Los puntos débiles de la Corona: ¿qué debería cambiar para ser más actual y estar más regulada?

Analizamos los aspectos más criticados de su funcionamiento actual.

La monarquía española no pasa por uno de sus mejores momentos. Aunque desde hace unos meses muestra leves signos de cambio, con gestos concretos destinados a recuperar la confianza de la opinión pública —como las disculpas a pie de hospital—, el accidente del rey en Botsuana, la imputación de Iñaki Urdangarin, duque de Palma, y algunos episodios más han puesto a la familia real en una posición complicada.
Mientras la mayoría de la clase política muestra su apoyo al monarca, los más críticos con su figura han comenzado a cuestionar el futuro de la Jefatura del Estado, al menos en los términos actuales. La Corona, cuyo funcionamiento está regulado por la Constitución, tiene por delante un largo camino si quiere adaptarse a los nuevos tiempos. Empezando por su política de comunicación y terminando por las cuestiones legales.
Hacemos un repaso de todos aquellos aspectos que, por un lado, son blanco de las críticas por parte de ciertos sectores de la sociedad, y por otro, podrían ser también, en algunos casos, susceptibles de revisión por parte de la institución.

Ley de Transparencia

La exclusión de la Casa del Rey del articulado de la ley de Transparencia ha causado sorpresa entre varios partidos políticos y colectivos. El Gobierno explica que no es "una administración pública" y que por eso no tiene por qué estar sometida a este control.
La norma impedirá a los altos cargos, por ejemplo, aceptar regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". El último viaje del rey, un safari a Botsuana para cazar elefantes, fue costeado, según publicó El Mundo, por el magnate hispanosirio Mohamed Eyad Kayali. ¿Superaría esto los usos de cortesía?   
"No tiene sentido que la casa real se quede fuera, no hay un argumento jurídico", explica a 20minutos.es Victoria Anderica, abogada en Access Info Europe, "ninguno de los órganos constitucionales, como el Tribunal de Cuentas o el CGPJ, que sí están incluidos, forma parte de la Administración", añade.
Además, según el Real Decreto 1677/1987, de 30 de diciembre, que regula el funcionamiento de la Casa del Rey, esta aplica determinados "principios y criterios de la Administración del Estado". De hecho, en la casa trabajan muchos funcionarios. La futura ley, según Anderica, se queda de momento en un "reconocimiento parcial" del derecho de acceso a la información sobre la actividad pública.

Presupuesto de la Corona

La fiscalización de las cuentas de la Casa del Rey es otra reivindicación tradicional. El pasado mes de diciembre la casa real hizo público por primera vez un desglose del presupuesto que le asigna el Estado y de los gastos en los que incurre. Pero muchos apartados quedaron sin aclarar.
La gente es consciente de que hay mucho dinero moviéndose y quiere saber"En España tenemos un problema de confianza hacia la gente", dice Anderica, que cree que la casa real debería publicar de forma íntegra en su web, "como hace la monarquía británica”, todas y cada una de las partidas de gasto. "La gente es consciente de que hay mucho dinero moviéndose y quiere saber", explica, "y probablemente no haya nada fuera de lo normal", pero no se cuenta.
La abogada opina, por ejemplo, que el viaje a Botsuana "no es una cuestión de transparencia, sino de conflicto de intereses", pero si la reina tiene que ir a 40 actos y necesita ir bien peinada y vestida, es normal que haya gastos en este sentido. "Es su trabajo, lo vamos a entender", dice, aludiendo a un "paternalismo" incomprensible por parte de la casa real hacia los ciudadanos.
El presupuesto de la casa real es "complejo", porque además de los 8,43 millones de euros considerados en los PGE, hay gastos de seguridad, de viajes al exterior, del parque móvil y de personal, entre otros, que se reparten varios ministerios. Y no todos detallan las cantidades.

Viajes oficiales y privados.

La familia real realiza viajes de carácter oficial, que constan en su agenda, pero también, evidentemente, realiza otros de carácter privado.
"El presidente del Gobierno sabe siempre dónde está el jefe del Estado", aseguró hace unos días el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán reclamaba, por su parte, que los "contactos con políticos, empresarios o financieros" durante algunos de esos viajes no oficiales deberían ser públicos si tienen después alguna "repercusión", que podría ser, por ejemplo, comercial o diplomática.
Hasta que el rey tuvo el accidente de caza, nadie, salvo algunos miembros del Gobierno, sabía dónde estabaEn la web de la casa real pueden consultarse las "actividades" y los "viajes oficiales" de toda la familia real. Aunque, por ejemplo, no constan sus vacaciones privadas. Hasta que el rey tuvo el accidente de caza, nadie, salvo algunos miembros del Gobierno, sabía dónde estaba, aunque las preguntas surgieron a raíz de su no visita hospitalaria a su nieto Froilán.
Antes de ir a Botsuana, don Juan Carlos realizó "un viaje de trabajo a Kuwait con el objetivo de reforzar las relaciones políticas y económicas" entre ambos países. No se dieron muchos detalles de su contenido y no le acompañó ningún miembro del Gobierno, aunque Mariano Rajoy estuvo al tanto de todo y su "refrendo tácito" avaló todo lo ocurrido durante la visita del monarca.
Según publicó El País justo después de que el rey se disculpara, muchos de estos problemas se irán solucionando de manera progresiva mediante algunos cambios en "los usos y costumbres" de la casa real. Además, incursiones como la de Botsuana no se producirán más.

