En el artículo 7 del proyecto se señala que las mutuas podrán proponer el alta de un trabajador cuando consideren que no se encuentra impedido para el trabajo. Añade el articulado que si en el plazo establecido, hasta ocho días hábiles dependiendo de a quien se dirija la petición, “ésta no hubiera recibido pronunciamiento expreso (...) entenderá que la propuesta ha sido estimada”.
FACUA critica que las altas médicas puedan aprobarse por silencio administrativo en unos momentos de recortes y deterioro de la sanidad pública provocado por el actual Gobierno que se aprovecha de una situación que él mismo ha creado.
La asociación entiende, al igual que la Sociedad Española de Medicina Familiar y comunitaria (Semfyc) y la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (Faiss), que el alta médica, es decir, la decisión de si una persona enferma está lista para volver a trabajar debe decidirlo un médico o un inspector con criterio médico.
La asociación considera el proyecto de Real Decreto un nuevo ataque a los derechos de los pacientes y lamenta que el Gobierno siga avanzando en la desmantelación de la sanidad pública. FACUA entiende que poner en manos de una de las partes interesadas, como es la mutua que financia la prestación, la decisión de si un trabajador está capacitado o no para recibir el alta médica y volver al trabajo es un despropósito.
Si (
No(
