Lula da Silva, cofundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), será interrogado este miércoles en Curitiba (sur) por el juez Sergio Moro, emblema de la lucha contra la corrupción, como presunto propietario de un tríplex que le habría ofrecido la constructora OAS, involucrada en el fraude a Petrobras, en retribución de favores ilegales.
El ex mandatario (2003-2010), que enfrenta otras investigaciones, niega todos los cargos, pero si es hallado culpable y el fallo es ratificado en segunda instancia no podrá postularse.
Estas son las acciones penales ya abiertas en su contra:
Apartamento tríplex
La fiscalía señala que Lula da Silva recibió un soborno de 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares al cambio actual) de OAS, que pagó un total de 87,6 millones por debajo de la mesa a políticos y funcionarios.
Según la denuncia, la empresa le habría ofrendado un tríplex en Guarujá, un balneario de Sao Paulo, cuando aún era presidente, y financió el almacenamiento de sus bienes personales entre 2011 y 2016, incluyendo el acervo de sus años como jefe de Estado.
Leo Pinheiro, ex presidente de OAS, confesó a la Justicia que el apartamento fue reservado -y luego lujosamente reformado- para Lula da Silva y su esposa Marisa Leticia (fallecida en agosto), tras el fin del mandato. Pero el ex presidente sostiene que la fiscalía miente y que la confesión fue obtenida mediante apremios.
"Para probar que soy el propietario, tienen que tener un recibo, un registro notarial, una escritura. Si no lo pagué, no tengo la llave y la empresa lo usó como garantía de varios préstamos que efectuó, entonces no puede ser mío", afirmó al canal SBT.
Instituto Lula
Otro caso en manos de Moro. Investiga si Odebrecht ofreció 12 millones de reales para comprar un terreno en Sao Paulo donde sería erigido el Instituto Lula -que divulga su legado político-, como parte de un acuerdo para distribuir sobornos recibidos por el PT.
La transferencia finalmente se frustró, pero según la fiscalía prueba que el PT tenía "una cuenta corriente informal de la corrupción" con Odebrecht y que el delito consumado está configurado por simple la propuesta y la aceptación del soborno. El instituto niega cualquier irregularidad.
La denuncia sostiene que Odbrecht también habría pagado un apartamento contiguo al que habita Lula da Silva en Sao Paulo y que una tercera persona se lo alquiló como maquillaje a su ex esposa: "Hay indicios de que, de hecho, es del ex presidente Lula, que lo habría recibido, según la denuncia, como un soborno del Grupo Odebrecht", afirma la denuncia.
Aviones de combate
En este proceso es acusado de lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra por parte del Estado brasileño de aviones de combate suecos Gripen por 5.000 millones de dólares, que se concretó durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), su protegida política.
Según la investigación, Lula da Silva recibió 2,25 millones de reales a través de la empresa de su hijo Luis Claudio "para influenciar a Dilma Rousseff en la compra de cazas Gripen de la SAAB".
Los delitos fueron definidos como de una "complejidad fuera de lo común, que involucraron negociaciones multimillonarias del gobierno federal en Brasilia, (y) actos políticos de la más elevada autoridad de la República".
En esta causa, Lula da Silva también fue denunciado por supuestamente interceder en favor de automotrices en la concesión de beneficios fiscales.
Compra de silencio
Este proceso investiga la denuncia del ex senador del PT Delcidio do Amaral, que afirma que el ex mandatario participó de un plan para comprar el silencio de un ex directivo de Petrobras involucrado en el fraude de la petrolera estatal.
Junto con el prominente banquero André Esteves (ex presidente del BTG Pactual), el empresario ganadero y amigo de Lula, José Carlos Bumlai, y el propio Amaral Lula habría intentado acallar al ex director del área Internacional de Petrobras Nestor Cerveró, que se aprestaba a firmar un acuerdo con la justicia y proporcionar detalles sobre el funcionamiento del esquema de sobornos en la estatal.
Angola
En este caso es acusado de tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva junto a Marcelo Odebrecht entre 2008 y 2015.
Lula da Silva "influenció la política de financiación internacional de BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht", según la denuncia.
La contraprestación fue cuantificada en 20,6 millones de reales en la forma de una participación en los negocios a Exergia Brasil, empresa de uno de sus sobrinos.