La querella se presentó tras las primeras informaciones sobre el caso Máster. El Juzgado la admitió a trámite en abril de 2018. En ella se acusaba a los dos periodistas, autores de la exclusiva sobre el máster, de "la ilícita obtención de documentos académicos personales, amparados por la Ley de Protección de Datos". Los abogados de Cifuentes aseguraron en la querella que los periodistas de eldiario.es actuaron "con fines lucrativos" y que, por todo ello, se les debería condenar a penas de entre dos años y medio y cinco de cárcel.
"De las diligencias de investigación practicadas durante más de dos años no se han revelado indicios suficientes frente a persona alguna de comisión de los actos delictivos imputados: acceso no autorizado a base de datos de la URJC, apropiación de datos protegidos de la querellante y cesión de los mismos en perjuicio de tercero, o publicación de dichos datos con conocimiento de su origen ilícito", sostiene el juez.
En cuanto a la publicación de supuestos datos reservados por parte de los periodistas, el juez tampoco ve ninguna relevancia penal porque actuaron amparados por el derecho a la libertad de información que recoge la Constitución, que respetaron escrupulosamente: la información tenía relevancia pública "ya que hacía referencia a la entonces Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid"; los datos personales se publicaron para "justificar la pretendida veracidad de la noticia, sin que se publicaran más datos que aquellos que se entendieron indispensables a tal fin".
En el auto, el juez recuerda que la UCO investigó esa posible revelación de secretos y el supuesto acceso a datos reservados. En el informe que entregaron los agentes de la Guardia Civil aseguraron que el sistema informático no registra las consultas sobre expedientes ni los accesos concretos. Además, recuerda que durante su declaración, Raquel Ejerique afirmó que había ido contrastando todas las informaciones que le llegaban, y que ni ella ni Ignacio Escolar revelaron sus fuentes.
También recuerda el auto que Cifuentes amplió su querella para incluir en ella a un profesor de la Universidad, Salvador Perelló, al que señaló como la fuente del caso. "Más allá de afirmaciones más o menos acertadas en un ámbito coloquial o periodístico o de reconocimientos que se le atribuyen por terceros, lo cierto es que en el ámbito del proceso no es posible determinar si fue él quién accedió a la base de datos y se apropió de los datos protegidos, o bien, como señala, tuvo acceso a los mismos de manera distinta y no punible", recoge el juez. Añade que tampoco hay prueba ninguna de que este profesor proporcionara información o documentos a los periodistas de elDiario.es.
Contra la decisión del juez cabe recurso de reforma, que Cifuentes deberá presentar, si quiere seguir adelante con su querella, en un plazo de cinco días. Antes, la expresidenta madrileña tiene que declarar este viernes como imputada por falsedad documental en el juicio del caso Máster.
Cifuentes, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid.
Marcos Pinheiro
@m_pinhe
FUENTE: elDiario.es
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