"Todos tenemos que mirar al futuro, aprender de los errores y sin duda alguna abrazar valores constitucionales que son los que dan un horizonte de convivencia y concordia a nuestras sociedades", afirmó Sánchez en una rueda de prensa en Bruselas tras el Consejo Europeo.
Hasta ese momento el Ejecutivo había ido creando el marco para normalizar los indultos, que sin duda es una de las grandes decisiones de la legislatura y servirán a la derecha para redoblar la presión sobre Sánchez. Hasta el mensaje nítido de Sánchez, el Gobierno guardaba, no obstante, un medido silencio en público bajo el pretexto del respeto al procedimiento tasado.
Sin embargo, en privado los miembros del Gobierno y también en las filas socialistas asumían que el perdón gubernamental se producirá cuando llegue el momento, a pesar del coste político que puede suponer para el PSOE ese gesto de distensión con el independentismo y fundamentalmente con ERC, que apremia al Gobierno a abordar la cuestión de los presos con premura. En las filas socialistas asumen que el acuerdo por la izquierda es de momento la única opción de que el PSOE retenga la Moncloa.
"Es importante mirar al futuro, aprender de los errores, y ser conscientes que entre los valores fundamentales de la Constitución no está la revancha ni la venganza; está el diálogo, el respeto a la legislación y a nuestra Constitución —y eso es algo que interpela lógicamente a las fuerzas soberanistas—, pero también está la vocación que debemos tener todos los políticos por superar fracturas, por reencontrarnos, por construir concordia y convivencia. El Gobierno de España es lo que va a hacer", sentenció el presidente.
PP, Vox y Ciudadanos irán al Supremo
Ante la inminente decisión del Supremo, principalmente el PP, pero también Vox y Ciudadanos, elevaban este mismo martes la presión sobre el Ejecutivo para que niegue los indultos anunciando una batalla en los tribunales. Las tres derechas tienen previsto recurrir al Tribunal Supremo si finalmente la Moncloa concede esas prerrogativas a los presos independentistas.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, respondía a través de un tuit a las palabras pronunciadas por Sánchez en Bruselas. "Cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional", sostenía. Además Casado insistía en advertir que acudirá a los tribunales si finalmente el Ejecutivo concede dichos indultos: "Si Sánchez aprueba los indultos recurriremos al Supremo y exigiremos el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra", remachaba
Desde su partido se preparan para convertir esos posibles indultos a los presos independentistas –que el equipo de Pablo Casado ya da por hechos–, en la principal arma para tumbar al Gobierno progresista. En Génova 13 consideran que, de producirse, la decisión podría suponer la "sentencia de muerte" de Pedro Sánchez. Aunque fuentes populares sí reconocen que los indultos beneficiarían a PSOE y Unidas Podemos en comunidades autónomas como la propia Catalunya, Euskadi, Illes Balears e incluso la Comunitat Valenciana, la dirección del PP está convencida de que Casado podría obtener réditos electorales en el resto del país.
Estas fuentes consideran que el rechazo que la medida generaría en gran parte de España impulsaría al líder del PP aún más en las encuestas. Pero en el cuartel general de los populares asumen que no está previsto que el Gobierno adelante las generales, por lo que los dirigentes consultados ven difícil poder mantener ese tirón hasta 2023 y 2024. Lo que sí tiene claro la dirección del PP es que denunciar los indultos como una supuesta contraprestación del apoyo de fuerzas independentistas como ERC a la investidura de Sánchez se convertirá en uno de los grandes ejes de la oposición para los próximos años.
Preguntada precisamente por si el Gobierno está dispuesto al desgaste de conceder esos indultos con los informes de la Fiscalía y el Supremo desfavorables, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dejó claro este martes que actuará conforme "al interés general de España". "El Gobierno siempre va a velar por el interés general", repitió hasta en tres ocasiones tras insistir en que todavía no es el momento para pronunciarse sobre la concesión, aunque desvinculó ese procedimiento del diálogo que el Ejecutivo retomará próximamente con la Generalitat. En el último semestre, Justicia concedió 18 indultos, de los que todos fueron parciales y ninguno de ellos tenía en contra los informes de la Fiscalía y el tribunal sentenciador, que es lo que previsiblemente ocurrirá en el caso del procés. No obstante, esas opiniones son preceptivas pero no vinculantes.
