El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), cuya situación pendía de un hilo desde la grave crisis en las residencias en la primera ola, anunciaba su salida hora y media antes de la entrada en vigor de las medidas que limitarán los movimientos de 4,8 millones personas. La presidenta autonómica ha tratado de hacer ver que su salida obedece a "motivos personales". Reyero se había despedido en una carta que acababa reclamando unidad a las instituciones, el mismo día en que la Comunidad de Madrid llevó las medidas del Ministerio de Sanidad a los tribunales y acusó varias veces al Gobierno de Sánchez de llevar "el caos" a la región. El ya exconsejero seguirá en la Asamblea de Madrid como diputado raso y su lugar lo ocupará su número dos, Javier Luengo.
El conflicto interno alcanza cotas nunca vistas desde que estalló la pandemia. Nunca antes había dimitido un cargo con altas responsabilidades, pese a que el Gobierno está partido en dos y se ha acostumbrado a airear sus desencuentros públicamente. Para algunos diputados de la Asamblea de Madrid la situación empieza a tornarse "insostenible" por las discrepancias entre los socios en la gestión de la crisis sanitaria.
La salida de Reyero coincide con una nueva fisura, más profunda que cualquier otra que se había abierto hasta el momento. Ciudadanos se ha desmarcado por primera vez del PP ante una confrontación de envergadura con el Gobierno de Sánchez. Los de Arrimadas han decidido echarse a un lado para evitar otro enfrentamiento directo en un momento crucial a nivel nacional para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En la desescalada, otro momento crítico, ambos partidos se mostraron unidos frente a las decisiones de Sanidad de retrasar el pase de fases. Y todo en un momento en que la región registra las peores cifras de contagios y fallecidos de toda Europa.
La consigna del "caos"
Con la renuncia del consejero de Políticas Sociales y la mitad del Gobierno cuestionando la deriva judicial -no es ningún secreto que el ala de Ciudadanos dentro del Gobierno no está cómoda con la vía de los tribunales, tal y como se encargo de recordar el vicepresidente, Ignacio Aguado-, la presidenta autonómica encara el mayor cierre perimetral efectuado hasta hoy en España para contener el avance del virus. Lo hace con la consigna de que el Gobierno de Sánchez "trata de sumir a Madrid en el caos" al querer "limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos". Este es uno de los puntos al que alude el recurso presentado ante la Audiencia Nacional (el otro es la "invasión competencial"), pese a que el Gobierno había ordenado ya el cierre de 45 zonas sanitarias de salud que afectaba a un millón de personas para los que la movilidad ya estaba limitada con las mismas excepciones que habrá ahora.
En la última aparición pública del equipo de Isabel Díaz Ayuso, una rueda de prensa de los consejeros de Justicia y Sanidad para explicar las medidas, se reiteró una y otra vez. "Vamos a intentar paliar el caos que está generando el Gobierno de la nación", dijo Enrique López. "Hay que mandar un mensaje de tranquilidad dentro del caos", replicó Enrique Ruiz-Escudero. La presidenta regional alimentaba el argumento con un otro mensaje en su cuenta de Twitter lanzado durante la comparecencia. "Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez".
Los dirigentes del PP se abonan a esta idea después de tres jornadas marcadas que generaron serias dudas a los ciudadanos sobre si Madrid acataría las normas marcadas por Sanidad –cierre perimetral de municipios, bares limitados a las 23 y reducción de aforos– o se declararía en rebeldía. La presidenta regional prometió el jueves cumplir con la orden. Pero a última hora de ese mismo día el Gobierno de Ayuso anunciaba un recurso en la Audiencia Nacional que volvía a hacer temblar las certezas de los madrileños solo 24 horas antes de la hora marcada por Sanidad para comenzar a aplicar las restricciones. "Les pido perdón por la ansiedad que se le está provocando", admitió López este viernes, tras constatarse que la pugna en los tribunales, además, tenía al Gobierno dividido.
Pocos imaginaban que la jornada terminaría con una dimisión en las filas naranjas. Antes que Reyero fueron cayendo otras piezas de su entorno: dimitió su jefe de gabinete (Carlos Reus), el máximo responsable de las residencias en Madrid (Óscar Álvarez) y el secretario general técnico de la Consejería (Miguel Ángel Jiménez). El último en caer fue el director general de Medios de Comunicación, Nacho Mostazo. Los dos consejeros del PP, López y Ruiz-Escudero, restaban sin embargo esta mañana importancia a la disparidad de criterios entre los socios y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, negaba fisuras importantes con el PP. Entre las filas de Ciudadanos se extiende la idea de que ahora no es posible embarcarse en una moción de censura tras haber rechazado la planteada por Vox en el Congreso de los Diputados.
