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La financiación ilegal no está en el código penal

La Fiscalía afronta la recta final del caso Bárcenas sin ningún delito contra el PP

El extesorero del PP, Luis Bárcenas. (Efe)
El extesorero del PP, Luis Bárcenas. (Efe)
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h

La Fiscalía Anticorrupción afronta la recta final de la investigación del caso de los ‘papeles de Bárcenas’, que investiga la presunta contabilidad B del Partido Popular, y lo hace con escasas pruebas que vinculen a la formación con algún delito vigente. Es decir, expertos del Ministerio Público defienden que hay pruebas que señalan que dentro de la sede de Génova se ha producido durante años una financiación irregular pero, eso, advierten, no es delito.

El juez Ruz envió a la sede del PP a la policía para recabar documentación. (Efe)
El juez Ruz envió a la sede del PP a la policía para recabar documentación. (Efe)

Que el PP ha funcionado mucho tiempo con una caja donde entraba y salía dinero ajeno a la contabilidad oficial ya nadie lo pone en duda. Desde el momento en el que varios miembros del partido reconocieron ante el juez que recibieron dinero en efectivo, y que coincide con los apuntes manuscritos elaborados por el extesorero Luis Bárcenas, la existencia de esa caja B es para los investigadores bastante obvia.

Financiación ilegal, sí, pero no es delito

Desde que hace un año salieron a la luz esos papeles con entradas y salidas de dinero de forma paralela a la contabilidad oficial, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha venido citando a varios de los dirigentes del PP que aparecen como receptores de ese dinero y que reconocieron esas entregas, como el actual presidente del Senado, Pío García Escudero, o el diputado Eugenio Nasarre, entre otros.

Para los investigadores que trabajan para la Fiscalía, que ha existido una financiación irregular dentro del PP está lejos de toda duda. Sin embargo, recalcan que, aunque se trate de un comportamiento que pueda ser criticado dentro de la ética o la moral, ese no es el trabajo de los tribunales. Mientras que la financiación ilegal no sea recogida en el Código Penal, estos comportamientos no pueden ser reprochables penalmente.

Las contratas a los empresarios, sin pruebas

Desde el lado de los empresarios, que han podido pagar donaciones que hayan superado el límite establecido legalmente, tampoco hay mucho margen de maniobra. Todos han negado esas entregas y los pocos que han admitido donaciones las han limitado al circuito legal. La única manera de intentar comprobar la comisión de un delito de cohecho, tanto por parte del que paga como por el que recibe dinero a cambio de adjudicaciones en Administraciones Públicas, es buscar una correlación entre donación y obras.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía insisten en que a día de hoy eso no se ha podido comprobar, por el simple hecho de que no existe una donación a cambio de un contrato. Más bien, la tesis de la Fiscalía es que las donaciones de empresarios aportadas a lo largo del tiempo buscaban un trato de favor pero de manera implícita, no explícita por un contrato concreto. Esta tesis está avalada por un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que tiene de apoyo la Fiscalía, que sostiene en un informe que no ve relación entre las donaciones presuntamente ilegales a cargo de empresarios y las adjudicaciones de contratos públicos a estas empresas por parte de Gobiernos del PP, tanto centrales como autonómicos o locales, o por lo menos sustento probatorio para certificarlo de manea indiciaria.

Bárcenas cuadraba los papeles a su antojo

Asimismo, aunque se da por hecho la existencia de esa caja B, lo que a los funcionarios que trabajan en la Fiscalía no le acaba de cuadrar son algunas incongruencias apuntadas por Bárcenas, quien parece distribuía el dinero a su antojo. Ahora, la IGAE ha detectado que algunos de esos apuntes no iban a miembros del PP, sino a una cuenta de su mujer en la entidad Caja Madrid, durante los años 2004, 2005 y 2006. 

