El grupo de constructoras a las que se les adjudicó las obras de la vía M30 -Dragados, Ferrovial, Sacyr, OHL y Acciona, entre otras- exprimieron la legislación para conseguir unos sobrecostes de las obras que en algunos casos llegaron hasta el 63% del precio inicialmente presupuestado.
Este incremento en el precio de las obras supuso pasar de una cuentas de licitación de 2.508 millones a 3.702 millones de euros. Ni ACS ni Ferrovial, el consorcio de empresas que actualmente gestionan el mantenimiento de la infraestructura a través de Emesa, han querido hacer declaraciones sobre la información a este medio.
Las obras de la M-30 se encarecieron 1.632 millones en total, incluido el mantenimiento, mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007 en una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio de Madrid, según publicó en exclusiva eldiario.es.
Las empresas que llevaron a cabo la ejecución de las obras consiguieron la adjudicación concursando con unos presupuestos de licitación un 10% más baratos de los que se calcularon por parte de la Administración. Sin embargo, una vez ganada la construcción de la infraestructura, utilizaron varios mecanismos que recogía la ley de Contratos del Sector Público para incrementar el coste de la obra.
Las adjudicatarias llevaron hasta el límite el sobrecoste que les permitía la normativa, en cuatro aspectos: modificados del contrato, proyectos complementarios, liquidación tanto del proyecto original como del modificado y revisión de previos.
Si en el caso de los modificados del contrato el incremento máximo es de un 20%, la conexión entre la calle Embajadores con M-40 tuvo un modificado que supuso una subida del 19,994% o en el soterramiento entre Puente de Praga y Nudo Sur se aprobó un modificado que incrementó el presupuesto en un 19,998%. Otro tanto ocurrió con la liquidación del proyecto original, con una subida máxima del 10%, así como el proyecto complementario, con un tope de de incremento del 20%, y la liquidación del proyecto complementario, con un crecimiento máximo del 10%.
En el caso de la revisión de precios la normativa lo contemplaba como una fórmula para mantener la vigencia del equilibrio económico del contrato con dos exigencias: que el plazo de ejecución del contrato fuera superior a un año y que se hubiera ejecutados, al menos, un 20% del precio del contrato.
De esta manera, el coste de la conexión de la calle Embajadores con M-40 subió un 63%, la construcción del acceso de la M-607 se incremento en un 62% o el Bypass Sur de la calzada izquierda se encareció en un 59%, entre otros. Finalmente, la obra pasó de costar 2.508 millones a 3.700 millones de euros, a los que habría que sumar los costes de seguridad y salud que llevan la cantidad hasta los 3.702 millones.
La Comisión Europea lanzó una serie de avisos y apercibimientos para que el Gobierno español modificara la ley de Contratos del Sector Público ya que permitía que se desvirtuara el carácter competitivo de las adjudicaciones y generaba problemas de riesgo moral, debido a que mediante las modificaciones se buscaba rentabilizar un contrato por el que se había pujado excesivamente a la baja. Al considerarse contrario al Derecho de la Unión el régimen de modificación de los contratos públicos, en 2011 el Ejecutivo cambió la normativa con el desarrollo de la Ley de Economía Sostenible.
Con esta nueva normativa, la mayoría de las modificaciones de la M-30 no se podrían haber hecho. La nueva Ley no permitía "modificaciones no previstas en los documentos de licitación y sobre el carácter de alteración sustancial de aquellas que excedan en más de un 10% el precio inicial del contrato".
Comisión de investigación
El Ayuntamiento de Madrid aprobará en el Pleno de martes la comisión de investigación por las obras y el modelo de gestión de la M-30. Después de que el juzgado contencioso-administrativo número 9 de Madrid decretara la nulidad del acuerdo plenario que creó –con los votos de Ahora Madrid, Ciudadanos y el PSOE– la comisión no permanente de investigación sobre las irregularidades en el aumento de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, el Consistorio acordó fragmentar la comisión por temas para que fuera viable.
Antes de que la justicia paralizara la comisión de investigación sobre el incremento de deuda en general, que se encuentra recurrida por el Gobierno de Ahora Madrid, el Ayuntamiento fiscalizó la venta de las viviendas sociales a los fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella y concluyó que la venta fue ilegal. Tras la decisión judicial avalando la demanda del Partido Popular, el consistorio aprobó una comisión específica sobre venta de pisos sociales a fondos de inversión en el Pleno del pasado mes de enero.
La obra de la M-30 y el modelo de gestión mixta a través de Madrid Calle 30 es lo próximo que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid, aunque se desconoce cuando comenzará puesto que es una decisión debe aprobarse en Junta de Portavoces, que se encuentra a la espera de determinar el próximo 7 de marzo si la de la enajenación de viviendas sociales se repite por completo, parcialmente o se convalida la que ya se hizo.
La Cámara de Cuentas de Madrid ha advertido en varias ocasiones que el contrato de M30 es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propone incluso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra.
El Consistorio ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de cambiar el modelo de gestión que ha costado a los madrileños 554 millones de euros entre 2005 y 2015 en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. De mantenerse hasta 2040 como firmó Gallardón, podría ascender a más de 2.550 millones, según los cálculos del Gobierno municipal.
La fórmula utilizada por Gallardón -sociedad mixta- para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid. La única fuente de ingresos de Madrid Calle 30 la sociedad entre EMESA con el 20% de las acciones y el Ayuntamiento de Madrid con el 80% es el propio Consistorio que asume "en exclusiva" el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid.
Fátima Caballero / Rodrigo Ponce de León
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