Cospedal acusa al Gobierno de irresponsable por intentar dividir a la sociedad española con la retirada de crucifijos

María Dolores de Cospedal, afirmó que la posible retirada de signos religiosos de centros educativos "trasciende lo religioso" y mostró sus dudas si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "también va a prohibir" los belenes, las cabalgatas de los Reyes Magos o "van a dejar de ser fiesta" la Navidad o la Nochebuena.

En una entrevista en la Cadena Cope, De Cospedal ha asegurado hoy que el Gobierno tiene una "falta de responsabilidad que no tiene nombre" al ocuparse de temas como el de la retirada de los crucifijos de los colegios, cuyo objetivo es dividir a la sociedad.

La Comisión de Educación del Congreso instó este martes al Gobierno a que se retiren los símbolos religiosos de los centros educativos, tras aprobarse una iniciativa del grupo de ERC-IU-ICV, transaccionada por el PSOE.

DESVIAR LA ATENCIÓN PARA FRENAR EL DESCRÉDITO

De Cospedal ha recalcado que José Luis Rodríguez Zapatero "es el presidente de la democracia que menos crédito tiene en la población, que más rápidamente ha perdido la confianza de los españoles de cualquier condición y tendencia ideológica, y que menos credibilidad inspira fuera de nuestras fronteras". Por eso pretende desviar la atención originando "otra polémica acerca de un tema muy sensible que afecta a la ética, a la moral y a las convicciones mas íntimas de las personas, como pueden ser las convicciones religiosas o culturales", y "se deja de hablar de lo que esta pasando de verdad: del fiasco de la Ley de Economía Sostenible o de más de 4,3 millones de parados".

Cospedal ha dicho que esta es "una de las formas de actuar que tiene Zapatero desde que llegó al Gobierno".

En este sentido, ha comentado que no sabe si ahora que llega la Navidad, el PSOE va a ir más allá, y va a "prohibir los belenes, las cabalgatas de Reyes, o va a dejar de ser fiesta Nochebuena o Navidad".

EL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO QUE SE RETIREN LOS CRUCIFIJOS DE LOS AULAS

El Congreso de los Diputados aprobó anoche una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aplicar en todos los centros escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que asegura que los crucifijos en las aulas son "una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y de "la libertad de religión de los alumnos".

La iniciativa aprobada en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso surgió de un texto propuesto por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que posteriormente fue modificado y pactado con el PSOE. La proposición no de ley acordada entre socialistas y republicanos contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PP y CiU. El resultado de la votación fue 20 votos a favor y 16 en contra.

El primer sorprendido por la actitud de los socialistas fue el diputado de ERC Tardá, que afirmaba que los socialistas "no tenían ninguna necesidad de llegar a un acuerdo con los republicanos, con la que esta cayendo y podrían haber despachado la iniciativa con una enmienda a la baja o con un voto en contra".

El portavoz del PSOE, Luis Tomás, dijo que el Gobierno quiere dar pasos para alcanzar "la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado, una laicidad que respeta el hecho religioso pero que exige igualdad ante la ley y que ninguna confesión goce de trato de favor en sus relaciones con el poder".

Por parte del PP, Juan Antonio Gómez Trinidad, acusó al PSOE de "campeón de la incoherencia y de la ambigüedad" y criticó que origine una batalla con una iniciativa "inoportuna cuando existen problemas mucho más importantes en la educación española". "Están generando un conflicto educativo innecesario", sentenció. A su juicio, "hay que ser fanático o intransigente para sentirse agredido por el crucifijo, la Estrella de David o la Media Luna Roja".

Por su parte, Merc Pigem (CiU) resaltó se posicionó en contra del texto por considerar que "siendo los símbolos religiosos parte de la cultura del Estado, se trata de un asunto "muy frondoso en el que no queremos entrar" y reivindicó la autonomía de los centros, "en los que no se puede ni prohibir ni imponer".

El ministro de Educación, Angel Gabilondo, ha dejado abierta la posibilidad de que la medida se aplique tanto en centros públicos como privados. Al ser preguntado al respecto recordaba que la propuesta de ERC "hablaba de los públicos", mientras que "la resolución no hace mención expresa a los centros públicos". "Lo que quiero decir es que la Constitución es para todos y, por tanto, las disposiciones que se hagan se dirigirán a los ciudadanos", concluyó.

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares,no coincide con el criterio del Ministro y subrayó que la retirada de los símbolos religiosos sólo es aplicable a la escuela pública y no afecta a los centro privados. "No creo que los centro religiosos vayan a admitir que en sus dependencias no haya símbolos religiosos --aseveró--. Nadie le va a decir a la Iglesia que en sus templos o en sus colegios no tenga sus símbolos. Esto no es un Estado autoritario, sino democrático".

El presidente del Congreso, José Bono, rehusó dar una opinión sobre la retirada de crucifijos de los centros educativos si bien dejó claro que ya se sabe lo que él piensa y siente sobre esta cuestión. "Al presidente del Congreso no le corresponde formar criterio a este respecto ni sobre cualquier asunto que aquí se tramita"."No quiero ser protagonista ni regalarles un titular" aseguró Bono.

Tras el debate, el presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, Marcial Cuquerella, aseguró que la retirada de crucifijos de los centros de enseñanza españoles "muestra la intolerancia del laicismo hacia el catolicismo", subrayando que la iniciativa parlamentaria "no atiende a ninguna demanda social" y atenta contra "el sentimiento religioso de la mayoría" de ciudadanos españoles.

"El Gobierno ha intentado resolver un problema que no había, trasladando a los alumnos un mensaje de intolerancia frente a una religión, y no un mensaje de respeto a las mayorías. La mayoría, en este caso, elige mantener el crucifijo, y esta norma daña la Constitución", concluyó.

Esta nueva normativa insta al Gobierno a aplicar en todos los centros escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La sentencia, hecha pública a principios del pasado mes, respondía al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases.