Con una escenificación medida al milímetro, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio se sentaron este jueves en torno a las once de la mañana para desayunar en la cafetería de la Asamblea de Madrid. La estampa buscaba un objetivo: que las televisiones y fotógrafos captaran el momento, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijera minutos antes en el Pleno regional que el acuerdo de los presupuestos está al caer. Por su parte, Monasterio y Vox tenían así la foto que buscaban cuando exigieron una reunión con el Gobierno en un bar para pactar las cuentas. Ayuso había respondido hace unas semanas que ella a los restaurantes iba con su familia, pero este jueves accedió a sentarse a la vista de la prensa en la cafetería del Parlamento regional, una vía intermedia –es de suponer– entre la institucional que pretendía el PP y la de la hostelería defendida por Vox.
La buena sintonía en la Comunidad de Madrid entre PP y Vox –a quienes Ayuso necesita para sacar adelante sus primeros presupuestos tras prorrogar dos veces los de 2019– llega en un momento en que la dirigente del PP y su vicepresidente, Ignacio Aguado, vuelven a protagonizar fuertes encontronazos en los medios de comunicación.
El acuerdo para las cuentas de 2021 –las más importantes de la última década que deben servir para afrontar la recuperación económica tras la pandemia– y que tanto el PP como Vox aseguran que puede ser "inminente", motivaba otro guiño de la presidenta madrileña a la formación ultraconservadora. Minutos antes de la reunión en la cafetería del parlamento madrileño, Ayuso daba un giro de 180 grados a lo defendido solo dos días antes para apoyar por primera vez el veto parental, la polémica medida que Vox ha denominado como 'pin parental' y que plantea la posibilidad de que los padres prohíban para sus hijos algunas actividades programadas por los centros educativos. La presidenta madrileña ponía incluso en la diana a las actividades extraexcolares y se mostraba partidaria de que las familias que quieran puedan vetarlas: "Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a talleres donde se hable de conceptos LGTBI y contra el acoso me parece oportuno, pero habrá otros que decidan que no es así", aseguró, asumiendo los postulados de la extrema derecha. "Entiendo que las familias se preocupen y no pienso criticar a Vox", insistió.
El apoyo público de Ayuso a la extrema derecha se produce solo dos días después de que la propia presidenta madrileña asegurase que el debate sobre esta medida, que Vox exige que esté en el acuerdo de presupuestos, "es abrir una polémica que no existe". "No hay adoctrinamientos en las aulas de Madrid", defendió la presidenta madrileña. Y concluyó: "La Consejería de Educación, desde que nosotros estamos al frente, no ha recibido una sola queja formal por parte de ninguna familia, es abrir una polémica que no existe".
A esa cesión de Ayuso a Vox ha respondido su socio de Gobierno, Ciudadanos, anunciando por sorpresa en la Asamblea un proyecto de ley, precisamente sobre Igualdad, una de las materias que son anatema para la extrema derecha. El consejero de Politicas Sociales, Antonio Luengo, hacía el anuncio desde su sillón como representante del Gobierno pero la bancada del PP desconocía la iniciativa. Tampoco la sabía Ayuso, aseguran a elDiario.es fuentes cercanas a la presidenta y confirma Ciudadanos.
La polémica está servida.
No ha sido la única muestra de las tensísimas relaciones que se viven dentro de la coalición que choca incluso por los detalles más nimios. Este miércoles, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, defendió que las personas que han recibido la vacuna puedan moverse de forma libre por el territorio nacional. Aguado había aclarado en su comparecencia a donde acude como portavoz del Gobierno que se trataba de "una opinión personal". Pero su afirmación alimentó una nueva polémica interna que pronto escalaría en los medios de comunicación.
A los pocos minutos, desde el entorno de la presidenta madrileña aclararon inmediatamente que la "opinión" de Aguado no estaba avalada por la Consejería de Sanidad. Horas después, ya en una entrevista en esRadio, Ayuso se quejaba de que su vicepresidente, de Ciudadanos, vertiera opiniones sobre un área que está entre las competencias del PP. La jefa del Ejecutivo regional añadió que "las ruedas del Consejo de Gobierno están para hablar acerca de lo que se ha expresado en ese Consejo de Gobierno".
Aguado aprovechaba después para responder en otro medio de comunicación: "Algunos tienen que entender que las mayorías absolutas acabaron, que forman parte de un Gobierno de coalición donde los socios no son socios sometidos ni sumisos, sino que hay un partido propio con visión propia, y más en mitad de una pandemia", lanzaba el dirigente de Ciudadanos en RNE. "Las opiniones no se desautorizan ni se corrigen salvo que vivas en Corea del Norte o en Cuba", insistía este jueves en una de sus numerosas comparecencias en los medios. "A mí no se me ocurriría corregir a la presidenta, incluso cuando habla de economía que no es competencia del PP".
Los rifirrafes públicos entre los dirigentes de una y otra formación han sido una constante a lo largo de la legislatura, pero desde hacía un par de meses las aguas parecían más calmadas. Este miércoles la paz que había reinado las últimas semanas volvía a saltar por los aires. Las tensiones no solo se dan en los medios de comunicación, también en el Pleno de la Asamblea donde los socios de Gobierno no siempre votan juntos. Primero, con la tramitación de la proposición de ley presentada por Ciudadanos que plantea que el control económico de Telemadrid no dependa del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el hombre fuerte de Ayuso, impulsor de las privatizaciones de la sanidad en la época de Esperanza Aguirre y del ala más neoliberal del PP. Lasquetty está ahogando financieramente a la cadena pública mientras no se cierra el contrato programa, algo que ha sido criticado por la formación de Aguado que pide más "autonomía" e independencia de la radiotelevisión regional.
Otro momento tenso entre el PP y Ciudadanos en la Asamblea llegaba con una proposición de ley del PSOE, que insta al Gobierno a cesar a la gerente del hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, –vinculada a los populares– que sugirió quitar los móviles a los pacientes con Covid para evitar las llamadas a sus familiares y reducir el rechazo a ser trasladados al polémico Hospital de Emergencias Isabel Zendal. El Partido Popular se quedó solo y Ciudadanos votó a favor de la iniciativa después de que el diputado de la formación Enrique Veloso defendiera en la Cámara de Vallecas que se trataba de un comportamiento "inaceptable" e "incompatible con el alto nivel de empatía que son exigibles a todos los gestores de la sanidad pública". "Quiero que quede constancia de que mi partido –Ciudadanos– cesaría a la gerente", zanjaba Veloso su intervención. El PP la mantiene en su puesto pese al escándalo desatado.
Mientras las tensiones entre los socios de coalición aumentan en las últimas horas, Ayuso escenifica un acercamiento a Vox inédito en los últimos meses. La presidenta madrileña abraza los postulados sobre el veto parental a pesar de que Aguado aseguró el lunes que mientras fuera vicepresidente no habría en Madrid ni veto parental "ni tampoco recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia de género ni que afecten al colectivo LGTB". En los próximos días, se verá cuanto de duradero es ese entendimiento entre la dirigente del PP y la extrema derecha en el contexto de guerra abierta que mantienen ambos partidos en el ámbito nacional.
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