Y apenas unas semanas después, la frontera española con Marruecos volvió a colocarnos delante de una realidad que ninguna ley puede ignorar. El 30 de julio, Ceuta sufrió una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, de una magnitud extraordinaria. Miles de personas llegaron a territorio español y la ciudad quedó sometida a una presión humanitaria y administrativa excepcional.
Días después Marruecos reforzó sus efectivos para impedir nuevos intentos de entrada, mientras España hacía lo propio en la frontera.
La pregunta resulta inevitable: ¿Cómo se aplicaría el nuevo Pacto europeo ante una situación semejante? La respuesta, en teoría, es clara. Ya no debería existir un sistema en el que una llegada masiva termine simplemente convirtiéndose en una acumulación indefinida de personas pendientes de resolver su situación. El nuevo modelo establece identificación, registro, controles de seguridad y procedimientos fronterizos de asilo para determinadas categorías. Las solicitudes deben examinarse individualmente, pero mediante procedimientos más uniformes y eficientes.
Quien necesite protección internacional tiene derecho a solicitarla. Pero quien no reúna los requisitos para permanecer en Europa debe entrar en un procedimiento de retorno. Esa es precisamente una de las grandes novedades del pacto: asilo para quien tenga derecho a protección y retorno para quien no lo tenga.
El problema aparece cuando la teoría se encuentra con la realidad.
Porque mientras Bruselas diseña mecanismos, España tiene que afrontar inmediatamente los gastos de alojamiento, alimentación, asistencia, seguridad, atención sanitaria, transporte, personal y gestión administrativa. Y no hablamos únicamente de una cuestión presupuestaria. Hablamos de una presión que recae de manera especialmente intensa sobre territorios pequeños como Ceuta y Melilla, incapaces de absorber por sí solos una llegada extraordinaria.
Europa promete solidaridad. El nuevo sistema establece que los Estados miembros deben compartir responsabilidades con los países sometidos a mayor presión migratoria mediante reubicaciones, financiación u otras formas de apoyo. Pero la solidaridad europea no puede convertirse en una palabra tranquilizadora mientras el problema inmediato permanece sobre el terreno.
España necesita saber cuánto cuesta realmente este sistema, cuánto financia Bruselas y cuánto termina saliendo de los presupuestos españoles. Porque una cosa es defender el derecho internacional y la protección de quien verdaderamente huye de la persecución, y otra muy diferente aceptar que la gestión de una frontera exterior pueda convertirse en una factura creciente que nadie se atreve a cualificar con claridad.
Y hay otra cuestión todavía más delicada: Marruecos.
España depende en buena medida de la cooperación marroquí para contener los flujos migratorios. Cuando Marruecos controla la frontera, la presión disminuye; cuando la presión aumenta o el control falla, las consecuencias recaen inmediatamente sobre España. La reciente crisis de Ceuta ha demostrado hasta qué punto nuestra frontera exterior depende también de un país que no pertenece a la Unión Europea.
El nuevo Pacto europeo pretende precisamente que España no cargue sola con esa responsabilidad. Pero si una nueva avalancha vuelve a producirse, habrá que comprobar si los mecanismos creados funcionan en la practica o si llegan, como tantas veces, después de que el problema ya esté encima de la mesa.
España no puede elegir entre humanidad y seguridad. Necesita ambas.
Debe proteger al perseguido, atender al menor y respetar escrupulosamente los derechos fundamentales. Pero también debe controlar sus fronteras, combatir a las mafias, ejecutar las decisiones de retorno cuando legalmente correspondan y exigir a Europa una solidaridad real, no meramente administrativa.
Porque una frontera no puede funcionar únicamente cuando todo está tranquilo.
El verdadero examen del nuevo Pacto europeo no estará en Bruselas, sino en Ceuta y Melilla: cuando vuelva a llegar una multitud, entonces sabremos si Europa ha aprobado una ley o ha encontrado, por fin una solución.
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*Conchi Basilio: Es columista regular en artíiculos de Opinión en diversos medios digitales e independientes. Ha cursado Bachiller Superiro y posee una Diplomatura en Información y Turismo, cultiva la novela y la poesía como espacios de reflexión personal y libertad creativa.
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