Según el texto, la resignificación del mausoleo que se prevé implicará "la reubicación" de cualquier resto mortal que ocupe un lugar "preeminente" en el recinto, como es el caso del fundador de la Falange Española, enterrado a los pies del altar mayor de la basílica.
Así lo ha confirmado el recién estrenado en su cargo ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a la reunión en La Moncloa. "Habrá que proceder a su exhumación", ha manifestado. La idea del Ejecutivo es hablar y pactar el proceso con los familiares de Primo de Rivera con el objetivo de llevarlo acabo "de manera acordada y sencilla para cumplir la ley" y evitar en todo lo posible una batalla similar a la que ocurrió con la familia Franco, que se opuso hasta el final. Según explican fuentes del Gobierno, ya con la exhumación del dictador se mantuvieron conversaciones con la familia del líder falangista, que trasladó al Ejecutivo su disposición a ello, pero su traslado no entró en el mismo paquete legal. Ahora, con la ley en la mano, ofrecerán a sus allegados la posibilidad de enterrarlo en las criptas, donde yacen los restos óseos de miles de represaliados y víctimas de la Guerra Civil, o llevárselo a otro lugar que deseen.
Al contrario que el dictador, la norma establece que Primo de Rivera (Madrid, 24 de abril de 1903) puede estar en el Valle de los Caídos porque fue ejecutado durante la contienda. De hecho, el texto estipula que los enterramientos tendrán el carácter de "cementerio civil" y solo podrán yacer en él los restos mortales de personas fallecidas a causa de la Guerra Civil "como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas". Es el caso del fundador de Falange, que tras el golpe de Estado contra el Gobierno de la Segunda República fue acusado de conspiración y rebelión militar y fue ejecutado el 20 de noviembre de 1936 en Alicante.
Enterrado primero en una fosa común, fue posteriormente trasladado al Monasterio del Escorial y 20 años más tarde, poco antes de su inauguración, la dictadura franquista lo enterró en el Valle de los Caídos para darle un lugar de honor y exaltación. En 1975 se hizo lo mismo con el cadáver de Franco. Tanto sacar al dictador como reinhumar al líder falangista fueron dos de las recomendaciones del informe que el Comité de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos elaboró durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Con todo, es aún una incógnita la fecha en la que podría llevarse a cabo, pues el primer paso es la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Democrática, que aún debe atravesar la tramitación en el Congreso y el Senado, donde estará sujeta a posibles modificaciones.
Qué le espera al Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos es la mayor fosa común de España. Se estima que en la basílica reposan los restos de 33.833 cadáveres de ambos bandos, algo más de 12.000 sin identificar y una buena parte de los republicanos, trasladados allí sin autorización y tan siquiera conocimiento de sus familias. Muchas han estado décadas buscándoles y reclaman sus exhumaciones, un proceso que se ha dilatado en el tiempo pero que desde el Gobierno aseguran que es "inminente" una vez el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, donde está el mausoleo fascista, ha aprobado la licencia de obras que permitirá desencallar 62 de estas exhumaciones, que son las solicitadas de momento por los familiares.
Además de la recuperación de estos restos, que se enfrentará a la complejidad de las obras en las que asesorará una comisión de expertos forenses, se prevé que el Valle de los Caídos atraviese un proceso de resignificación que aún falta por concretar. Será, eso sí, un lugar de memoria democrática que estará destinado "a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos", estipula el proyecto recién aprobado por el Consejo de Ministros.
Según añaden fuentes del Gobierno, una de las intenciones será visibilizar los nombres de las víctimas republicanas que allí queden finalmente, para intentar otorgarles el reconocimiento que sí tuvieron en su momento los fallecidos del bando nacional, homenajeados por la dictadura. La norma extinguirá, además, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y prevé la expulsión de los frailes benedictinos a través de un Real Decreto que se tramitará en paralelo y que se topará con toda probabilidad con la oposición de los monjes. El destino de la basílica, que el Gobierno no tiene intención de desacralizar, ya está negociándose entre el Ejecutivo y la Iglesia.
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