Esta acción se dirige también contra otras siete personas, entre las que están su examante Corinna Larsen, el comisario José Manuel Villarerjo o el ex director general del CNI Félix Sanz Roldán a los que atribuyen delitos de organización criminal, malversación o tráfico de influencias.
Estas organizaciones registraron por primera vez esta querella en diciembre de 2018. Sin embargo, fue archivada meses después, en el verano de 2019, con el argumento de que los hechos denunciados ya habían sido objeto de investigación y fueron archivados en la Audiencia Nacional. Los “nuevos e importantes acontecimientos" sobre las finanzas del que fuera jefe del Estado que se han ido conociendo en el último años llevaron el pasado julio a IU y el resto de querellantes a solicitar al tribunal que la estudiara de nuevo. Además, añadieron información sobre la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el papel del monarca en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca.
Es en el marco de esta petición que los jueces de la Sala de lo Penal han solicitado de nuevo a los querellantes esta fianza de 12.000 euros, que debe depositarse en metálico antes de ocho días desde su notificación. La imposición de una fianza no puede prejuzgar la admisión a trámite de la querella, que es un trámite posterior. Los querellantes consideran que "ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella" y por eso el tribunal la debería admitir a trámite.
En una nota de prensa, IU recuerda, además, que después de que las citadas organizaciones solicitaran formalmente la reapertura de la causa se han sucedido diversas actuaciones judiciales para investigar nuevos casos que tienen a Juan Carlos de Borbón como protagonista. La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas hasta tres causas sobre sus finanzas. A la relativa a las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca, abocada al archivo al tratarse de unos presuntos delitos previos a su abdicación, se suma otra abierta por blanqueo en la que los investigadores atribuyen a Juan Carlos I una cuenta en la isla de Jersey con casi 10 millones de euros y a otra sobre la utilización de tarjetas opacas, que reveló elDiario.es.
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