Los profesionales de la sanidad andaluza emiten casi 4.000 partes judiciales por agresiones a mujeres

Estos nuevos documentos permiten, por tanto, registrar tanto las lesiones físicas como las psíquicas, así como el estado en el que llega la mujer agredida, lo que permite facilitar la actuación judicial y ofrecer una mejor información a los servicios jurídicos. Está previsto, además, incluirlos en la historia de salud digital única, lo que permitirá eliminar el papel en este tipo de trámites.

La distribución del total de partes judiciales emitidos en el primer semestre del año proceden, el número de importancia de Málaga, Sevilla, Cádiz, Almería, Granada, Córdoba, Huelva y Jaén respectivamente.

Dentro del plan formativo elaborado por la dirección general de Personal del Servicio Andaluz de Salud, un total de 2.622 profesionales sanitarios han participado este año en alguno de los 47 cursos repartidos por todas las provincias andaluzas, sobre violencia de género que tienen como finalidad incrementar la sensibilidad de los profesionales sanitarios ante este tipo de situaciones violentas, así como a mejorar su detección precoz.

El programa formativo se completará con la creación de la Red FORMMA (Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres) que incluye actividades de sensibilización dirigidas a todo el personal del sistema sanitario público, un curso de formación básica en el abordaje del maltrato contra las mujeres dirigido a colectivos profesionales preferentes por su implicación en la atención a las mujeres que viven situaciones de maltrato, y un programa de formador de formadores, dirigido a personal con conocimientos previos en el tema y con experiencia docente que puedan seguir colaborando en la realización de talleres.

Por su parte, la Consejería de Salud ha elaborado y editado el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, resultado de la adaptación realizada del protocolo común aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esta guía establece pautas de actuación para la detección precoz y atención integral a las mujeres que viven una situación de violencia de género.