Una "burla a la democracia"
Este martes, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, consideraba que los indultos –que ella dio por concedidos, pese a no tener aún una decisión firme del Gobierno encima de la mesa– "son la burla a la democracia de Pedro Sánchez". "Si se conceden, los recurriremos", insistía, en rueda de prensa, repitiendo la voluntad de acudir al Tribunal Supremo anunciada el lunes por su partido. Para Gamarra, esas prerrogativas son un "instrumento político". "Sánchez a cobro revertido les paga a los independentistas para mantenerse en la Moncloa", zanjaba. La decisión supondría para el PP que el Gobierno "se aparta de la legalidad vigente que establece justicia, equidad y legalidad jurídica". "Lo que plantea Pedro Sánchez sería sortear las resoluciones del poder judicial y no basta la voluntad política que él tenga", remachaba. Por ello, los populares están dispuestos a ir "hasta las últimas consecuencias" para evitar los indultos.
En la misma línea se expresaba el presidente de Vox, Santiago Abascal, que este martes ha acusado a Sánchez en un mensaje en Twitter de no tener "freno" ni "escrúpulos". "Estaremos frente a ti, junto a la ley y a una inmensa mayoría", ha escrito. Además, el portavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que su partido estará "en los juzgados que haga falta y en todas las calles que sea necesario" para "combatir" los "desmanes" del Gobierno. "No podemos tolerar que quienes rompen la ley se sientan impunes y menos lo que se comprometieron a guardarla y hacerla guardar", añadía, tras recalcar que los presos independentistas están en la cárcel por "haber cometido uno de los delitos más graves que se puede cometer sin derramamiento de sangre".
"Desde Ciudadanos utilizaremos todos los medios jurídicos y políticos para evitar que el Gobierno indulte a los presos del procés o para luchar contra el indulto que el Gobierno quiera conceder a estos condenados en firme", añadía también el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal. La líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha añadido más tarde que las palabras de Sánchez son una "indignidad". "Da mucha vergüenza verle humillar a España ante un puñado de delincuentes para comprar así su apoyo y poder mantenerse en Moncloa", ha apostillado en un mensaje en Twitter.
Sánchez es consciente de la campaña de acoso y derribo que le va llegar por la derecha. Por eso insistió en apostar por valores como la "concordia" o el "diálogo", pese a que "hay partidos políticos, personas, que legítimamente defienden otras tesis". También recordó que tanto el Gobierno como él como líder de la oposición ha estado del lado del respeto a las leyes y la Constitución. "Yo apoyé al Gobierno de España en 2017 con el 155, que suspendía la autonomía, para defender la integridad territorial del país porque era una cuestión de Estado", dijo nada más empezar su réplica a los periodistas. "Ojalá yo tuviera en esto, y en otros muchos asuntos, la lealtad que tuvo el PSOE con Rajoy con una crisis institucional como la de 2017".
El apoyo de los socios
Frente a las tres derechas, los aliados del Gobierno que suelen apoyar en el Congreso sus iniciativas, y que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez o la aprobación de los Presupuestos, se mostraban partidarios de los indultos. También celebraron las palabras de Sánchez desde Unidas Podemos. "Me alegro de que el PSOE se mueva y mande mensajes de que los indultos son inminentes", aseguraba este martes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras escuchar al presidente del Gobierno. "Me remito a las palabras del presidente, ha llegado el momento de la política con mayúsculas. Nunca debimos llegar a esta situación", añadía, además, la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y dirigente de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, al ser preguntada al respecto, informa Aitor Riveiro.
