Una norma que, como adelantó elDiario.es, extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, gestionada por la comunidad dirigida por Santiago Cantera. Un Real Decreto, enmarcado dentro de una negociación que ya se está llevando a cabo con la Iglesia Católica, obligará a que los religiosos (una veintena, sin contar novicios, postulantes ni, por supuesto, los estudiantes de la Escolanía) abandonen el recinto, que pasará a control de Patrimonio Nacional para una "resignificación" del complejo.
Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez consideran que la continuidad de los benedictinos "es incompatible con los valores democráticos y constitucionales y con los nuevos fines del Valle" y que la voluntad del Ejecutivo para que no sigan ahí es "inequívoca". Los hechos, más allá de la postura radical de su prior, Santiago Cantera, y parte de la comunidad, durante la exhumación de Franco (que estuvo a punto de costar la detención del superior), dan la razón al Gobierno. Este mismo domingo, fecha del golpe de Estado que culminó en la Guerra Civil y en 40 años de dictadura franquista, los frailes oficiaban una misa "por el Alzamiento" en la que participaron varias decenas de nostálgicos del régimen, que después hicieron su particular 'peregrinación' hasta la tumba del dictador en Mingorrubio.
El templo no será desacralizado
Con todo, los benedictinos ya han anunciado a sus íntimos que darán la batalla, judicial y mediática, para evitar su salida. Por ello, resultan de especial relevancia las conversaciones que ya se están manteniendo entre el Ministerio de la Presidencia y responsables de la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid, diócesis que tendrá la responsabilidad litúrgica y pastoral del templo, que no será desacralizado. En este sentido, cabe destacar las buenas relaciones entre el ministro Bolaños y el cardenal Osoro, quien como titular de la diócesis tiene el aval de la Santa Sede para tomar decisiones en su territorio.
Tanto Osoro como el presidente de la CEE, Juan José Omella, son partidarios de no entrar en un conflicto político, como pretende Cantera, y asegurar el cuidado eclesiástico de la basílica. El Gobierno, por su parte, no tiene intención de cuestionar la presencia de un lugar de culto en el recinto, pues su expropiación sí tocaría, de lleno, los acuerdos Iglesia-Estado. El templo, según apuntan distintas fuentes, podría ser encomendado a la Comunidad de Sant'Egidio, un movimiento especializado en diálogo interreligioso y resolución de conflictos internacionales, que podría colaborar a la hora de elaborar una visión del monumento más acorde con la realidad.
Una vez aclarado el destino de la basílica, no será difícil alcanzar un acuerdo, según han apuntado a elDiario.es fuentes conocedoras de las intenciones de ambas partes. Donde sí puede haber un serio problema, y el ministro Félix Bolaños lo sabe por experiencia directa (los frailes se saltaron continuamente lo acordado el día de la exhumación del dictador), es en la actitud de los benedictinos, que aseguran por activa y por pasiva que sólo saldrán de la Abadía con una orden directa del Papa Francisco. La Santa Sede, que en numerosas ocasiones ha reiterado que esta es una cuestión que atañe a la Iglesia local (Madrid-Osoro), y no a Roma, podría otorgar un permiso especial, rubricado por Secretaría de Estado, para conminar a Cantera a dejar la Abadía. ¿Posible destino? El lugar del que, en 1958, salieron los primeros benedictinos hacia Cuelgamuros: la abadía de Silos. Para todos, excepto para el propio Cantera, cuya obstinación podría llevarle a otro destino o, incluso, si persistiera en la desobediencia a Roma, a la exclaustración.
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La Ley de Memoria extingue la Fundación del Valle de los Caídos y un decreto posterior expulsará a los frailes
Jesús Bastante
@BastanteJesus
fuente: elDiario.es
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