Este anuncio lo hizo el Presidente de la República, Rafael Correa, al presentar el pasado sábado desde la población amazónica de Loreto su informe semanal de labores, precisando que la Junta Bancaria del Ecuador, entidad que fija las políticas para el sector financiero, se reunirá en los próximos días para adoptar las medidas necesarias.
El Presidente anunció, asimismo, que solicitará que se considere inconstitucional la prenda general bancaria, figura legal por la que los bancos ecuatorianos, en el caso del impago de las cuotas, pueden embargar las viviendas adquiridas mediante créditos hipotecarios y, además, mantener viva la deuda, normativa esta que, según afirmó el mandatario, también se aplica para los bancos locales al igual que en los de España.
El mandatario cuestionó que, a pesar de que la garantía de pago para la adquisición de viviendas es el propio inmueble, existan casos en que ante la incapacidad de pagar la deuda y pese a la entrega de la vivienda, las obligaciones se mantengan vigentes.
Hace dos semanas, a su regreso de un viaje a Turquía, el presidente ecuatoriano efectuó una breve escala en Madrid donde, entre otras cosas, trató con el presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, sobre el problema de las deudas hipotecarias que según algunos observadores afecta sobre todo a los migrantes ecuatorianos.
Ecuador ha designado a un equipo de abogados especializados en asuntos migratorios e hipotecarios para que preste en España un servicio de asesoramiento jurídico para los ecuatorianos afectados por las deudas hipotecarias y, paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador conformó en España un grupo de trabajo para recopilar todos los datos de los migrantes afectados por créditos impagos, desahucios, pérdida de sus viviendas y otros problemas sociales graves como el desempleo y bajos ingresos.
Por otra parte, la Embajadora del Ecuador en España, Aminta Buenaño, ha sostenido diversos diálogos con los dirigentes de la plataforma de hipotecarios ecuatorianos, reafirmándoles el apoyo solidario del Gobierno en la defensa y protección de sus derechos.
A su vez también, la Jefa de Misión y el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira se entrevistaron en días pasados con la Defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava de Llano, quien destacó la importancia del apoyo que está ofreciendo el Gobierno ecuatoriano, a través de la Embajada, a la comunidad de migrantes que atraviesan por los problemas de las deudas hipotecarias, y que según diversas estimaciones podrían ser entre 8.000 y 15.000 afectados.
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