos paisajes accidentados pueden nacer pequeños montes, cordilleras o montañas, verdaderos líderes del periodismo que eviten la aridez de la opinión. Mucho más allá de las descalificaciones –que también reflejan la opinión de una parte de la población- o de las posturas amenazantes, están los criterios de decisión de los pueblos que deben manifestarse tan variopintos como son para que se los pueda apreciar, adoptar o ignorar.
En manos de periodistas y lectores está el control de la opinión sobre el camino que un país prefiere seguir. Es toda una responsabilidad opinar sobre el sistema, la política, los políticos, la gestión del Estado, la sociedad. Hacer respetar este derecho es una tarea que no conviene descuidar ya que garantizar la libertad de opinión es imprescindible para una sana democracia.
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