Hay una entrada de dinero de 270.000 euros, otra de 149.000 y una tercera de 560.000 en la cuenta de Caja Madrid de Rosalía Iglesias que, según la Intervención General del Estado adscrita a la Fiscalía, “coinciden con movimientos que aparecen en la Caja B que Luis Bárcenas dice haber gestionado”.

Para los investigadores que trabajan para la Fiscalía, que ha existido una financiación irregular dentro del PP está lejos de toda dudaCon el ingreso de 270.000 euros, Iglesias justificó ante la Agencia Tributaria que su origen era la transmisión de un bodegón. Sin embargo, los inspectores señalan que dos días antes se ingresaron en su cuenta 120.000 euros. “¿Pudo Bárcenas anotar en sus papeles una entrega de 50.000 euros (que según el extesorero proceden de la empresa Rubau) que en realidad ingresó en la cuenta de Caja Madrid de su esposa? Es posible esa y otras explicaciones”, señala el documento.

Los técnicos pretenden explicar en su informe que no se puede confundir el saldo que aparece en los papeles, aunque esté verificado por alguien, con la realidad. “En nuestros informes de febrero de 2014 y junio de 2013 decíamos que los papeles de Bárcenas mostraban numerosas diferencias entre los saldos que Luis Bárcenas y la persona que visaba los movimientos decían tener y los que se deducían de los movimientos previos reflejados en ellos. De hecho, en nuestros informes previos decimos que en ese momento (2004) faltaban 60.000 euros del saldo de la Caja B”, señalan.

Tampoco acaba de cuadrar que en un momento determinado el dinero de la caja sea negativo, cuando se trata de dinero en efectivo y, por tanto, nunca podría estar por debajo de cero.

La reforma de Génova, el fleco pendiente

El único fleco que está pendiente es lo que ocurre con el arquitecto que contrató el PP para acometer la reforma de la sede central en la calle Génova. Según los apuntes, cobró de la caja B 888.000 euros. Gonzalo Urquijo explicó ante el juez que algunas formas de actuar dentro el PP le parecían extrañas, como tener que firmar siempre un recibí cada vez que le entregaban un cheque, o que el dinero entraba de repente y entonces le llamaban e iba rápidamente a la sede a cobrar.

El juez Pablo Ruz. (Efe)Sin embargo, ha negado haber cobrado en B, parte que está pendiente de confirmar por la Policía. Es el informe que Ruz ha requerido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que ha estado centrada en cerrar los informes definitivos del caso Gürtel. Una vez que han sido entregados al magistrado, ya trabaja de lleno en la elaboración de este documento, por el que se podría acusar al dueño de Unifica, Urquijo, de un delito fiscal y Bárcenas podría ser inculpado como cooperador necesario.

De todas maneras, estas fuentes aclaran que, si no Bárcenas, fue su entorno más próximo quien sacó a la luz estos apuntes contables y, por tanto, él tenía bien estudiado que de lo aparecido no se le puede acusar de ningún delito. Las sospechas de aquellos que se han estudiado esta causa es que el extesorero lo tenía muy medido para hacer daño políticamente al partido que le dio de lado cuando se conocieron sus cuentas en Suiza con 48 millones de euros, pero que no le salpicará nada penalmente.

El contrato de la basura en Toledo

También está pendiente la parte relacionada con un contrato de basura concedido por el Ayuntamiento de Toledo a la empresa Sufi, filial de Sacyr, y por el que Bárcenas intentó implicar a la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Tampoco consideran que haya suficientes pruebas para seguir adelante con ese caso, que, aun así, sería en todo caso competencia del Tribunal Superior de Justicia castellano-manchego.

Pese a todo lo anterior, esta es la postura de la Fiscalía. Todavía está pendiente que el juez reciba los informes solicitados por sus peritos judiciales y las acusaciones siguen analizando contratos de las empresas que presuntamente pagaron donaciones por si encuentran coincidencias dignas de investigar.

Fuente: elconfidencial.com - Carlota Guindal - 17/03/2014

 

 

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