El 34° Juzgado del Crimen de Santiago estará a cargo de contactar a los aludidos: el Banco de Chile, su presidente, Pablo Granifo, y, como responsables civiles subsidiarios, sus filiales Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos.
Después de que familiares de las víctimas del ex dictador reclamaran colaboración a la justicia chilena, la cooperación judicial validada por el máximo tribunal de ese país permitirá que la causa, que la Audiencia española ordenó reabrir en un auto del 13 de enero de 2021, avance ahora en Madrid tras permanecer paralizada desde 2012.
El dictamen de la Corte Suprema, fechado el lunes, 23 de agosto, señala que los argumentos de la defensa del Banco de Chile, representada por el abogado Raúl Tavolari, que apuntaban a una vulneración del orden público en caso de cumplirse la solicitud, "no encuentran sustento".
Y afirma: "Lo que se pretende es poner en conocimiento el auto dictado el trece de enero último, emanado de la Audiencia Nacional Española, en cuanto decretó el desarchivo y reapertura de la causa, sin que conste en los antecedentes remitidos algún pronunciamiento de fondo que pudiera afectar la competencia de los Tribunales Chilenos y, de esa manera, la soberanía nacional o, en su caso, el orden público, que es lo que permitiría a esta Corte denegar la cooperación internacional requerida en el marco del procedimiento penal de que se trata".
Los magistrados chilenos también mencionan el informe de la fiscal judicial Lya Cabello que trascendió la semana pasada en el que les recomendaba validar el exhorto basándose en el Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial suscrito entre ambos países.
Además, con cierto tono de cautela, recuerdan que "el cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias no implicará, en definitiva, el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdiccional requirente ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución de la sentencia que dictare".
"Una buena noticia”
La resolución del 13 de enero de 2021, que ordena la reapertura de la investigación en España, responde a una apelación presentada por la Fundación Presidente Allende presidida por el abogado español Joan Garcés, quien desde principios de los 90 ha dado la pelea en la justicia en distintas causas contra el dictador y sus cómplices. La acción judicial contra la familia Pinochet y sus cercanos fue impulsada en 2005 y ampliada contra el Banco de Chile en 2007.
La fundación representa a más de 20.000 víctimas de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas como la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de familiares de ejecutados políticos (AFEP).
Alicia Lira, presidenta de este último colectivo, aplaude el pronunciamiento de la Suprema: "Valoramos enormemente el fallo. Es un aporte y un avance hacia la verdad que tanto nos deben en lo penal, en lo social y en lo económico".
Según ella, "hay pruebas que no se han investigado sobre el blanqueo de dinero que hizo el dictador Pinochet con los recursos que saqueó durante la dictadura". Dice que ese capital "pertenece a Chile, a las víctimas, a los familiares y a esta sociedad".
Josefina Llidó, hermana del sacerdote alicantino Antoni Llidó, detenido y desaparecido en 1974, se muestra más escéptica: "Es una buena noticia, pero estamos acostumbrados a que la justicia sea muy lenta y a veces incumplidora de sus deberes. Tenemos que seguir exigiéndole".
Un precedente exitoso
Según fuentes cercanas a la causa, los hechos y fundamentos legales del caso Banco de Chile "guardan paralelismo" con el caso del banco estadounidense Riggs, hoy integrado en PNC Bank. Una causa que se inició gracias a la indagatoria que el Comité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos llevó a cabo tras la detención del dictador, en octubre de 1998. Fue entonces cuando se conocieron las millonarias cuentas bancarias secretas del dictador que involucraron primero al Banco Riggs y luego al Banco de Chile.
El caso estadounidense concluyó en 2005 "con un gran éxito" para la Audiencia Nacional, "sin precedente conocido", apuntan las fuentes. Tras llegar a un acuerdo extrajudicial con la Fundación Presidente Allende, los dueños del Riggs tuvieron que indemnizar con más de ocho millones de dólares a las víctimas de Pinochet "con dinero de su propio bolsillo". Con este precedente en el imaginario de los querellantes, las diligencias se retomarán ahora en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de Madrid.
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