El decreto por la prohibición de oferta sexual, trajo algunas polémicas

Se crea una oficina de monitoreo que permitirá al Ministerio de Justicia y el Consejo de la Mujer, articulen un control contra la trata. Esta oficina trabajará junto a la oficina de rescate y al consejo. Se cree que los avisos que abundaban en el llamado RUBRO 59 tienen una estrecha relación con la trata y abuso o explotación de personas de ambos géneros pero que recae aún más en la mujer, incluso en niños.

La presidente dijo que se dio un gran paso contra la trata pero también contra la discriminación, ya que es sumamente denigrante la oferta pública de sexo. Dijo que condena los avisos pero no la prostitución en sí y que no es a la mujer a la que se persigue con estas medidas sino a los que hacen un gran negocio de todo esto.

Por otra parte Aníbal Fernández, jefe de gabinete, aseguró que cada provincia debe regular la situación de los prostíbulos y puede permitirlos o no a modo de frenar la trata de personas dentro de un marco regulatorio según cada necesidad provincial.

El Departamento de Estado norteamericano lanzó un duro informe contra el gobierno argentino aludiendo a que éste no hacía todo lo necesario contra la trata de personas.

Ha aumentado mucho la trata entre 2009 y 2010, desapareciendo en este lapso 700 mujeres, jóvenes y niñas con fines de explotación sexual. Pero Cristina Fernández aseguró que desde 2008 hasta hoy se rescataron 2211 personas, de las cuales 1000 fueron liberadas en los últimos meses.

Según las Naciones Unidas, mundialmente se mueven 32.000 millones de dólares y mueren 4 millones de mujeres al año por estos negociados.

La Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) levantó su voz contra la medida pues cree que esto puede generar beneficio a las grandes redes de tratantes. Mediante un comunicado aseguró AMMAR que se diferencian de las víctimas de trata ya que ellas no son tratadas, ni obligadas, ni secuestradas, ni se sienten más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales.

Distintas asociaciones y personajes públicos salieron al paso con comentarios a favor o en contra de la medida, tal es el caso de Eva Giberti psicoanalista y titular del programa "Víctimas contra la violencia" que elogió, al igual que la diputada Cecilia Moreau del radicalismo bonaerense, el decreto.

En tanto, como dijimos AMMAR no se mostró en total conformidad,  ya que explicó que no se debe cercenar un derecho que permita la publicación de una oferta de trabajo que, para las mujeres más débiles y menos pudientes era un modo fácil de llegar a sus clientes, y de este modo será  más seguro recurrir al proxeneta o redes de tratantes. El diputado nacional Gustavo Ferrari dijo que esto no era una medida eficaz y que lo que se debía era tratar la ley (con dictamen desde 2010) que no ha sido tratada aún en el recinto de Diputados para dar una mecánica integral en la lucha contra la trata.

En el decreto promulgado ayer se hace constar que las víctimas no son punibles del delito de haber sido objeto de trata, que tienen derecho a asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita.

Si las víctimas son menores de edad, se eleva a 10 años la prisión para los detenidos y si fueren menores de 13 años, serán 15 años de prisión efectiva. También serán de 10 años en caso de que exista parentesco entre  el culpable y la víctima. En caso de ser mayor de 18 años deberá probarse que hubo captación, secuestro u obligación mediante la fuerza, en caso de menores, no. También se incluye en el decreto la pena por la captación y secuestro para las prácticas de esclavitud, trabajos forzados y extracción ilegal de órganos y tejidos.