En su auto, que recoge los escritos de acusación de Fiscalía, Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, PSOE, CCOO de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, el magistrado abre juicio oral en la pieza 2 del denominado caso Lezo por delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas.
Además de a Ignacio González, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 abre juicio oral al director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como a los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier. Estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid. Anticorrupción pide seis años de cárcel para cada uno de los cinco acusados.
La resolución judicial recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer al hermano del entonces vicepresidente, Pablo González, al que se adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto. En 2003, la empresa pública de aguas adjudicó a la constructora ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel modificaron el proyecto "con el fin de beneficiar a familiares" del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Esas variaciones, añade el auto, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación
El juez explica que González y De Miguel "convinieron con Dragados" que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, cuyos socios eran el hermano de González, Pablo Manuel, así como José Antonio Clemente y Juan José Caballero. Éste último es cuñado del exvicepresidente autonómico y, al igual que el hermano del político, "ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con él".
TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello, así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf— a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano Ignacio González, su cuñado y el socio de ambos, José Antonio Clemente, que recibieron en sobres de efectivo a través de 49 entregas.
Con posterioridad a esta modificación, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto. Así, el juez concluye que “esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros —381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo— fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”.
González, que estuvo más seis meses en prisión preventiva por esta causa, también está procesado en otras dos piezas del caso Lezo, por las que la Fiscalía pide ocho y cuatro años de prisión para él; y figura como imputado en el caso Púnica, en la rama donde se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Recientemente, Pablo González fue eximido de responsabilidad en la causa que investigaba la ocultación de dinero de procedencia ilícita junto a su hermano en el extranjero.
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