El miedo a que los abusos y las violaciones a los derechos humanos se multipliquen impunemente durante los operativos castrenses ha movilizado a defensores públicos, abogados, académicos y activistas a lo largo de Rio, pero muy especialmente a organizaciones de vecinos en las favelas, señaló AFP.
Sus propuestas son amplias: desde un grupo encriptado de WhatsApp para hacer denuncias anónimas que luego son encaminadas por expertos a organismos públicos, tutoriales distribuidos en redes para saber cómo afrontar los operativos o cursos de cómo grabar con celular posibles abordajes abusivos... hasta una Comisión "Popular" de la Verdad.
"La intervención nos genera ansiedad, no sabemos cómo será. Protegernos del Estado no es una cosa nueva, de ahora, pero necesitamos fortalecer nuestras redes para el golpe bajo que nos pueden dar", dice Thainã de Medeiros, del colectivo Papo Reto de Complexo de Alemao, una de las favelas más violentas de Río.
Medeiros participó esta semana en el lanzamiento del 'Observatorio de la Intervención', capitaneado por el prestigioso Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cándido Mendes y que contará con la colaboración de entidades como Amnistía Internacional o la fiscalía brasileña y "consejeros" de la mayoría de las favelas de la ciudad.
Datos frente a ¿una "manipulación"?
La idea del observatorio es vigilar con trabajo de campo, datos y estadísticas las operaciones de la intervención federal en toda el área de seguridad de Río, decretada por el presidente Michel Temer el 16 de febrero.
La medida, inédita desde la restauración de la democracia en 1985 y que deberá extenderse hasta finales de diciembre, genera muchas suspicacias, entre otras cosas porque los soldados solo podrán responder ante tribunales militares.
Sin una hoja de ruta clara todavía, nadie pierde de vista que la intervención sacó de la agenda gubernamental la imposible aprobación de la reforma de jubilaciones que el mercado reclamaba a Temer. El presidente más impopular de la historia de Brasil ganó, además, el apoyo de una parte de la población carioca, hastiada de la espiral de violencia en la que cayó Río tras los Juegos Olímpicos de 2016.
Casi un mes después del decreto, los militares ya acumulan críticas por haber "fichado" a habitantes de una favela, impidiéndoles circular hasta chequear, tomándoles fotografías con su carnet de identidad en mano, que no tuvieran órdenes de captura.
"Nos preocupa que con la intervención aumenten y se creen nuevas violaciones o intimidaciones como esta. Es un momento de excepcionalidad en la legislación brasileña y sus consecuencias aún no están muy claras. Hay una necesidad enorme de controlar y vigilar, de tener mecanismos contra la posible manipulación" gubernamental de resultados, advierte Silvia Ramos, una de las coordinadoras del Observatorio.
Los analistas estiman que el comando de los militares podría disminuir inicialmente los índices de violencia, pero también que la medida es insostenible y no ataca las causas principales de la inseguridad.
Además de boletines mensuales sobre los operativos, los recursos económicos usados, las detenciones o los atropellos a las libertades cívicas, el observatorio realizará la semana que viene con Datafolha una encuesta de victimización y percepción a 1.000 personas y hará otra al final del proceso.
El proyecto ya recibió los aplausos del comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, que enfatizó "la importancia de la participación de la sociedad civil en este organismo".
Comisión "Popular" de la Verdad
El comisionado condenó los pedidos de las fuerzas armadas brasileñas para gozar de estatutos "que equivalen, en realidad, a una amnistía preventiva para cualquier militar que cometa violaciones de derechos humanos".
Al Hussein se refería a las declaraciones del general en jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, que dijo que quería "garantías para poder actuar sin el riesgo de que surja una nueva Comisión de la Verdad", la que examinó los crímenes de la dictadura militar (1964-1985).
Ante eso, la Federación de las Asociaciones de Favelas de Rio (Faferj) se ha propuesto crear la Comisión "Popular" de la Verdad.
Y el propio Temer anunció la creación de una comisión, el "ObservaRío", para investigar eventuales violaciones de derechos humanos durante la intervención.
Sin embargo, Silvia Ramos tiene un temor: "Al principio todos los ojos están ahí, pero de aquí a tres meses a nadie más le va a importar. Habrá tiroteos en las favelas y todo el mundo lo verá normal".
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