"Cuando se pueden vulnerar las garantías constitucionales de los ciudadanos no existe otro camino que la Asamblea Constituyente", afirmó en una rueda de prensa Blasco Peñaherrera, quien preside el Comité Empresarial Ecuatoriano.
A juicio del representante de los empresarios ecuatorianos, las diez preguntas planteadas por Correa afectan los derechos reconocidos en la Carta Magna, aprobada en el 2008 por iniciativa del Gobierno.
La Corte Constitucional analiza actualmente la legalidad de las preguntas de la consulta popular, en la que se aborda la reforma del sistema judicial, restricciones a las propiedades de la banca y los medios de comunicación, y el control de algunos contenidos de la prensa.
Peñaherrera enfatizó que si ese órgano permite que la consulta popular siga adelante "se habrá producido un golpe a la democracia" en el país y una violación del estado de derecho y del debido proceso.
Los asesores jurídicos del Comité, que agrupa a las federaciones empresariales del país, mantienen que la consulta incumple los artículos 441, 442 y 444 de la Constitución, que permiten que se apruebe una enmienda en referendo siempre que "no establezca restricciones a los derechos o garantías".
Peñaherrera dijo que le preocupa "que un poder del Estado pretenda influir, pretenda decidir, sobre las nominaciones de otro poder", en referencia a la propuesta de reestructuración de la justicia, un proceso que puede quedar en manos de Correa, según el texto actual de las preguntas.
Peñaherrera afirmó que el Comité Empresarial solicitó a la Corte Constitucional ser recibido para plantear sus objeciones.
Nina Pacari, la magistrada que se encarga del estudio de las cinco preguntas de la consulta que implican una enmienda constitucional, ha dicho estar abierta a recibir comentarios del público al respecto.
El juez Roberto Bhrunis se ocupa de las otras cinco, que conllevan cambios en la normativa pero no en la Carta Magna.
Las cinco preguntas que conllevan un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, así como la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros.
El plebiscito propone, por último, la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios.
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