4,8 millones de personas con los movimientos limitados
Ayuso se enfrenta a solventar la crisis de Gobierno - cuyas réplicas y su dimensión aún no se conocen- con otro reto de gestión muy importante entre manos: controlar la movilidad de tantos millones de personas (hasta ahora los ciudadanos afectados eran poco más de un millón, ahora más de cuatro). La Comunidad de Madrid ha optado por trasponer la orden de Sanidad sin modificaciones, con la excepción de tres zonas de salud de municipios de menos de 100.000 habitantes con una incidencia de más de 1.000 casos. Los vecinos de áreas sanitarias de Humanes (1.350 casos), Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes, 1.202) y Villa del Prado (1.335 contagios) no podrán salir de sus límites al no estar afectadas por la orden del Ministerio por encuadrarse en municipios menos populosos.
Las dos primeras ya sufrían cierres perimetrales y se extenderán los próximos 15 días. La última es la única novedad que marca Madrid en esta semana por iniciativa propia mientras algunos alcaldes, como el de Coslada, han pedido oficialmente que incluyan a su municipio en las restricciones. Esta localidad del Corredor del Henares, de más de 80.000 vecinos, cuenta con dos zonas básicas de salud con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes: Valleaguado (1.081,95) y Ciudad San Pablo (1.101,67). En una carta remitida al Gobierno regional, el alcalde, Ángel Viveros (PSOE), advierte que Coslada está en una situación "muy difícil y preocupante" y pide que se considere al municipio como una ciudad de más de 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid podría, dentro del margen de sus competencias, haber endurecido las restricciones ordenadas por el Ministerio de Sanidad al trasladar la norma a nivel autonómico.
El Gobierno regional insiste en que sus medidas son mejores para paliar los contagios. "Madrid está doblegando la curva", tuiteó la cuenta oficial del Gobierno regional la mañana del viernes, recién presentado el recurso ante la Audiencia Nacional para frenar las directrices del Ministerio de Sanidad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, llegó a defender que sus restricciones eran "más estrictas" porque restringen la movilidad en zonas más pequeñas (áreas básicas de salud). "Los ciudadanos ahora se pueden mover por todo el municipio", aseguró. Las medidas en vigor a partir este viernes afectan a más de cuatro millones de personas.
En la misma mañana del viernes, el alcalde de Madrid, cuyo municipio es el más poblado de todos los afectados por la orden, sembraba dudas sobre la efectividad de las restricciones. "Uno coge las excepciones y realmente en la vida cotidiana salvo el cierre de la hostelería no hay grandes cambios, el resto de la vida sigue igual”, expresaba José Luis Martínez-Almeida en una entrevista en Telecinco tras recordar que reducir las salidas al mínimo era "una recomendación" y tildar de "intervención sanitaria" la orden publicada en el BOE el pasado miércoles.
La Comunidad de Madrid es, además, la única región gobernada por el PP que va a dar la batalla judicial contra la orden de Sanidad. También es la única, de momento, a la que le afecta. Andalucía o Murcia no acudirán a los tribunales pese a que votaron en contra del documento del Consejo Interterritorial de Sanidad que validó sin unanimidad los criterios comunes para restringir la movilidad: municipios de más de 100.000 habitantes, con más de 500 casos, UCI ocupadas a más del 35% y una tasa superior al 10% en positividad de PCR). Con todo, Madrid ha dado un paso atrás en la confrontación al renunciar a pedir medidas cautelarísimas. En su lugar, lo ha hecho Vox, según ha anunciado el partido de Santiago Abascal a última hora del viernes.
La presidenta madrileña no renuncia, además, a seguir alimentando el enfrentamiento. Aparte del caos pronostica pérdidas millonarias para la economía que ya achaca al Gobierno central. Según sus cálculos, el impacto de estas nuevas medidas restrictivas para el 71% de la población de la Comunidad de Madrid provocará una pérdida de “750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica, que conlleva la destrucción media semanal de 18.000 empleos”. También defienden que la región perdería una recaudación semanal cercana a 44 millones de euros. Un discurso al que esta vez no se ha unido el ala de Ciudadanos que aboga ahora porque lo importante es “salvar vidas”. Los próximos días revelarán la magnitud de la crisis entre los socios.
Fátima Caballero / Sofía Pérez Mendoza
@FatymaCaballero@Sofi_pm
fuente: elDiario.es
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