El de Mehdi no es un caso aislado. Alquilar un piso se ha convertido en misión imposible para muchos migrantes. Un estudio del Ayuntamiento evidenció cómo los solicitantes de alquiler con apellido árabe tienen menos probabilidades de obtener respuesta de la inmobiliaria que los que tienen un nombre español. La discriminación llega hasta el punto de pedirle a un amigo de origen español que haga la llamada o cambiar de nombre.
Así le sucedió a Mehdi, un joven ingeniero llegado a Barcelona hace tres años. En su búsqueda de un lugar donde vivir, primero le tuvo que pedir ayuda a un amigo blanco que no se encontraba con ningún problema. "En mi caso no podía ni concertar la primera visita", relata Mehdi. Cuando por fin pensaba que se había acabado la discriminación y logró que una inmobiliaria empezara los trámites para alquilarle un piso, la discriminación volvió a aparecer.
Tras acreditar suficiente solvencia económica, enviar su contrato indefinido y sus últimas nóminas y pensar que todo estaba listo para firmar, Mehdi obtuvo la callada por respuesta. Pasó una semana y Mehdi seguía sin saber nada. El silencio de la inmobiliaria duró un mes, hasta que el joven advirtió de que si no querían alquilarle el piso al menos destruyeran su contrato y sus nóminas para proteger sus datos personales. Finalmente la empresa alegó que había alquilado el piso a otra persona.
La realidad era otra. Mehdi, con la ayuda de un amigo, logró acreditar que el piso seguía vacío y disponible para alquilar varias semanas después. "Tenía muy claro que era discriminación, pero es muy difícil demostrarlo. En mi caso lo hemos conseguido porque ellos han cometido errores", asevera Mehdi, que ha contado con el apoyo de la oficina para la no discriminación de Barcelona y la unidad de disciplina y antiacoso del instituto municipal de la vivienda.
"Quiero que mi caso sirva de ejemplo para defender los derechos de todos y para demostrar que la comunidad marroquí tiene herramientas para denunciar el racismo cotidiano", destaca Mehdi. Por su lado, el concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, destaca que la sanción no tiene afán recaudatorio sino que busca suponer un aviso para el sector: "Esperemos que el caso llegue a todos los operadores inmobiliarios para que eviten situaciones de racismo y discriminación en el acceso a la vivienda".
La sanción se ha impuesto en virtud de la ley catalana de vivienda de 2007, que prohíbe la discriminación directa en el acceso a una vivienda por razón de origen. Durante la tramitación del expediente, la propiedad, formada por tres personas físicas, y la inmobiliaria, alegaron que su comportamiento no fuera discriminatorio, pero el instituto municipal de vivienda las desestimó. Es la segunda vez que el Ayuntamiento de Barcelona sanciona un caso de discriminación, aunque en el primero la multa fue por un anuncio de un piso que se ofrecía solo a personas españolas.
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