Los portavoces de PNV, EH Bildu, Compromís, Más País y PDeCat reivindicaban asimismo en distintas comparecencias los indultos, –que también ve con buenos ojos ERC, aunque no su socio de Junts en el recién formado Govern catalán–, para según ellos destensar el conflicto entre las administraciones española y catalana, aunque las fuerzas independentistas exigían ir incluso más allá al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera que "si se quiere dar una vía de solución a la cuestión catalana el primer paso es que las personas que están presas salgan de prisión". Este martes, acusó a PP, Vox y Ciudadanos de tratar de entorpecer esa solución con sus anuncios de recursos contra los indultos. Por ello, pedía "pedagogía" para explicar esas decisiones en el caso de que se produzcan, aunque se mostraba confiado en que la mayoría de la población va a entenderlas. Los indultos, añadía él, "son las condiciones para iniciar un diálogo" entre España y Catalunya.
"Hay que ir más allá de los indultos", aseguraba por su parte la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que consideraba que la catalana es una cuestión que hay que abordar "mediante el diálogo y el acuerdo". Aizpurua emplazaba a las fuerzas del Estado a aceptar que en las últimas elecciones autonómicas "el 52%" de "la sociedad catalana" votó "a favor de opciones independentistas", por lo que instaba al Gobierno a solucionar "hablando" el conflicto político en Catalunya.
Íñigo Errejón, portavoz de Más País, recordaba además que "la figura de los indultos es una prerrogativa de los gobiernos que existe en muchos países" y que se suele utilizar en todos ellos "para que el Gobierno pueda intervenir cuando hay problemas de convivencia", como es el caso catalán. Por eso se mostraba a favor de utilizar esa vía para los presos independentistas. "Nos parece bien", sostenía en rueda de prensa. "Los indultos pueden contribuir a la solución política", añadía, antes de considerar que "el inmovilismo solo ha traído más división y enfrentamiento en la relación entre Catalunya y España". En la misma línea se manifestaba minutos antes el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que consideraba que la aprobación de los indultos por parte del Gobierno "sería una buena manera de avanzar para solucionar un problema que lleva años encallado". "Catalunya es un problema político", ha enfatizado el diputado valenciano, que insistía en que "los problemas políticos se tienen que solucionar con política".
El "realismo" de PDeCat frente al rechazo de Junts
Desde el PDeCat, su máximo representante en la Cámara Baja, Ferrán Bel, quiso recordar que un posible informe del Tribunal Supremo manifestándose en contra de los indultos "no sería vinculante". "Lo relevante del proceso de los indultos es el acuerdo del Gobierno", añadía en el Congreso. Así, aunque a su juicio "la situación óptima para resolver esta situación de Catalunya es la ley de amnistía", Bel se confesaba "realista y pragmático" , por lo que señalaba que "si no es posible" la amnistía, "es mejor un indulto que la inactividad al respecto". El diputado del PDeCat cargaba a renglón seguido contra PP y Ciudadanos por su "irresponsabilidad" anunciando recursos ante el Supremo en el caso de que se aprueben los indultos. "No les preocupa lo que pase en Catalunya", zanjaba.
"Aquí solo cabe la amnistía y el derecho de autodeterminación", aseguraba en cambio Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. "No hemos llegado hasta aquí para que nadie nos perdone, y menos el Estado que nos está reprimiendo, intentando arruinar a los trabajadores catalanes", apuntaba en rueda de prensa. A su juicio, "hay más de 3.000 represaliados y esto es un conflicto político, que se resuelve haciendo política y dialogando". "No tenemos un Estado democrático enfrente, tenemos un Estado represor", concluía, antes de volver a defender el "derecho legítimo a la autodeterminación" del pueblo catalán para el que "no hay que pedir permiso". Para ERC, en cambio, la conformación del nuevo Govern catalán presidido por Pere Aragonès en coalición con Junts puede contribuir a que el Ejecutivo se incline a favor de los indultos.
A pesar de la línea favorable a los indultos marcada por Sánchez, en lo que no se mueve un ápice es en el rechazo a la amnistía así como en el derecho a la autodeterminación. La portavoz del Gobierno recordó los "límites" a la hora de buscar una solución al conflicto político en Catalunya, una cuestión que en la Moncloa tratan de desvincular del perdón gubernamental.
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