"Nadie está pensando en adelantar elecciones, si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable", admitió la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celáa, tras el endurecimiento del tono del partido de Carles Puigdemont.
El Gobierno pretende sacudirse la presión a la vez que se la traslada a los partidos que lo han sustentado hasta ahora. "El presidente ha declarado su intención de agotar la legislatura y más recientemente ha apelado a la responsabilidad de los partidos políticos para mantener abiertas las vías de diálogo que permitan seguir tomando decisiones en beneficio de toda la ciudadanía", precisan desde Moncloa. Fuentes gubernamentales sostienen que dentro de la agenda que ha puesto en marcha el Ejecutivo hay cuestiones que interesan no solo al PSOE sino al resto de formaciones que apoyaron a Sánchez.
Además, los socialistas están convencidos de que con Sánchez en Moncloa están fortalecidos y que es al resto de formaciones a las que puede no interesarles pasar por las urnas en este momento. "Nosotros no tenemos ningún problema", aseguran en el PSOE. De ahí que el Gobierno haya usado una baza que es únicamente potestad del presidente.
El problema para el Ejecutivo es que ha activado un debate que había decidido zanjar con el reconocimiento de Sánchez de que su intención era agotar la legislatura. Abrir la puerta a la convocatoria electoral –como también ha hecho Josep Borrell al asegurar que "la duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza frente a la pérdida de la integridad territorial– resucita esa polémica. Por eso, en Moncloa se han esforzado, tras las palabras de la portavoz, en recordar que su objetivo es llegar al final del mandato para implementar al máximo la "agenda del cambio".
"No atrincherase, pero tampoco bajar los brazos"
"No vamos a atrincherarnos, pero tampoco vamos a bajar los brazos", aseguran fuentes próximas a Sánchez. En su equipo consideran que "el test más determinante" serán los Presupuestos Generales del Estado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está convencida de que llevará al Congreso "en tiempo y forma".
Ese será el punto de inflexión para el eventual anticipo electoral. Fuentes del PSOE reconocen que un fracaso en la aprobación de las cuentas tendría como consecuencia el paso por las urnas.
Sánchez elevó la presión sobre Mariano Rajoy cuando la aprobación de los presupuestos para 2018 se complicó. Le desafió a someterse a una cuestión de confianza y a convocar elecciones si no conseguía la mayoría suficiente. Para Sánchez esa era su "obligación constitucional para con la ciudadanía" si no lograba sacar adelante "su principal ley". Los papeles se invirtieron en junio, aunque en una entrevista en eldiario.es el presidente evitó responder y se limitó a apelar al resto de fuerzas para que las cuentas salgan adelante.
"Si no se aprueban los presupuestos no sé si habría que convocar elecciones de manera inmediata, pero desde luego buscar una fecha sería lo mínimo", admite un destacado dirigente del PSOE. Nadie se atreve, no obstante, a establecer un horizonte temporal. En Ferraz descartan hacerlas coincidir con las andaluzas en el caso de que Susana Díaz agote la legislatura y las celebre en marzo. El argumento del PSOE es que dos meses después volvería a haber comicios europeos, municipales y autonómicos. Además, Díaz no quiere mezclar sus elecciones con las nacionales, aunque a otros presidentes socialistas tampoco les viene bien que coincidan sus elecciones con las nacionales.
Moncloa confía en sacar adelante el techo de gasto
Después de que el Gobierno de Sánchez se revolviera por la amenaza del PDeCAT de ponerle su apoyo "más difícil", la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha rebajado el tono y ha supeditado el apoyo de los independentistas a que "el Gobierno siga caminando en el camino del diálogo y la negociación política". También ha abierto la puerta a apoyar la senda de estabilidad que el Consejo de Ministras aprobó el viernes y que da flexibilidad a las comunidades autónomas en los objetivos de déficit.
No obstante, Artadi ha asegurado que tienen que ver "cuál es el plan del Gobierno español para aprobarlo" dado que el PP pretende bloquearlo en el Senado. "Si lo van a bloquear, no tiene mucho sentido que gastemos tiempo discutiendo", ha sentenciado la portavoz del Govern.
Desde Moncloa aseguran que van "partido a partido" y que su prioridad es que salga adelante en la votación del viernes en el Congreso. "Primero hay que sacar adelante la del Congreso y ya veremos qué pasa en el Senado", señalan fuentes oficiales que desean que Pablo Casado cambie de opinión: "No hay que dar por seguro que el PP vaya a votar en contra porque tendrá que explicarlo". "Feijóo tendrá que explicarlo", agregan esas fuentes en referencia a que los presidentes del PP conseguirían dos décimas de margen si sale adelante la propuesta del Gobierno. No obstante, los consejeros de comunidades del PP votaron en contra del planteamiento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Desde la vicepresidencia del Gobierno también emplazan a ver qué sucede el viernes en el Congreso porque recuerdan que, salvo en la ley de estabilidad que aprobó Cristóbal Montoro en 2012, el Congreso tiene "la última palabra" sobre el Senado. "Vamos a ver qué pasa porque sería increíble que el PP usara su mayoría absoluta para rechazar que las comunidades tengan dos décimas del PIB más para gasto social", agregan en el departamento de Carmen Calvo.
Para lo que sí tiene un plan B la ministra de Hacienda es para la parte de la flexibilización de una décima del PIB que afecta a la administración central si finalmente se rechaza la senda de estabilidad. Montero asegura que para que esos 1.000 millones tengan reflejo en los presupuestos tendría que hacer un "ajuste" de los ingresos vía impuestos, informa EFE. "Si eso no se hace por la vía de la mayor capacidad que nos concede Bruselas, los ingresos hay que buscarlos de otra manera".
Irene Castro
Eldiario.es
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