UE prorroga sanciones económicas a Rusia por crisis ucraniana

La decisión definitiva para prolongar las sanciones hasta el 31 de enero de 2018 se produce después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión alcanzaran un acuerdo político al respecto durante la cumbre de los pasados 22 y 23 de junio.

Entonces, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, pusieron al día a los demás líderes sobre la aplicación de los acuerdos de Minsk, que buscan poner fin a la crisis en el este de Ucrania.

Las sanciones se introdujeron el 31 de julio de 2014, inicialmente por un período de un año, en respuesta a "las acciones emprendidas por Rusia que suponían la desestabilización de la situación en Ucrania", recordó el Consejo.

A continuación, se reforzaron en septiembre de ese mismo año y, desde entonces, se han ido prorrogando.

Las sanciones están centradas en los sectores de las finanzas, la energía y la defensa, así como en el ámbito de los productos de doble uso (civil y militar).

En su cumbre de marzo de 2015, los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea acordaron vincular la duración de las sanciones a la plena aplicación de los acuerdos de paz de Minsk entre los rebeldes prorrusos y las autoridades ucranianas, que estaba prevista inicialmente para el 31 de diciembre de 2015.

Esos acuerdos incluyen, entre otros aspectos, un alto el fuego, la retirada del armamento pesado o la devolución de la gestión de la frontera Este a las autoridades ucranianas.

Dado que en esa fecha no se habían aplicado plenamente, el Consejo prorrogó las sanciones hasta el 31 de julio de 2016 y el 1 de julio de 2016 volvió a extenderlas hasta el 31 de enero de 2017.

Las sanciones económicas prorrogadas limitan el acceso a los mercados primario y secundario de capitales de la UE para cinco importantes entidades financieras rusas (Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank y Rosseljozbank) con participación mayoritaria del Estado y sus filiales, también con participación mayoritaria estatal, establecidas fuera de la UE.

Igualmente, afectan a tres importantes empresas rusas del sector de la energía y otras tres de defensa.

Además, imponen una prohibición de exportación e importación de armas y un veto a la exportación de productos de doble uso, bien para uso militar, bien para usuarios militares finales en Rusia.

Del mismo modo, restringen el acceso de Rusia a determinadas tecnologías y servicios sensibles que pueden utilizarse para la producción y la exploración petrolíferas.