Comunicación

Todas estas cosas redundan en una política de comunicación que, tradicionalmente, ha sido más traslúcida que transparente. Los anuncios y las confirmaciones de la casa real sobre cualquier asunto siempre se realizan a través de comunicados oficiales. Cualquier información publicada fuera de ellos no suele ser ni confirmada ni desmentida.
El lenguaje que utiliza la institución suele ser cuestionadoEl lenguaje que utiliza la institución, además, suele ser cuestionado, por ejemplo, por expresiones como "cese temporal de la convivencia conyugal" para referirse a una separación matrimonial. Por eso, las disculpas que el rey ofreció el miércoles tras su operación de cadera fueron todo un revulsivo: reconoció con palabras muy claras que se había equivocado.
Aunque para varios analistas aquello constituyó un ejemplo de comunicación, Anderica opina lo contrario. El pasado mes de junio la casa real decidió limitar tras un enfado del rey el acceso de los medios de comunicación a las audiencias en La Zarzuela y El Pardo, aunque después rectificó.
Medidas como esa o como la de no contestar preguntas "atentan contra la libertad de prensa", dice la abogada, y "nunca hablamos de ellas, pero luego sí aplaudimos los gestos pequeños". Sobre la imputación de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos y todo lo derivado del sumario del proceso, desvelado por partes en la prensa, la institución ha mantenido una política comunicativa relativamente hermética, aunque sí ha salido en ocasiones puntuales al paso de ciertos rumores.

Iglesia Católica

La relación entre la casa real y la Iglesia en nuestro país viene de lejos, sobre todo en términos de significación expresa. Para empezar, todas las bodas de los miembros de la familia real han sido religiosas y algunos de los actos que constan en su agenda son "misas", como por ejemplo, la misa del Domingo de Resurrección en Palma de Mallorca, última "actividad" —que no acto oficial— del rey.
Esto suele suscitar críticas recurrentes de asociaciones y algunas formaciones políticas, aunque forme parte de la vertiente privada de la familia real, por tratarse el Estado español de un Estado aconfesional. Lo mismo ocurre con el protocolo tradicional dispuesto en las juras o promesas de cargo de miembros de Gobierno en el Palacio de la Zarzuela, que incluye siempre una Biblia y un crucifijo.

Abdicaciones y renuncias

Hay muchos aspectos relativos al funcionamiento de la Corona que siguen sin estar regulados legalmente. Por ejemplo, el artículo 57.5 de la Constitución, que determina que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona" deben ser resueltos "por una Ley orgánica" que aún no ha visto la luz.
Cualquier modificación del título 2 de la Carta, el que se refiere a la Corona, requiere de un "procedimiento agravado"La Corona, explica a 20minutos.es el abogado Juan Manuel Herreros, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad a Distancia de Madrid, está "muy blindada" desde el punto de vista constitucional "desde el proceso constituyente". Se le quiso dar entonces una protección máxima porque se consideraba a la monarquía un elemento "esencial y fundamental" de la democracia.
Por eso, cualquier modificación del título 2 de la Carta, el que se refiere a la Corona, requiere de un "procedimiento agravado". Es decir, que hace falta un consenso político muy elevado. Primero, se necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, Congreso y Senado; si se consigue, las Cortes se disuelven y se convocan elecciones generales. "A ver qué Gobierno está a favor de eso", explica el profesor.    
Pero eso no es todo. Las Cortes resultantes de esas elecciones tienen que ratificar de nuevo por mayoría de dos tercios lo aprobado y se convocaría un referéndum popular. En su momento esto "tenía un sentido y una lógica", pero ahora parecen no tenerlo "tanto", sobre todo para ciertos apartados que podrían haber sido reformados hace ya bastante tiempo.

Heredero varón

La Constitución otorga una preferencia al varón sobre la mujer en la sucesión al trono. El artículo en cuestión —57.1—, a pesar de haber quedado "desfasado" en pleno siglo XXI, ha visto aplazada y aparcada su reforma varias veces en los últimos años. Para Herreros, "casa mal con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y también con una "sociedad moderna".
De nuevo, para reformar este artículo, sería necesario todo el procedimiento agravado explicado en el punto anterior. Para el abogado, en este y otros aspectos, como la inclusión de una mayor transparencia, en general, en el real decreto de la casa del rey, hace falta "voluntad política"; "no estoy seguro de que exista", concluye.

Inviolabilidad del Jefe de Estado

"La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Este apartado de la Constitución es también polémico y ha vuelto al debate tras las últimas informaciones relativas a la pieza separada del caso Palma Arena relativa al Instituto Nóos. Si el rey resultara afectado por un proceso judicial, la consecuencia es que no sería juzgado ni llamado a declarar.